Tras más de 40 años de espera por una reparación, el Tribunal de Mayor Riesgo A de Guatemala condenó a cinco ex miembros de las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) que durante la guerra civil de Guatemala sometieron a violencia sexual y esclavitud a al menos 36 mujeres de la etnia maya achí.

“Ellas siempre tuvieron su verdad. La defendieron, y ahora esta sentencia es bastante importante no solo para ellas, sino también para sus familias y sus comunidades. Ahora saben que se les creyó. Es una sentencia que reconoce el dolor de las mujeres y su verdad”, dice a Presentes Haydée Valey, abogada maya achí y una de las representantes, junto a Lucía Xiloj y Gloria Reyes Xitumul de las mujeres achí.

Las condenas

Los condenados en la sentencia histórica del último lunes 24 de enero fueron Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxun Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado, por “deberes de lesa humanidad” a 30 años de prisión.

Además, Gabriel Cuxum Alvarado recibió una condena más extensa, de 40 años, por deberes de lesa humanidad, supresión y alteración del Estado Civil, y uso público de nombre supuesto.

Durante el juicio dieron testimonio 5 mujeres achí que fueron las que reconocieron a los cinco autores materiales de los hechos.

“Es necesario que el Ministerio Público tome la decisión de avanzar en la cadena de mando porque esto implica una responsabilidad más grande. Entonces ahí podríamos discutir los casos de las 36 sobrevivientes”, subraya la abogada.

Haydeé es de Baja Verapaz -departamento donde ocurrieron los hechos-, además de ser integrante de Impunity Watch en Guatemala, donde trabaja en el programa de participación de víctimas, y desde donde acompañó a las mujeres achí en su recorrido. Presentes conversó con ella para conocer esta historia.

Un contexto de violencia

Cuando sucedieron los hechos denunciados por las mujeres indígenas, Guatemala atravesaba un conflicto armado interno entre las fuerzas gubernamentales y distintos grupos guerrilleros -encabezados luego de su conformación por la Unidad Nacional Revolucionaria de Guatemala (UNRG)- que se extendió durante 36 años.

Tuvo inicio en 1960 y finalizó en 1996, a partir de la firma del Acuerdo de la Paz Firme y Duradera.

Las 36 mujeres que denunciaron violaciones y esclavitud sufridas entre 1981 y 1985 por antiguos miembros de las PAC vivían en ese entonces en el municipio de Rabinal del departamento de Baja Verapaz, en Guatemala.

“Ha sido una situación compleja por los antecedentes históricos que hicieron que la violencia en Rabinal fuera mucho más dura. En esa área tenemos antecedentes de imposición de hidroeléctricas. El caso más grave es el de la hidroeléctrica Chixoy”, introduce Valey.

Y sobre esto, amplía: “En 1980 había una disputa entre las comunidades del pueblo de Río Negro. Estaban en desacuerdo con la forma en la que los estaban desalojando porque los acuerdos con el gobierno no estaban considerando la situación de ellos en cuanto al acceso a la tierra”.

“Esta situación de rebeldía de la comunidad de Río Negro se vio como una manipulación del pensamiento por parte de grupos guerrilleros”, cuenta. Se inició entonces una “persecución sistemática” hacia las distintas comunidades indígenas y, así, a principios de la década de 1980 “comienza a implementarse la política de tierra arrasada”.

El rol del Estado

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, creada “para esclarecer las violaciones de los derechos humanos” relacionadas con el conflicto armado, en las cuatro regiones más afectadas por la violencia, “agentes del Estado cometieron actos de genocidio contra grupos del pueblo maya”.

En el informe “Guatemala: Memoria del Silencio”, la Comisión detalló que el número total de muertes escaló a 200 mil, de las cuales el 83% eran personas mayas y el 17, ladinos.

Al mismo tiempo, las “fuerzas estatales y grupos paramilitares afines fueron responsables del 93% de las violaciones documentadas”. Mientras que “las acciones insurgentes produjeron el 3% de las violaciones de derechos humanos y actos de violencia”.

