Mujeres campesinas en pie: Las demandas por el medioambiente y la soberanía alimentaria

Las mujeres rurales ocupan un rol central en la lucha por los derechos. En el Día Internacional de la Lucha Campesinas, referentas latinoamericanas hablan de las demandas en 2022.

BUENOS AIRES, Argentina. Hace años, mujeres campesinas de distintos países de la región se unen para apoyarse entre ellas y darles una voz colectiva a sus reclamos. Lo hacen para exigir soberanía alimentaria, conectividad en sus comunidades, acceso al agua y a la tierra, además de apoyo a la producción. También, el justo reconocimiento al rol que ocupan: son quienes están en la primera línea en la lucha por la defensa del territorio y quienes, además de realizar las labores de producción, cuidan a las familias de sus comunidades.

Para conocer sus experiencias, en el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina, Presentes conversó con las referentas campesinas Lesbia Artola (Guatemala), Alicia Amarilla Leiva (Paraguay) y Miriam Vilcay (Argentina).

La efeméride se conmemora por el asesinato de 19 campesines del Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil en 1996, durante el gobierno de Almir Gabriel. Bajo la orden del secretario de Seguridad de Pará, Paulo Sette Câmara, una tropa sin identificación abrió fuego contra los cerca de 1.500 trabajadores rurales sin tierra que bloqueaban la autopista PA-150, en la localidad de Eldorado dos Carajás en Pará, el 17 de abril de 1996.

El resultado fueron 21 muertes campesinas -días después a la masacre fallecieron dos personas más- y 56 herides. Por el hecho fueron condenados el ex coronel de la policía militar Mario Colares Pantoja y el ex mayor José María Pereira de Oliveria a 258 y 158 años de prisión, respectivamente.

Alicia Amarilla Leiva integra la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Campesinas e Indígenas.

Guatemala: Criminalizadas por defender la tierra

Lesbia Artola tiene 42 años, es Maya Q’eqchi’ y vive en Cobán, en el departamento de Alta Verapaz de Guatemala. Se reconoce como una defensora de la tierra y el territorio y es la coordinadora regional del Comité Campesino del Altiplano (CCDA). A Presentes contó que tiene siete procesos judiciales en su contra, como otras compañeras defensoras.

“Como mujeres vivimos una situación bastante difícil. La lucha nuestra se inicia desde que nacemos en nuestros hogares, nuestras comunidades, en todos los espacios. Muchas veces decimos que pareciera que el ser mujer fuera un delito, como si levantar la voz, defender, acompañar, fuera un delito. La criminalización, el racismo y la discriminación en contra de las mujeres siempre está”, introdujo Artola.

El CCDA lleva contabilizadas 342 mujeres con orden de captura y 5 ligadas a procesos judiciales. “Se las criminaliza por la lucha en la defensa de los derechos y en la defensa de los territorios. Somos una amenaza en esta lucha y resistencia. Pareciera un peligro para los terratenientes, que nos han llamado invasoras, usurpadoras, cuando en realidad los usurpadores son ellos, que han venido del extranjero, ni siquiera son de aquí. Quieren bloquear nuestra lucha”, sostuvo.

Además de la criminalización, la vida de las defensoras del territorio muchas veces se encuentra en riesgo. Front Line Defenders contabilizó 1942 violaciones hacia los derechos humanos de defensores y activistas durante el 2021 en todo el mundo. De ellas, el sector más atacado fue medioambiente/tierra/megaproyectos/derechos de los pueblos indígenas, que significó el 14,5% del total. Le siguieron libertad de expresión (9,4%), movimiento de Derechos Humanos (9,3%), derechos de la Mujer (8,3%) y LGBTIQ+ (7,6%).

Pese al rol que ocupan las mujeres campesinas, Lesbia considera que existe una falta de reconocimiento a su lucha como defensoras. “La realidad es que nosotras somos la resistencia en sí. Para defender nuestros territorios, nuestros bienes naturales, ríos, montañas. Somos nosotras, las mujeres, las que estamos en primera línea de toda esta dificultad que vivimos con la represión en las comunidades campesinas”, dijo.

“En los desalojos, ¿quiénes están resguardando a las familias, a los hijos? Las mujeres. En la criminalización y represión contra hombres, ¿quiénes quedan a cargo de todo? Las mujeres. Hay una falta de reconocimiento para nosotras en esta lucha por la defensa de la tierra y de los bienes naturales”, concluyó.

Lesbia es la coordinadora del Comité Campesino del Altiplano CCDA.

Juntas, a pesar de las ocupaciones y la escasa conectividad

Miriam Vilcay es una de las pocas campesinas con acceso a internet en el paraje rural Socavones, al norte de la provincia de Córdoba, en Argentina. De ascendencia quilmes y comechingona, la mujer de 56 años ocupa el rol de secretaria en Mujeres Libres del Norte Cordobés (MULINEC).

“Nos fuimos contactando unas con otras. Empezamos siendo tres que vimos que estábamos luchando por las mismas cosas y nos pareció mucho mejor hacerlo juntas. Hace 15 años que estamos trabajando”, contó Miriam a Presentes. La organización nuclea a campesinas que se encuentran en un radio de 40 kilómetros de distancia. Comprende a 5 municipios y los parajes rurales para venta, sobre las rutas 9 y 16, en el norte cordobés.

Además de las labores diarias referentes a la producción, las campesinas se encargan de las tareas domésticas y el cuidado de les niñes y adultes. “En estos últimos tiempos no tenemos muchos chicos: dos, tres como mucho. Pero la mujer rural tiene que cuidar todo lo de la casa, acarrear agua, dar de comer a los animales, atender a los chicos, lavar la ropa, cocinar. En el 90 por ciento de las casas hay un adulto mayor o más que hay que cuidarlo, que es miembro de familia. Todos esos trabajos les tocan a las mujeres”, describió Miriam.

