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Mujer trans fue abusada en una comisaría de Ciudad de Buenos Aires en una revuelta
En medio una protesta en una comisaría, un grupo de detenidos abusaron sexualmente de una mujer trans, que debía haber sido trasladada a la alcaidía de mujeres.
BUENOS AIRES, Argentina. La madrugada del 24 de marzo en medio de una protesta dentro de la comisaría 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un grupo de hombres que estaban detenidos abusaron sexualmente de una mujer trans, que debía haber sido trasladada a la alcaidía de mujeres.
El reclamo realizado por 22 detenidos había comenzado el día anterior y duró todo el jueves. Pero en la noche se tornó más violento. Exigían mejores condiciones en su detención: había sólo 11 colchones, el lugar no tenía agua y los baños estaban destruidos.
A ese escenario la policía agregó a una detenida: K, una mujer trans que vive en la Argentina desde hace siete años, oriunda de Ecuador. La habían detenido por una supuesta contravención y, según contaron las fuentes a este medio, la trasladaron a la comisaría cuando el conflicto había escalado. En ningún momento los policías que la detuvieron mencionaron la posibilidad de llevarla a la alcaidía de mujeres.
“Llegué y todas las celdas estaban llenas”, recuerda K en diálogo con Presentes. “A mí me pusieron con dos chicos gays, y los otros estaban todos amontonados en las celdas. No había comida, agua, no había baños. Venían de hacer quilombo todo el día”.
La mujer relata que alrededor de las ocho de la noche el clima se puso aún más violento. Alrededor de las 22, los policías apagaron todas las luces y los presos comenzaron a romper todo. Fue allí cuando, entre otras cosas, gritaron que iban a abusar de K.
“Los tipos rompieron los candados y salieron. Yo no me moví de mi celda, era la única trava en esa comisaría. Ellos entraron, me pegaron y amenazaron con cuchillos”, detalla K. Cuando la situación pudo ser más o menos controlada por la policía, la mujer avisó que había sido violada y entonces la trasladaron a un hospital de donde luego, salió en libertad.
“Los presos no querían hacer ningún trato con la policía. En realidad, pedían derechos. Pedían comida, pedían agua, pedían comunicarse. Cuando los policías comenzaron a pasarle todo eso, solos volvieron a sus celdas”, dice K. En las últimas semanas, la acompañaron las organizaciones Otrans y Abrigar Derechos.
“Es común que a las trans nos abusen en cárceles y comisarías”
La zona de la comisaría es conocida por K. Es trabajadora sexual en los alrededores y nunca había vivido una experiencia similar. “La policía jode, nos molesta toda la noche y no te dejan trabajar. Pero hay que salir porque entonces, de qué vivo. La única forma de vivir es trabajar en la calle, ganarme el pan”.
“Ahora estoy recuperándome. Es un horror lo que me pasó y sé que tengo que salir adelante, no me queda otra. Pero es común que a nosotras las mujeres trans nos abusen en las cárceles y en las comisarías”, dijo K a Presentes.
La Ciudad de Buenos Aires tiene que dar explicaciones
Marcela Tobaldi es fundadora de la Asociación Civil La Rosa Naranja e integra el Frente Orgullo y Lucha. Al enterarse de de lo sucedido con K se contactó con diferentes organismos.
“No se respetó su identidad de género”, dice a Presentes. “Es un desastre. Ya sabemos lo que hay en el sistema penitenciario, no podemos hacernos las tontas. Esto parece que va a seguir sucediendo. Las organizaciones que trabajan a favor de las organizaciones travestis trans que están presas hacen informes. Hay informes hermosos por ahí, pero no tenemos respuestas por ahí. La Ciudad de Buenos Aires tiene que dar explicaciones de estas cuestiones”.
Tobaldi destaca: “Por más que nosotras pongamos muchísima voluntad y que somos militantes y que somos travestis, somos trans… Pero seguimos viviendo estas cosas. Hace poco tiempo fue el Día de la Visibilidad Trans y mirá de lo que estamos hablando. Y hace poco un grupo de personas trans-excluyentes (TERF) pusieron un amparo contra el Censo 2022 para preguntarles a los organizadores por qué habían incluido la identidad de género. Es terrible, ni siquiera quieren registrarnos”, lamenta Marcela.
