CORDOBA, Argentina. Natalia Gaitán tenía 27 años y en el barrio Parque Liceo segunda sección la conocían como Pepa. Su madre, Graciela Vázquez de Gaitán, conducía la asociación Lucía Pía, donde despuntaban el hábito de la solidaridad hacia los necesitados de esa zona de la periferia norte de Córdoba.

Por ejemplo, hacia el matrimonio de Daniel Torres y Silvia Suárez, a quienes les dieron trabajo en el comedor comunitario y en la guardería de la ONG. De una pareja anterior, Silvia tenía una hija de 16 años, que entablaría una relación de amor con Pepa.

Cuando la chica sinceró el vínculo en su casa, para su madre y su padrastro fue como una declaración de guerra. La adolescente tuvo que abandonar el hogar y acudió a una tía que le brindó alojamiento desde julio de 2009 hasta enero de 2010, cuando decidió defender su elección e irse a vivir con Pepa, al pequeño departamento que su padre alcanzó a construirle antes de morir, en la misma sede de Lucía Pía.

La tarde del dolor

Todo comenzó ahí, la tarde del sábado 6 de marzo de 2010, cuando mates de por medio la pareja le contaba sus penurias a su amiga Gabriela Cepeda. Indignada, Gabriela decidió intempestivamente terciar en el conflicto y partió hacia la casa familiar de la adolescente, a sólo tres cuadras de distancia.

Al llegar, encontró al matrimonio tomando mate en la vereda con sus dos hijos menores. Gabriela se trenzó en una discusión con Silvia, la disputa fue subiendo de tono y hasta hubo “un par de manotazos”. Mientras tanto, en la sede de la asociación civil, Pepa y su novia comenzaban a preocuparse.

Según consta en el expediente judicial, eran casi las 19.30 cuando Pepa acudió sola a ver qué pasaba y al presenciar la pelea quiso retirar a su amiga. Pero se produjo una nueva escaramuza, esta vez entre Silvia y Pepa y con Gabriela intentando separarlas. En ese momento, Torres –quien no había participado de la discusión ni los forcejeos– entró a la casa y salió con una escopeta calibre 16, caminó hacia donde estaba Pepa, “sin mediar palabras le apuntó” … y disparó a quemarropa.

La perdigonada dio de lleno en el hombro derecho de la joven, que alcanzó a caminar unos pasos antes de perder el conocimiento y quedar tirada en el lugar durante más de una hora. Su madre tuvo tiempo de llegar y abrazarla, hasta que por fin la ambulancia se animó a entrar al barrio.

Los médicos del Hospital de Urgencias no pudieron frenar la hemorragia, provocada por la “lesión de la arteria y vena subclavias derechas”, y Natalia murió a las 2 de la mañana del domingo 7 de marzo de 2010. Su victimario había intentado esconder el arma y huir, pero se terminó entregando a la policía.

De entrada, ante los primeros periodistas que se interesaron en el caso, Graciela Vázquez definió el crimen de su hija: “La mataron como a un perro. La fusilaron por lesbiana”.

Desde microviolencias hasta la muerte

De entrada, supo también quién iba a acompañar su búsqueda de justicia. Al día siguiente, un grupo de militantes de Encuentro por la Diversidad acudió al velorio de Natalia, entre ellos, la joven abogada Natalia Milisenda.

“Yo no busqué el caso, pero ahí Graciela me agarró y me dijo: ‘Vení… Quiero que conozcas a Nati, para que sepas a quién vas a defender’. Me llevó y me hizo ver la foto de Nati que tenía sobre el cajón. Fue muy fuerte. Para mí, es un orgullo y un gran desafío”, relataba Milisenda, quien representó a la madre de la víctima.

“Nati no es la primera chica que muere por ser lesbiana. Estos crímenes pasan cotidianamente y van desde microviolencias hasta la muerte –explicaba la letrada–. No sólo las lesbianas, también los gays; y las personas travestis y transexuales son las que más sufren esta violencia. Pero el caso de Nati se diferencia de otros en que la familia no oculta la razón del crimen. Es la misma familia la que sale a decir que fue su orientación sexual. Por vergüenza y por prejuicio, muchos de estos crímenes quedan como un crimen más, y no lo son. Acá es gracias a la familia de Nati que esto se puede ver como se está viendo”.

“Por mi hija, voten esta ley”

El 24 de junio de 2010, la manifestación en apoyo a la Ley del matrimonio igualitario transcurría en Córdoba en un clima festivo. Salvo en un momento del acto en que la multitud se sumió durante varios minutos en un profundo silencio que se quebró con una ovación.

Durante ese lapso, desde el palco, Graciela Vázquez decía –más bien clamaba desde sus entrañas– palabras como estas: “Yo a mi hija la entendí y cada día la entiendo más. (…) Hoy vivo el sufrimiento de que me la mataron como un perro, porque el padrastro de la pareja de mi hija no la aceptaba. Se dio el gusto de matar una lesbiana, pero no se va a dar el gusto de salir porque merece castigo (…) Señores senadores, en nombre de mi hija les pido la mejor justicia que me van a hacer: quiero que (voten esa ley y) todos los que están acá, los palomos y las palomas, vuelen de una vez por todas. Muchas gracias”.

Así se enteraron, muchos de quienes llenaban la Plaza de la Intendencia, de un caso que se transformaría en bandera contra la discriminación y la violencia lesbofóbica. Por esos días, la Multisectorial Justicia por Natalia Gaitán participaba de la sentada frente al Arzobispado de Córdoba y la avenida General Paz fue rebautizada con el nombre de la joven.

