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Río Negro: La policía intentó desalojar por la fuerza a dos mujeres mapuche del lof Carrilafquen
María Antual fue llevada a la comisaría y no la dejan volver a su territorio, donde quedó su hermana herida. Esperan una audiencia.
El 1 de abril por la mañana, más de 30 efectivos policiales, incluyendo Policía Montada y Rural, ingresaron por la fuerza al Lof Carrilafquen (comunidad mapuche), al sur de la provincia de Río Negro. El operativo lo acompañaron los fiscales Martín Lozada y Gerardo Miranda para desalojar a María Antual. María es una mujer mapuche nacida y criada en el territorio conocido como Laguna Verde a 15 km de la ciudad de Jacobacci. Junto a su hermana Natividad, en mayo de 2021decidieron ejercer su derecho y realizaron una reafirmación territorial en la única parte del campo donde aún tienen agua para los animales y acceso al camino vecinal. Lo hicieron luego de años de esperar el reconocimiento efectivo de sus espacios territoriales y viendo que éstos se pasaban de mano en mano entre el Estado y los empresarios terratenientes,
El primero de abril se buscó efectivizar de manera sorpresiva una orden de desalojo dictada en noviembre de 2021. Desde esa fecha, las mujeres denunciasn que el juez penal de Bariloche Juan Pablo Laurence las mantuvo aisladas por retenes policiales que impedían el ingreso o egreso del lugar.
“Nos rompieron la tranquera, ingresaron a la rukita (vivienda), nosotras habíamos puesto candado por dentro porque sabíamos que intentarían entrar violentamente. En un momento un policía le pega una patada desde afuera y le pega en la pierna [a Natividad] que tiene operada y la jefa forcejeando la puerta le agarra la mano contra la chapa y la lastima. Los fiscales estaban ahí mirando todo. Justo en ese momento me llama Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Rio Negro, que estaba viniendo. Se acerca el fiscal Martín Lozada y habla conmigo y con Carriqueo al mismo tiempo por altavoz. El fiscal entonces le dice “bueno, me llevo a una para que tenga la audiencia con el defensor y luego la traigo y llevo a la otra”.
La audiencia pautada para las 14 del 1 de abril día nunca se llevó a cabo. Se suspendió ese mediodía, según notificaron al abogado Marcos Cicciarello, quien no se encontraba en el lugar por estar comprometido a otras audiencias. María y su hermana no contaron con el derecho al asesoramiento de su defensor. El desalojo está suspendido de momento, pero María está impedida de volver a su casa.
Violencia policial y judicial
El viernes 1 de abril, a María la llevaron a la comisaría de Jacobacci, donde esperó la llegada del fiscal Lozada, de Orlando Carriqueo y Newen Loncoman, presidente del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CODECI). Allí intentaron llegar a un acuerdo para frenar la escalada de violencia que estaban viviendo, según dijeron desde CODECI.
«El fiscal jefe Martín Lozada pretende ejecutar de manera sorpresiva una orden de desalojo dictada por el juez penal de Bariloche Juan Pablo Laurence, confirmada por el juez Marcelo Álvarez Melinger, sin atender a los planteos de la defensa, que reclamó la aplicación del Derecho Indígena, señalando que se trataba de tierras de uso comunitario y desconociendo el efecto que la ley le otorga a los recursos que esa parte interpuso. Esta arbitrariedad además fue confirmada por los jueces del Tribunal de Impugnación Carlos Mohamed Mussi, Rita Custet Llambí y Adrián Zimmermann, y los miembros del Superior Tribunal de Justicia, donde actualmente tramita un Recurso Extraordinario Federal para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También el CELS ingresó un amicus, que el Tribunal de Impugnación rechazó”, dijo el abogado Cicciarello.
“El juez Laurence dió la sentencia pero nunca nos escuchó a nosotras. Cada vez que le pedíamos la palabra, se cortaba la comunicación y quedamos hablando solas. Cada vez que el defensor decía que íbamos a hablar, se cortaba internet. Siete audiencias. Solo en una pude hablar, pero con el defensor de la parte querellante”, contó María a Presentes.
Los intereses empresariales
El empresario comercial y ganadero Edgardo Adem es quien se adjudica esas tierras y denuncia a María de “usurpadora”. «Ese lugar nos pertenece, porque es donde vivieron nuestros abuelos y nuestros padres y donde nos criamos de chiquitas” dice María.
En el año 2000, con la firma del entonces gobernador de la provincia de Río Negro, el Estado vendió a a Adem esas tierras por el precio de $9.344,90 por 9.787 hectáreas, según la escritura presentada en esta causa y a la que pudo acceder Presentes.
El desalojo quedó suspendido momentáneamente, gracias a la intervención del Parlamento Mapuche Tehuelche y el Codeci. Las organizaciones se comunicaron con la ministra del área de Mujeres, Género y Diversidad de Nación, Elizabeth Gomez Alcorta; con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; con el INAI y los abogados respectivos, para la conformación de una mesa de negociación que se espera definir esta semana.
Mientras tanto, María Antual quedó impedida de volver al territorio y su hermana Natividad quedó sola allí. “Mi hermana está con un pico de presión, sola en la rukita. Tiene un golpe en su pierna, tiene la mano cortada e hinchada y es hipertensa. Está sola, con cuatro patrulleros, rodeada de policías”.
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