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Guatemala: El Congreso archiva la ley que elevaba las penas por abortos y prohibía el matrimonio igualitario
La derogación del decreto fue celebrada por las organizaciones que están alertas ante nuevas vulneraciones.
CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala. El 15 de marzo el Congreso conoció el acuerdo legislativo 6-2022 que archivó permanentemente el decreto 18-2022, “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” con 119 diputados a favor, 15 en contra y 26 votos ausentes.
Este decreto aumentaba las penas de cárcel para las mujeres que abortan aún de manera espontánea, penalizaba al personal sanitario que auxiliara en estos casos. También incitaba al odio hacia la diversidad sexual, al prohibir que se pudiera perseguir penalmente a quienes agredieran física, verbal y psicológicamente a las personas LGBTIQ+. Adicional a la prohibición de informar sobre diversidad sexual en el sistema educativo.
Una vulneración sistemática y oficial
El decreto 18-2022 es parte de la violencia sistemática que viven las mujeres y la diversidad sexual sistemáticamente. El Observatorio Nacional por los Derechos Humanos LGBTIQ+, que hizo un ejercicio de memoria histórica sobre la violación de derechos humanos del Estado de Guatemala reconstruye:
En el 2005, se empezó a fraguar una propuesta llamada “Iniciativa de Ley de Protección Integral del Matrimonio y la Familia”. Fue presentada en el Congreso en el año 2007 y es muy similar a la que se archivó recientemente. El entonces vicepresidente del Congreso, Oliverio García Rodas dijo que fue una iniciativa ante la preocupación de la publicidad a la “celebración de matrimonios homosexuales”.
Human Rights Watch instó a los legisladores a rechazar el proyecto de ley que excluye tanto a las madres/padres solteros como a las parejas del mismo sexo de la definición de “familia” y pone en riesgo el estatus legal de los niños concebidos mediante tecnologías para la reproducción.
Mientras que, en 2013, el presidente que está actualmente encarcelado por corrupción, Otto Pérez Molina, dijo ante la 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que “Guatemala es un país conservador y por lo tanto nunca se aprobará el aborto y el matrimonio igualitario”.
En el Consenso de Montevideo, el Estado presentó sus reservas diciendo que no interpretaría de manera incluyente la orientación sexual y la identidad de género.
Un ataque contra los derechos
En 2017, el diputado conservador Aníbal Rojas presentó la iniciativa de ley 5272 (Decreto archivado 18-2022) junto a la bancada oficialista, apoyado por grupos evangélicos y la iglesia católica.
Esos grupos se manifestaron en contra del Ministerio Público (2017) por haber colocado la bandera del arcoíris adentro de sus instalaciones. “Vemos con preocupación la actitud del Ministerio Público al reconocer y promover derechos no existentes en nuestra legislación, de grupos minoritarios que contravienen costumbres, principios y prácticas que atentan a la moral de la gran mayoría de la población guatemalteca”, dijeron.
La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso emitió dictamen desfavorable a la iniciativa 5278 que proponía reformar el artículo 202 bis del Código Penal. Agrega como una causal de discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Durante 2019 se presenta el foro presidencial #YoSoySamuel organizado por la Federación Evangélica donde estuvieron como panelistas los principales candidatos presidenciales para rechazar el aborto y el matrimonio igualitario.
En tanto, en el 2020 llega al país la activista brasileña pro vida Sara Winter para dar una serie de talleres en el Congreso de la República en contra de la población LGBTIQ+. Meses después, en marzo del 2021 es invitado de honor de parte del Congreso el conferencista argentino Agustín Laje para hablar sobre la “Agenda global pro aborto y la ideología de género”.
En febrero de este año el Congreso de la República declara el 9 de marzo (cumpleaños del actual presidente) como el “Día por la vida y la familia”. Y el presidente Alejandro Giamattei declara a Guatemala como “Capital iberoamericana por la vida y la familia”.
La Asociación Psiquiátrica de Guatemala y la Asociación Guatemalteca de Psicología se pronunciaron ante el intento de promulgar leyes como el decreto 18-2022. «En dicha declaración afirman las refutaciones jurídicas inconstitucionales de las que padece y la clara promoción de estigma, falsos estereotipos y prejuicios, que no permiten avanzar hacia una adecuada integración en la sociedad, limitando el derecho a la educación y el desarrollo que todos anhelamos», indica.
Para el diputado Aldo Dávila habría que analizar si este intento de decreto es una cortina de humo. Mientras se discutía su derogación, el Congreso aprobó un presupuesto de 3.1 millardos de quetzales para una ampliación presupuestaria destinada al Ministerio de Comunicaciones (CIV), que generó dudas por la falta de transparencia en el uso de recursos. Afirma que ese presupuesto podría utilizarse para financiar campañas políticas para el pacto oficialista y sus aliados corruptos.
En estado de alerta
La abogada y activista por los derechos humanos de la población LGBTIQ+ Marisa Batres dijo a este medio que la lucha continúa en Guatemala. Que se cuenta con un respiro al ser derogado el decreto 18-2022, sin embargo, aún está en pie la iniciativa 5940. Esa propuesta cuenta con dictamen favorable por parte de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso de la República.
“Esta iniciativa, además, se atreve a censurar en todos los espacios posibles el tema de la diversidad dándole un tinte patologizante, e incluso, confundiendo nuevamente a la población en general y a las niñas, niños y juventudes en particular, violentando derechos de información, de educación y de expresión. Así como ya se ha votado una iniciativa contraria a los derechos de población LGBTI, lo coherente sería que esta otra iniciativa no avance más, ya mucha tela tiene que cortar el Congreso en materia de discriminación.”
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