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La Justicia ratificó desalojo de comunidad mapuche de Cuesta del Ternero: falló a favor de empresarios forestales
La Justicia ratificó el desalojo forzoso de la comunidad mapuche al fallar a favor de los empresarios forestales que reclaman las tierras.
Todo había comenzado el 18 de septiembre cuando la comunidad mapuche de Cuesta del Ternero, ubicada a 15 kilómetros de El Bolsón, realizó la recuperación de una porción de ese territorio que consideran su lugar para habitar por derecho ancestral. Hubo intentos de desalojo violentos, un cerco policial que intentó vencer su resistencia por hambre y frío, acampes y caravanas solidarias. La tensión y la violencia escalaron hasta que el 21 de noviembre el joven Elías Garay fue asesinado y Gonzalo Cabrera, herido de gravedad. Por el homicidio están acusados dos empresarios vinculados al supuesto dueño del predio, el empresario forestal Rolando Rocco. Este hombre de negocios en realidad posee un permiso de la provincia de Río Negro para la forestación de esas hectáreas con la plantación de pinos en esos terrenos fiscales. Sin embargo, es el denunciante contra les integrantes de la Lof Quemquemtrew, entre ellxs varias mujeres acusadas de “usurpación”.
El lunes 27 de diciembre empezó la instancia de impugnación pedida por la defensora de la Lof, Andrea Reile, para frenar al juez de garantías Ricardo Calcagno, quien ya tiene firmada la orden de desalojo forzoso del territorio recuperado. Ese día se estableció un cuarto intermedio de 48 horas para que las partes intentaran establecer un avance por las vías de la negociación. Pero el jueves 30 las partes expresaron en una audiencia que no se había logrado acuerdo alguno.
«Faltan actores fundamentales en el conflicto»
En esa audiencia, el juez Gregor Joos expresó que el empresario Rocco es “víctima del despojo, por lo cual es urgente la restitución de las tierras”. La abogada Reile, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, le respondió al juez que él tiene el poder de “ordenar la conformación de una mesa de diálogo más amplia, donde se permita resolver un conflicto que excede a las partes.” La letrada considera que en este conflicto faltan “actores fundamentales, el estado provincial y nacional; el Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia representado por Orlando Carriqueo, El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indigenas) y la secretaría de Derechos Humanos de Nación”.
“La medida de restitución –el desalojo dictado por Calcagno– está debidamente justificada”, dijo el juez. Y consideró que “no implica la renuncia a los derechos de la Lof, pero son ajenos a este fuero penal (…) Tiene que haber intervención de la provincia para resolver el dominio de las tierras”, pero por otras vías. “Existe un conjunto normativo nacional, provincial e internacional sobre el derecho indígena. La aplicación de éstas no implica acceder a ellos de modo violento”, dijo aludiendo a la recuperación territorial. Es decir, reconoce que este pueblo originario tiene algún derecho, pero lo manda a discutirlo en otro ámbito donde sus integrantes ya saben que no obtendrán respuesta.
Identidad y derechos
Abundan las demandas colectivas y juicios iniciados contra el estado provincial de Río Negro, realizadas por distintas comunidades y organizaciones de base del pueblo mapuche y mapuche tehuelche como el CAI (Consejo Asesor Indígena), que llevan más de 10 años cajoneadas y demoradas por el propio sistema judicial. “No existe el acceso a la justicia para el mapuche” había dicho Romina Jones, integrante de la Lof Quemquemtrew, en varias oportunidades durante las últimas semanas frente al juez Calcagno.
El 29 de diciembre la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, recibió al referente de la APDH La Matanza Pablo Pimentel. Él pidió en nombre de la Lof Quemquemtrew y de distintos organismos de derechos humanos de Argentina la conformación de una Mesa de Diálogo para abordar el conflicto en Cuesta del Ternero. En esa reunión en la Casa de Gobierno provincial no pudo participar el werken (vocero) del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo.
Pimentel destacó que, si bien el gobierno provincial se comprometió a enviar a su secretario de Derechos Humanos Dino Minieri para reunirse con la Lof, de ninguna manera esto conforma una Mesa de Diálogo. “Debe tener presencia de organismos como la Dirección de Tierras, Dirección de Bosques, la secretaría de Derechos Humanos. Más la participación del Estado Nacional a través de sus organismos competentes para poder llegar a una solución sobre la tierra, que incluya, además, la desmilitarización del territorio y la participación del gobierno de Río Negro para comenzar un diálogo de buena fe que lleve a una solución definitiva”. Pero la gobernadora Carreras dice que no están dadas las condiciones para una Mesa de Diálogo, salvo que lo disponga la Justicia.
