Este 2021 cierra como empezó para la ciudadanía chubutense. Resistiendo y marchando, aunque esta vez, triunfando. La victoria antiminera en la provincia condecoró un año de grandes logros y un fenomenal avance del movimiento socioambiental argentino. Arrancamos en un estado de permanente alerta y saliendo al afronte contra el tratamiento de la iniciativa minera en Chubut.

En marzo volvimos a las calles en el marco del Día Mundial del Agua después de un 2020 que solo ofrecía el frívolo espacio de la virtualidad. Tuvimos una cumbre mundial de cambio climático regresiva en Glasgow, elecciones de medio término que con mucha dificultad incorporaron algunos reclamos plasmados en la agenda socioambiental. Hoy nuevamente reiteramos el escenario de incendios catastróficos del año pasado, y también en la Patagonia.

🇦🇷📢¡Chubut derogó la ley de Zonificación Minera!
💥Así lo anunció el gobernador Arcioni.
✊🏾Esto sucede luego de días dónde la gente manifestó por todo el país. Hubo movilizaciones y en algunas partes la policía reprimió.
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— Agencia Presentes (@PresentesLGBT) December 21, 2021

Un hito político

Pero recapitulemos la última gran hazaña que nos deja la derogación del proyecto megaminero de Mariano Arcioni. A comienzos de la década pasada, Chubut fue el centro de una experiencia política sin precedentes en el ambientalismo argentino. El hito se produjo a partir de un debate que atravesó a toda la provincia: la megaminería.

Hoy la historia reproduce la hazaña de un pueblo que no permitió el sometimiento impuesto por las multinacionales mineras, tras la derogación del proyecto de zonificación presentado por el gobierno de Mariano Arcioni y todo el arco político local.

Para entender el conflicto actual, primero debemos revisar la epopeya chubutense que culminó en la victoria de un pueblo entero en 2003, a partir de la aprobación de la ley 5001 por iniciativa popular.

Derrumbando mitos: la explotación minera

La megaminería refiere a la explotación minera a gran escala a cielo abierto. Generalmente de minerales metalíferos, lo que conlleva grandes inversiones de capital, permanente circulación de materiales y muy elevada utilización de recursos. Es motorizada o concesionada por empresas o asociaciones de entidades de capitales foráneos, dado a que el mineral se encuentra diseminado en grandes volúmenes de material de baja concentración por lo cual no se recurren a los métodos convencionales a socavón.

La megaminería se dio por primera vez en Argentina a finales de los noventa, con las exploraciones de Bajo La Alumbrera, en Catamarca y Cerro Vanguardia, en Santa Cruz.

En Chubut, la ciudadanía conoce muy bien a los representantes empresariales de la actividad contaminante contra la que batalla y sus voceros políticos. Sabe de sus efectos devastadores en bienes vitales como el agua, y también de los mitos que muchas veces terminaron justificando su instalación en otras provincias.

Mitos vinculados a los presumibles beneficios económicos para la población, ligados a una noción imperante de progreso que no reconoce la coincidencia entre los mapas de degradación ambiental, desigualdades sociales e inestabilidad económica.

El día que la megaminería llegó al Sur

A fines del 2000 ya circulaba en Esquel el capítulo de una empresa minera radicada en la zona. Al año siguiente, la comunidad originaria del pueblo mapuche Huisca Antieco denunció la intromisión de una corporación minera en su territorio. violando los derechos indígenas.

En julio del 2002, la empresa minera Meridian Gold oficializó la compra de un proyecto, ubicado a diez kilómetros de la ciudad. Contaba con el apoyo gubernamental de José Luis Lizurume (radical) y de la intendencia a cargo Rafael Williams (Partido Justicialista).

A partir de ello, comienzan a gestarse las primeras organizaciones a raíz de la autoconvocatoria vecinal. En octubre de 2002 se produjo la confluencia de esas experiencias autogestivas en una primera asamblea que transcurrió en la Escuela Normal.

Después de reiterados encuentros, y con una concurrencia ciudadana masiva, nació la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el “No a la mina”. El acto fundacional de la mítica asamblea de resistencia chubutense fue la convocatoria a la primera movilización contra la embestida megaminera de las transnacionales, un 24 de noviembre. Esta instancia de protesta socioambiental obtuvo una contundente mayoría popular en las calles. La consigna era simple “No a la mina”.