Para ella, las mujeres campesinas se encuentran “muy dejadas de lado por el Estado”. “En pandemia se profundizó esto. Hay feminicidios, muchos casos de violencia. Nos gustaría más apoyo: primero, la asistencia a las mujeres que sufren violencia y, segundo, ayuda en la cuestión productiva para que las mujeres puedan tener su independencia económica”, reclamó.

En este sentido, explicó que para ellas es “difícil” acceder a programas nacionales de fomento a la producción porque “piden muchos requisitos”, como que las mujeres tengan monotributo “el cual no pueden mantener”. Además, hay “poco acceso a los medios de comunicación, internet o señal telefónica”.

También advirtió que los reclamos en su zona son “el acceso al agua y el acceso a la venta de la producción, garantizando caminos, por ejemplo”. “No hay transporte público, hay lugares donde no hay luz eléctrica. En mi caso, hace justo un año que tengo luz eléctrica”, graficó.

Miriam nació en Córdoba capital, pero hace 22 años se fue a vivir al paraje rural, donde crió a sus hijos y donde diariamente labra la tierra junto a su marido. El lugar es un terreno de montaña, lleno de piedras, por lo que no pueden tener una gran cantidad de animales, sino solo algunas vacas, ovejas, chanchos y pollos. 

“Era árido y ahora los últimos años se ha vuelto más árido aún. Hemos tenido unos cambios bastante crueles. Teníamos un régimen de lluvias entre 900 y 1000 milímetros anuales y fue decayendo. Ahora, lamentablemente, apenas llegamos a 500. Estamos a 5 kilómetros del gran incendio que hubo el año pasado, en el Cerro Colorado”, contó sobre las dificultades ambientales que tienen un efecto en su vida diaria.

“Con el cambio climático las mujeres somos las más afectadas”

Florencia Gómez Galizzi es ex secretaria de Política Ambiental y Recursos Ambientales en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Actualmente se desempeña como directora de Relaciones Institucionales del Centro de Políticas Públicas por el Socialismo (CEPPAS).

Para ella, las iniciativas vinculadas a la conservación del ambiente tendrían que garantizar la participación de las mujeres rurales. Además, las políticas ambientales deberían dirigirse a mejorar la situación de las mujeres rurales, campesinas e indígenas. En este sentido, las inversiones que permitan el acceso al agua y den apoyo a la producción son un paso “para que el derecho a la tierra sea una realidad”. “Hoy las mujeres rurales destinan cerca de seis horas diarias para acarrear agua”, graficó.

A partir de esta línea de pensamiento, antes de dejar el Ministerio de Ambiente, Florencia impulsó el Programa de Conservación Inclusiva que espera que lo doten de presupuesto. A través de él se reconoce que “las áreas con mejor conservación de los ecosistemas son las áreas donde están viviendo hoy los pueblos indígenas y campesinos”, observó Gómez Galizzi. Por eso, el programa considera que estos sectores deben “convertirse en socios privilegiados para el desarrollo de modelos de uso sostenible y conservación de la biodiversidad”.

“Con el cambio climático las mujeres somos las más afectadas. Si no hay producción suficiente, prácticamente las mujeres no tenemos ingresos”, dijo, por su parte, Alicia Amarilla Leiva, una campesina de 41 años que se identifica como guaraní y vive en el departamento de Caaguazú, en Paraguay.

“Nuestra economía está en esa transformación de productos para la feria, ya sea con la harina de maíz o el queso. Ese ingreso es para nosotras: para comprar lo que necesitamos, para nuestros pasajes, hacer cursos, para no depender del hombre. Nuestro insumo para la artesanía está en riesgo. Con el avance del agronegocio están arrasando y terminando con las especies que sirven para las artesanías. Y la economía de las mujeres indígenas es la artesanía”, amplió.

Soberanía alimentaria

Alicia integra la coordinación de Conamuri (Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Campesinas e Indígenas), donde está hace casi 20 años. La describe como “una herramienta fundamental en defensa de nuestros derechos y la lucha por erradicar el machismo profundo que tenemos en nuestra casa, en nuestras comunidades, en la sociedad y la lucha contra el patriarcado”. Está presente en 11 departamentos de los 17 que tiene Paraguay.

Para las integrantes de Conamuri la principal bandera es la soberanía alimentaria. “Siempre decimos que con la soberanía alimentaria somos pueblo soberano. Cuando hablamos de soberanía alimentaria hablamos de nuestro territorio: tenemos que tener territorio, tenemos que producir de acuerdo a nuestra cultura y tenemos que alimentarnos de acuerdo a nuestra cultura también. Tener soberanía significa decidir lo que queremos comer”, explicó Alicia.

“Empezamos la lucha contra el agronegocio, contra los agrotóxicos con grandes campañas acá en Paraguay porque es lo que más nos afecta con el avance del monocultivo”, dijo, y agregó: “Es una lucha donde enfrentamos con la producción agroecológica a la producción del sistema capitalista. Con el tema de rescatar semillas, de valorar, de entender que es una guerra: están patentando y privatizando nuestras semillas”.

En la vía campesina, las mujeres apuntan al desarrollo de un “feminismo campesino y popular”. “Para nosotras lo que hacemos, nuestros saberes, nuestro conocimiento (la medicina natural, por ejemplo), son nuestros poderes que tenemos que politizar”, explicó la coordinadora de Conamuri.

“Según la historia de la agricultura fuimos nosotras, las mujeres, las que descubrimos la agricultura. ¿En qué momento de la historia nos sacaron de ese proceso y se masculinizó? No se visibiliza el trabajo de las mujeres, no se tiene en cuenta”, concluyó.

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