“Una vez que desaparecían a sus esposos, padres o madres, las mujeres se quedaban sin nada. Después venía la quema de viviendas, el robo de animales, el saqueo de las pocas cosas de valor que había en las casas. Fue una persecución sistemática en contra de ellas. En ese marco es que se dan las violaciones a los derechos humanos”, describe Haydeé, en base a las declaraciones realizadas por las sobrevivientes durante el juicio.

Y destaca: “sabemos que la violencia sexual es constitutiva de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y una forma de genocidio”.

El delito postergado

Las primeras denuncias de las mujeres achí se realizaron en el 2011. Pasaron 11 años para que finalmente fueran juzgados los responsables materiales de los actos que vivieron.

Sobre aquel primer momento, Haydeé considera que fue “la parte más difícil de estos procesos porque las mujeres siempre anteponían lo que les sucedía a los demás: las muertes de familiares, de parejas, los cementerios clandestinos», detalla.

«Era una constante sentir que lo que les había pasado a ellas no era tan importante como lo que les había pasado a los demás, que fueron asesinados”.

El proceso judicial también fue un desafío para quienes lo llevaron adelante en defensa de las mujeres.

“Consultamos casos internacionales porque en Guatemala para ese entonces no había ninguna sentencia ni casos judicializados sobre violencia sexual. Tuvimos que hacer un trabajo de autoformación para poder abordar estos temas e iniciar procesos de sanación y de empoderamiento con las señoras”.

Además, el juicio -que inició el 4 de enero de este 2022- implicó “un gran reto probatorio” porque se trató de hechos que ocurrieron hace 40 años.

“Ahora contamos con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la importancia que se le debe dar a la declaración de las víctimas de violencia sexual, y cómo deben ser analizadas. En este sentido, los juzgadores tienen que eliminar sus prejuicios antes de analizar esas declaraciones y es necesario entender la realidad de las mujeres”.

Compartimos las 12 medidas de reparación que ordenó el Tribunal de Mayor Riesgo A para las sobrevivientes del #CasoMujeresAchi pic.twitter.com/WXE8ha7cXW

— Impunity Watch Guate (@ImpunityWatchGt) January 27, 2022

Justicia, la reparación más esperada

Durante la búsqueda de pruebas, la querella tuvo la intención de “cambiar la mentalidad de que cuando hay un acto de violencia sexual es necesario contar con una prueba física o ginecológica forense que demuestre que hubo una penetración”.

Además de los testimonios de las sobrevivientes, contaron con “un peritaje médico, psicológico, psicosocial, cultural y espiritual”, este último defendido por un guía espiritual maya.

Las violencias vividas causaron una “afectación muy dura” en las mujeres. “Los recuerdos, los dolores de corazón -como dicen ellas-, los padecimientos físicos, la tristeza que cargan, esa depresión, es bastante fuerte”, cuenta Haydée.

Y agrega: “Escuchar los testimonios es bastante impactante y lo es más cuando ellas los narran en su propio idioma (el maya achí). Estamos hablando de un contexto de coerción en el que las mujeres fueron reducidas a cosas y fueron humilladas y degradadas de una forma brutal”.

En este sentido, cuenta que, al haber sido agredidas también desde sus prácticas culturales, algunas de ellas dejaron de transmitir sus valores, su lengua, sus vestimentas.

“Si el objetivo del genocidio es destruir a la comunidad, pues se está logrando 40 años después”, dice en relación al corte en la cadena de transmisión cultural.

Sin embargo, la sentencia trajo felicidad entre las sobrevivientes.

“Ellas lo celebran y están muy contentas. Se abrazaban entre lágrimas y llanto cuando conocieron la sentencia. Sabemos que esto no es un fin, pero ahora es un motivo de alegría para ellas y les da más fuerza para continuar”.