Por su parte, Carriqueo fue recibido por el ministro de Gobierno rionegrino Rodrigo Buteler. Luego del encuentro dijo: “No se puede resolver un problema de tierras con un privado que no es dueño. Y no se puede resolver un conflicto histórico del Estado con las comunidades indígenas. El camino es el diálogo, al que el gobierno de Río Negro se niega, y no se puede reprimir porque eso no va a solucionar nada». El representante del Parlamento Mapuche discutió con el funcionario Buteler. Le planteó que “la Patagonia Argentina y otros países viven un proceso social dónde está vigente el derecho a la identidad, donde hay un reconocimiento de esa identidad y una necesidad de tierras aptas y suficientes”.
La voz de la Lof Quemquemtrew
La Lof Quemquemtrew emitió un comunicado en el que expresó que “Rolando Rocco es un concesionario, testaferro del poder político, que no tiene ningún interés en llegar a un acuerdo, sólo pretende que seamos sus esclavos y que el gobierno con la ayuda de la fiscalía y nuestra defensa le gestionen un título de propiedad». Por la misma vía, consideraron: «Nada se resolverá con él, dado que es la provincia quien entrega territorios a negociados turbio. Una vez más decimos al gobierno que estamos dispuestos al diálogo, pero no soportaremos más manipulaciones, falsedades y acuerdos perversos”.
La comunidad advirtió que “el territorio seguirá a resguardo, allí se derramó la sangre de nuestro peñi/ lamien, y el Gobierno es responsable de lo que sucedió y también de lo que hoy acontece en el acampe solidario y el territorio. Dejaron un nuevo mensaje mafioso en los carteles de la ruta cercanos a la Lof, con impactos de bala.
Qué pasó en la oficina de Turismo del Bolsón
Un episodio de vandalismo opacó el reclamo de la comunidad con un ataque perpetrado el 30 de diciembre en las oficinas de Turismo de El Bolsón, donde desconocidos encapuchados causaron destrozos y dejaron pintadas: “Rocco Asesino, Pogliano cómplice. Si desalojan Quemquemtrew chau turismo”. El intendente de El Bolsón Bruno Pogliano repudió el episodio, al tiempo que allegades a la comunidad tomaron distancia en el entendimiento de que son actos que recaerán en ellos con la amenaza de la gobernadora de aplicar la Ley Antiterrorista, pero en los que no han tenido participación.
“Es mentira que reconocen la ley indígena y a los pueblos originarios, lo único que hacen es matarlos porque se quieren quedar con todo, nos quieren desaparecer porque somos los que ponemos el cuerpo para defender el agua y la vida, ustedes están al servicio de poderosos que ni siquiera les dan un mango, nos matan a cada rato y no les importa”, gritaba una mujer mapuche por altavoz en uno de los ingresos a la feria regional.
Incendios, armas y muerte
La Lof Quemquemtrew inició su proceso de recuperación territorial luego del incendio que en 2021 arrasó con miles de hectáreas de bosques nativos y puso en alerta a la población de la Comarca Andina sobre el avance de las forestaciones de pino, sin control sobre el bosque nativo. Esta especie arde y propaga velozmente los incendios forestales o de interfase (zonas boscosas pobladas). El 18 de septiembre hubo un comunicado oficial hacia la población en general y fueron denunciades de inmediato. El 24 de septiembre se realizó un operativo de identificación de personas que se transformó en desalojo violento donde hubo cuatro detenides, y en el cual dos mujeres, Ariadna Mansilla y Romina Jones junto a su hijo de 8 años, fueron violentades física, mental y espiritualmente.
A partir de ese momento se estableció un sitio represivo en todo el Paraje Cuesta del Ternero, con un retén policial permanente que mantenía aislada la zona por orden de la ministra de Seguridad provincial Betiana Minor. Fue respondido con un acampe humanitario que se mantuvo durante más de dos meses. Luego de diversas situaciones de hostigamiento denunciadas por la comunidad, donde responsabilizan a agentes policiales desplegados en el lugar de ejercer violencia contra las mujeres del acampe, se decidió levantarlo y mantener una guardia en el terreno de un vecino.
El 21 de noviembre, Martín Cruz Feilberg y Diego Ravasio pasaron el cerco policial al territorio recuperado. Lo hicieron al menos con un arma, que dispararon, y huyeron. Así fue asesinado Elías Garay Cayicol (29) y herido de gravedad Gonzalo Cabrera (26). Feilberg es socio de Rolando Rocco, y fue quien realizó la primera denuncia contra la comunidad. Junto a Ravasio se encuentran con prisión preventiva en el penal de la ciudad de Viedma a la espera de que finalice el plazo de investigación y se inicie el juicio en el que se establezcan las penalidades por homicidio e intento de homicidio en carácter de coautores.
Cómo sigue la situación en Cuesta del Ternero
En este contexto, y con una orden de desalojo inminente, integrantes de las comunidades mapuche y vecines conscientes volvieron a acampar sobre un costado de la Ruta 6, único camino que atraviesa el paraje. Allí se mantiene el retén policial impidiendo el acceso al lugar. Exigen la anulación del desalojo, un diálogo político que esté a la altura de sus reclamos y la desmilitarización del territorio.
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