Fusilada por lesbiana

Los colectivos de la diversidad sexual también cuestionaban a los medios de comunicación que “invisibiliza(ba)n que Natalia era lesbiana y así legitima(ba)n los crímenes de odio”.

Frente a esa mirada hegemónica, la frase “fusilada por lesbiana” se instaló desde el primer día como consigna de lucha del movimiento LGBTQI+.

En Mujeres a bordo, blog de la Red informativa de Mujeres de Argentina, podía leerse: “Ni la prohibición, ni los tabúes pudieron con el deseo de Natalia. Con su deseo que desobedeció el mandato heterosexual. Con su cuerpo que ni la injuria ni la discriminación cotidiana pudieron controlar. Con su vida erótico-afectiva que los procedimientos sutiles y silenciosos de las instituciones no pudieron rectificar. Por lesbiana. Natalia Gaitán, pobre, de 27 años, residente en la ciudad de Córdoba, recibió un balazo de la fálica escopeta del padrastro de su novia el sábado 6 de marzo. Fusilada. Fusilado el cuerpo, fusilado el deseo, fusilado el impulso vital. Fusilada por lesbiana”.

Pero la búsqueda de culpables no se limitaba al autor material del crimen y se dirigía también hacia la institución que consideraban inspiradora: “La Iglesia apunta, la lesbofobia dispara”.

Así crecía el reclamo de justicia, acompañado por numerosas organizaciones representativas de las minorías sexuales, feministas, de derechos humanos, legisladoras –como Cecilia Merchán, Carmen Nebreda, Silvia Storni y Liliana Olivero– y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El juicio de la discriminación

El 26 de julio de 2011, comenzó en la Cámara 7ª del Crimen de Córdoba el juicio penal contra Daniel Esteban Torres, de 40 años, acusado de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

Los jueces Víctor Vélez, Ricardo Iriarte y Carlos Ruiz presidieron el debate, en el que declararon una decena de testigos.

En vísperas de la primera audiencia, la madre de la víctima manifestaba: “¿Qué expectativas puedo tener? ¿Qué sentido tiene este juicio? Me pregunto si los que van a juzgar han sufrido alguna vez el dolor que yo tengo. No hay reparación posible, pero igual tengo que buscar justicia. Porque no fue un drama pasional; fue un drama de género. Porque el caso de Natalia fue un detonante mundial. Porque éste es el juicio de la discriminación”.

La Ley Antidiscriminatoria 23592 sólo consideraba agravante de cualquier delito su motivación “por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad”, sin incluir la identidad de género de la víctima. Desde hace muchos años, la Federación Argentina LGBT y otros colectivos de la diversidad sexual reclaman esta inclusión. Actualmente se está trabajando en una modificación de esa ley.

Sin embargo, para Milisenda, el acusado no debía estar solo en el banquillo de los acusados: “La orientación sexual de Nati fue la causa del crimen y queremos visibilizar eso. Es un caso importante y una oportunidad de sensibilizar a la sociedad de que hay todo un sistema social que a Torres le hizo más fácil dispararle a Nati”.

En términos similares, su madre arrojaba otra pregunta: “¿Quién mató a Natalia Gaitán? La sociedad. Él (Torres) es un tipo discriminatorio, que no acepta gays, ni lesbianas, ni travestis, porque les tiene odio, y mis hijos han sido testigos de que a su hermana ya la quería matar. Pero yo quiero que se aplique la ley para que no haya más Natalias Gaitán asesinadas. Vale la pena, porque esto es una pulseada de todos y todas, y de a poco la vamos a ir ganando”.

El 9 de agosto de 2011, Daniel Torres fue condenado a 14 años de prisión por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Natalia Pepa Gaitán. En los fundamentos, el Tribunal la describió como “una joven de 27 años que cargaba con el peso de la discriminación que debía soportar por su condición sexual y que bregaba por sus derechos”.

No obstante, los jueces señalaron que “no se presentaron como evidentes, durante el transcurso del debate, elementos de convicción reveladores de una situación lesbofóbica (…) que permita afirmar que hay relación de causa a efecto entre el crimen y la sexualidad de la víctima”.

En su nombre

Pero ya Pepa Gaitán se convertía en símbolo. El 17 de febrero de ese año, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó la Ordenanza Nª 11.906 que declaraba el 7 de marzo –fecha de su asesinato– como Día Municipal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.

La iniciativa, propuesta por la organización Devenir Diverse, tuvo el objetivo de “generar una política preventiva desde el Estado municipal respecto de los actos de violencia y discriminación hacia el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y trans”.

Desde entonces, los colectivos de la diversidad sexual conmemoran esa fecha en Córdoba y en el país como Día de la Visibilidad Lésbica.

En 2020, al cumplirse el décimo aniversario del crimen, el cuerpo legislativo cordobés aprobó el proyecto de la concejala Soledad Ferraro para reconocer al 7 de marzo como Día Municipal de la visibilidad lésbica.

Graciela Vázquez de Gaitán falleció el 10 de abril de 2018.

Daniel Torres recuperó la libertad en marzo de 2019.

Yamila Gaitán, hermana menor de Pepa, continúa con la asociación Lucía Pía.

* La versión original de la crónica El día que la lesbofobia fue un arma asesina fue publicada en la revista El Sur, N° 66, julio de 2011, e integra una antología de historias de vidas en conflicto que se publicará el mes próximo.