Pico de detenciones en Ciudad de Buenos Aires
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, Macarena Fernández Hofmann (investigadora del equipo Política criminal y violencia en el encierro) dice que el caso que denunciaban los detenidos en la Comisaría 3 no es el único ni es nuevo. “En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy el número de personas detenidas en alcaidías y comisarías es altísimo y llegó a su pico máximo: 811 personas”.
Ese número desmedido de casos tiene como uno de los supuestos motivos la reducción de ingresos en las cárceles federales. Pero también existe un aumento de detenciones y la excesiva penalización.
“Y es la Ciudad la que tiene el problema más grande. Las personas detenidas en comisarías pasan mucho tiempo en espacios inhumanos. Espacios que están pensados para unas horas de detención. A raíz de este colapso, hace algunos años se crearon las alcaidías que hoy tampoco dan abasto”, afirma Fernández Hoffmann. “Esto para empezar a hablar del tema. A partir de ahí comienzan las situaciones de violencia a un colectivo que está sistemáticamente criminalizado como las travestis y las trans y que deben enfrentarse diariamente a violencias de este tipo.”
La ley de identidad de género no se cumple
Además del abuso que sufrió en la comisaría, K también fue víctima del abuso policial en el momento de su detención. No se respetó su identidad de género, protegida por la ley que este año cumple 10 años de vigencia.
“Por un lado está el incumplimiento a la ley de identidad de género, así como también la ausencia de medidas de protección de integridad física para personas trans y travestis que eviten situaciones de abusos y violencias”, explica a Presentes, Josefina Alfonsín integrante del Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de Argentina.
Alfonsín destaca que debería garantizarse el derecho a la consulta sobre el espacio de alojamiento, de acuerdo a lo que piden los Principios de Yogyakarta, una serie de principios sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Pero ninguna institución del sistema penal garantiza esta instancia de consulta, explica.
“En otro orden, entendemos que el hacinamiento y la sobrepoblación en comisarías debe ser cuestionado en términos de política criminal, teniendo en cuenta las disposiciones judiciales de aplicación excesiva y automática de la prisión preventiva. Y más en los casos de encarcelamiento de personas travesti trans por delitos vinculados a la ley de estupefacientes. Tal como hemos señalado en distintas oportunidades, sufren de manera desproporcionada la aplicación de la prisión preventiva con porcentajes mayores a los que se presentan en personas cis, ya sea varones o mujeres”, dice Alfonsín.
Este último es el caso de K cuya detención no tuvo demasiados fundamentos para su concreción.
La cárcel, último eslabón del circuito de violencias
Desde el Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria afirman que a lo largo de años de trabajo detectaron que persisten graves violaciones a los derechos humanos de las personas travestis y trans.
“Es importante destacar que la cárcel dentro de las trayectorias de vida de la gran mayoría de las personas travesti trans se presenta como el último eslabón del circuito de desplazamientos, segregaciones y violencias estatales estructurales que afecta a este colectivo. Hay una falta de cumplimiento de la ley de identidad de género, un acceso limitado la salud integral con perspectiva de diversidad sexual, existen hechos de violencia institucional y discriminación estructural por motivos de identidad de género, entre otros”.
A pesar de que el contexto legislativo mejoró, se observan muchos incumplimientos. “El abordaje de políticas penitenciarias respetuosas de la diversidad y las disidencias requiere un cambio más profundo dentro de las instituciones, el cual debería contemplar una ruptura del paradigma cisnormativo en todos los órdenes institucionales”, expresa Josefina Alfonsín.
“En nuestro país, los sistemas penitenciarios son muy variados. En el caso particular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en los últimos años, se han adoptado una serie de medidas y disposiciones respecto al tratamiento de personas travesti trans. Pero aún no existe una política de géneros y diversidad sexual transversal a toda la institución penal”.
A pesar de las limitaciones, en los últimos diez años, evalúa Alfonsín, el SPF avanzó en buenas prácticas. “Un ejemplo de ello es que identidades travestis y trans puedan ser alojadas en cárceles originalmente diseñadas para mujeres cis, como es el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza”, ejemplifica.
Desde 2016, según aporta Alfonsín, el SFP cuenta con un programa específico de abordaje de tratamiento para personas trans. “La creación de este programa resulta una buena práctica institucional, aunque seguimos advirtiendo una serie de limitaciones en su efectivo cumplimiento”
Resta saber si el personal policial que trasladó a K a una celda donde fue abusada está siendo investigado, cómo sigue y cuál es la cadena de responsabilidades que le competen a esta violencia hacia una persona trans en la Ciudad de Buenos Aires.
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