Victorias en las calles

La movilización social forjó un proceso plebiscitario en el que el conjunto de la población supo expresarse sin revés. Mientras todo el aparato radical y pejotista desplegó una campaña de marketing que pretendía colocar en un altar eldoradista a la megaminería, los vecinos lanzaron una campaña informativa para empoderar su firme llamado al rechazo del remate de su patrimonio natural.

Aquel 23 de marzo, el 81 por ciento de Esquel eligió el “no” a la minería. En las consultas populares realizadas en los municipios vecinos de Trevelin, Lago Puelo y Epuyén, más del 90 por ciento también rechazó la actividad contaminante.

Fruto de la lucha asamblearia y la organización de base, surge la ley 5001, norma que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en los procesos de extracción minera. Desde la victoria de 2003 hasta el presente continúan los esfuerzos de los sucesivos gobiernos de violar la autodeterminación del pueblo de la provincia y avanzar con múltiples proyectos megamineros.

El último conflicto

En este nuevo caso, es Mariano Arcioni quien apostó al nuevo intento de socavar la voluntad popular. Lo hizo mediante su proyecto de zonificación minera para habilitar la explotación de oro, plata y uranio a cielo abierto en la meseta central.

La presentación de la iniciativa minera se produjo el 24 de noviembre. Ese mismo día el pueblo chubutense presentó su propio proyecto, una nueva iniciativa popular.

Mientras que la apuesta del arco político provincial se sostiene sobre la defensa del proyecto que dispone zonas de sacrificio, la iniciativa presentada por la ciudadanía se basa en la prohibición de la minería metalífera y uranífera en toda la provincia.

En el juego parlamentario, las cartas de la dirigencia política mostraron el desbalance en la correlación de fuerzas, facilitando el tratamiento del proyecto minero al otorgar tan solo una comisión en la legislatura de Rawson. Paralelamente, la iniciativa popular quedó suspendida en el debate de tres comisiones, dificultando su ingreso al recinto.

Intereses políticos, no populares

Bajo estas circunstancias, se pone de relieve la profunda lejanía entre las demandas socioambientales impulsadas por una clara mayoría ciudadana y la voluntad de la dirigencia política local.

La embestida corporativa no solamente pretendió atentar contra la defensa del territorio que durante casi dos décadas el pueblo chubutense custodió vehementemente. También actuó como ariete contra la calidad democrática y el deterioro institucional.

Los servidores públicos construyen su representación sirviendo a los intereses de quienes depositan su confianza durante los procesos electorales. Por lo menos, así lo dicta la teoría. Pero cuando hablamos de problemáticas socioambientales, el contrato social y los manuales sobre la representación política se resquebrajan por completo.

El poder económico versus el poder popular

En Rawson, los legisladores sucumbieron ante las presiones de inmensos grupos económicos que actúan en connivencia con el aparato mediático y el poder judicial. Esta es la cruda realidad que afrontan los sistemas políticos de los pueblos en pugna contra elextractivismo.

La colisión de fuerzas de interés se divide entre la movilización de a miles y los intereses de una minoría. Pero la desintegración de las lógicas y las dinámicas de la representación política no surge de una apuesta a la megaminería. Tiene su origen en el mismo sistema que rige en la financiación de las campañas electorales y su escudo en las castas de los poderes del Estado.

La imposición de voluntades por parte de la industria megaminera no es la única expresión de descomposición institucional. En Chubut se violaron las garantías a las libertades democráticas. El oficialismo desplegó grupos de comandos especiales. Reprimieron al pueblo movilizado a principios de este año, teniendo como blanco principal a la juventud.

Incluso se organizaron allanamientos en la casa de una de las impulsoras de la iniciativa popular. Esto nos demuestra, que la disputa que brindó el pueblo chubutense no es una continuación calcada de la victoria del 2003.

El extractivismo se anima y avanza en la adopción de métodos que vulneran derechos humanos, se radicaliza y pone en jaque la confianza del pueblo en sus servidores, utiliza los medios y la justicia. La delincuencia corporativa se esconde tras una cortina de humo, configurada por mitos de progreso y desarrollo.

El ambientalismo lucha contra la perversidad de un modelo inviable, pero también avanza y se radicaliza. Se nutre de las nuevas generaciones, de las victorias del ayer y los sueños del porvenir.

La pregunta que cabe hacer radica en el desafío que todos los movimientos emergentes terminan atravesando. ¿Podrá el ambientalismo popular coordinar todas sus expresiones para constituirse como un factor de construcción de poder en la Argentina? Quizá, debamos buscar algunas pistas en Chubut, que muchas lecciones nos está dando con su pueblo sublevado a 20 años del 2001. Y de cara a 2022.