Cómo construir un ambientalismo soberano y popular

¿Cómo afecta la negociación de una deuda con el Fondo Monetario Internacional de Argentina a la soberanía ambiental?

3 de febrero de 2022
Bruno Rodríguez
Ariel Gutraich

El mundo tiende a la aceleración de un colapso irreversible del ecosistema. Las responsabilidades asumidas por la comunidad internacional en materia de acción climática no derivan en medidas compatibles con la urgencia de la crisis En este contexto: ¿Cómo afecta la negociación de una deuda con el Fondo Monetario Internacional de Argentina a la soberanía ambiental?


La apertura de nuevos proyectos hidrocarburíferos, la vigencia del régimen de subsidios a los combustibles fósiles y las tendencias ascendentes en la demanda de petróleo y gas de cara a 2050 marcan un escenario desalentador. Estamos lejos de aprovechar la última ventana de oportunidad para limitar el aumento de la temperatura promedio global a 1.5°C.


Pero si algo enseñan las juventudes es que los cambios estructurales se conquistan a fuerza de movilización social y conciencia colectiva. Nunca antes hubo un involucramiento ciudadano tan contundente en el movimiento socioambiental. Nunca antes se desplegaron marchas que aglomeren a miles de pueblos simultáneamente a lo largo del globo bajo el reclamo de justicia climática. Eso sí, un mundo que supere el embate de la crisis climática no se logra únicamente con la utopía. Hace falta un programa, organización, mística y militancia.

Ecologismos desde el sur


Es necesario un proceso de metamorfosis industrial que introduzca nuevos sistemas productivos y patrones de consumo.

Diseñar e implementar políticas que fomenten la transición ecológica en un país industrializado no constituye el mismo ejercicio si trasladamos el desafío a una economía semiperiférica como la de nuestro suelo. En nuestro país, proteger bienes comunes naturales y abandonar el sostén energético que provee la explotación de hidrocarburos son metas que colisionan contra el muro de la inestabilidad macroeconómica y las barreras financieras.

En este contexto se ubica el debate desatado por la autorización de la exploración sísmica off-shore a 300 km de las costas marplatenses.


Las bases de la discusión arrojaron luz a las vertientes internas de los ecologismos. Digo ecologismos porque así como existen ecologismos populares, nacionales y latinoamericanistas, los hay neoliberales y foráneos.

Varias campañas impulsadas contra el proyecto de exploración off shore abogan por su clausura total. Hay un maremágnum de argumentos que recorren desde la preocupación por los impactos de las técnicas sísmicas en la fauna marina, hasta el escepticismo frente a los beneficios económicos que promete la apuesta.

Lo que ilustra el debate es la profunda desconfianza de un sector importante de la ciudadanía en el rol que juega el Estado a la hora de impulsar actividades económicas extractivas y evitar grandes pasivos ambientales.

Pero la desacreditación del papel del Estado en la construcción de políticas fiscalizadoras, si bien tiene asidero observando casos de distintos sucesos que dieron lugar a desastres ambientales, es un síntoma peligroso para los tiempos que corren. En varios de estos episodios, la destrucción de los ecosistemas es el resultado de la mala administración de los proyectos por parte de las entidades involucradas.

A la sociedad civil le corresponde demandar la presencia de la figura estatal aplicando normativas ambientales adecuadas para cada actividad. De lo contrario, las empresas operarán sobre marcos regulatorios laxos y nuestros territorios multiplicarán sus zonas de sacrificio. Quienes defienden estas concesiones a los grupos privados forman parte del desarrollismo dogmático y antisoberano.

Lo que no gestiona el Estado, lo controla exclusivamente el mercado.

A su vez, pretender que la decisión del gobierno sea la suspensión de todos sus complejos exportadores por criterios ambientales, es un verdadero disparate. Aspirar a ese escenario en el marco de la crisis económica presente es directamente irresponsable.

El acuerdo de explotación petrolera

El rendimiento económico que estima la iniciativa del gobierno prevé entre 30 mil y 95 mil millones de dólares de ingresos para el Estado. A su vez, en el pozo de Mar del Plata, un 50% de las exportaciones que genere el proyecto serán para la empresa estatal YPF como propietaria.

No es un camino viable en un país estrangulado económicamente por el incremento de la pobreza y los condicionamientos de la deuda externa que se mute al pedido de prohibición absoluta de todas las actividades productivas basadas en recursos naturales. Como argentino aspiro a que mi país aumente sus exportaciones, y estabilice la balanza comercial y fiscal.

Pero reconocer la importancia de la fiscalización no puede derivar en infravalorar las necesidades presentes y futuras que impone la crisis climática.

El agravamiento de los fenómenos climáticos extremos acarrea consecuencias devastadoras que actualmente padece nuestro pueblo.

El aumento de la temperatura, sobre todo en las ciudades, amenaza el bienestar de millones de personas, fundamentalmente de quienes viven en barrios populares. La mayor recurrencia de inundaciones y sequías impactarán sobre indicadores sociales y económicos. No es una opción relegar la acción climática y ambiental.

Frente a la escasez de recursos


No lo es por el cuadro catastrófico que describen los informes científicos en todo el mundo y tampoco lo es si nos importa la inserción geopolítica de Argentina. Son cada vez más las dificultades en el acceso a mercados para aquellos países que no cumplan sus compromisos climáticos internacionales o tengan un elevado componente de carbono en sus productos exportables.

Es imperativo avanzar en el sendero de la descarbonización para asegurar la competitividad futura de la economía argentina. La agenda de protección de bienes naturales tampoco pierde valor teniendo en cuenta que la conservación del patrimonio natural de un país latinoamericano constituye una decisión estratégica frente a los escenarios de escasez de recursos.

La responsabilidad de las potencias


Pero nuestra inserción geopolítica bajo el paraguas de la crisis climática no culmina con la superación de las barreras económicas a la transición. Como nación del sur global, como militantes de la patria grande latinoamericana, no podemos dejar de denunciar la responsabilidad de las potencias centrales en la falta de cooperación internacional.

El norte global, además de fallar monumentalmente en la transferencia de fondos a las economías en vías de desarrollo (Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, capítulo V, art. 40), dirige los organismos de crédito internacional que subyugan a la Argentina por medio de la deuda. Quieren que cumplamos con el Acuerdo de París, pero nos someten a la profundización de la matriz extractiva de nuestro modelo productivo para honrar compromisos financieros contraídos por gobiernos neoliberales. Las mismas potencias que nos subordinan financieramente, son nuestros deudores ambientales. Imponer el reconocimiento de nuestra calidad de acreedores de la deuda ecológica del norte con el sur debe consolidarse como una estrategia inclaudicable de presión internacional en los eventos multilaterales sobre acción climática, y la principal reivindicación del movimiento socioambiental argentino.


Un país endeudado hasta la médula nunca podrá construir capacidades locales que le permitan conquistar la transición socioecológica. De modo que además de confrontar a los agentes externos que nos quieren arrodillar, hay que frenar a los de adentro que nos quieren vender.

Por eso el llamado a la construcción de un ambientalismo nacional.
Un movimiento que defienda los intereses de la patria contra la avanzada neocolonial de los poderes financieros, que le ponga fin a lo que siempre nos quisieron hacer desde afuera. Dominarnos y adiestrar al pueblo a través de la deuda externa.

3 de febrero de 2022
Bruno Rodríguez
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