Cuesta del Ternero es un paraje en la provincia de Río Negro (departamento de Bariloche) donde el 18 de septiembre el pueblo mapuche inició una recuperación territorial ancestral. Desde que la bandera quedó plantada, la Lof (comunidad) Quemquemtrew se convirtió en noticia primero porque el supuesto dueño de las tierras les denunció por usurpación. Después porque el hostigamiento policial y judicial fue escalando. Y luego porque el domingo 21 de noviembre dos personas dispararon contra dos jóvenes de la comunidad. Diego Ravasio y Martín Feilberg están detenidos y acusados de asesinar a Elías Garay Yem, y de herir de gravedad a Gonzalo Cabrera, de 25 años. 

Cuando parecía que, paradójicamente, la muerte del joven Garay daría un respiro a su comunidad, el 15 de diciembre el juez Ricardo Calcagno reafirmó la imputación contra los cuatro integrantes de la comunidad por el delito de usurpación. También las medidas cautelares de restricción impuestas hacia dos mujeres mapuche, Romina Jones y Ariadna Mansilla, para que no puedan ingresar al predio.

El 16 de diciembre en una audiencia pedida por la parte querellante (Ernesto Saavedra en representación de Rolando Rocco, quien se presenta como el dueño de las tierras), dispuso el desalojo forzoso de la comunidad para el 23 de diciembre. Algo así como volver a fojas cero, pero con un muerto y un herido grave en el medio. 

El 21 de diciembre, al cumplirse un mes del asesinato y ante esta orden, el campamento para acompañar al Lof Quemquemtrew volvió a armarse. «No nos iremos de aquí hasta que la orden de desalojo se levante. Solicitamos visibilizar y acercarse al territorio. La lucha es una sola, si no estamos en los territorios el extractivismo seguirá avanzando», informaron desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.

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“No somos dueños sino parte de la mapu”

A Cuesta del Ternero se llega por un camino de tierra que recorre catorce kilómetros desde la ruta 40. De un lado, el bosque nativo quemado por los incendios forestales que arrasaron la comarca andina hace unos meses. Del otro, las estaciones de pino, entre valles y montañas. Es la ruta 6 que une a El Maitén con El Bolsón. 

“No somos ignorantes, sabemos lo que queremos. No somos terroristas, estamos defendiendo lo que nuestros ancestros nos dejaron porque a ellos no les dieron la oportunidad. Los mataban, los quemaban, le cortaban la lengua”, le dijo María Luisa Huincaleu, una papay (anciana) de 72 años a Presentes. Ella es la madre de Gonzalo, el joven que fue herido el 21 de noviembre, cuando dos balas de plomo le dieron en el abdomen. 

Maria Luisa estaba ahí en la Lof, a metros de su hijo, pero ni siquiera la dejaron subirse para acompañarlo en la ambulancia que lo llevó a Bariloche, donde permaneció semanas internado. En los primeros días de diciembre a Gonzalo le quitaron el drenaje y fue mejorando. Con el paso de los días le dieron el alta y comenzó a poner toda su energía en su testimonio, esencial en la causa que investiga el asesinato de su amigo Elías.

“Mi hijo acudió al territorio mapuche, estaba haciendo su casa. Esta es una lucha pacífica de años. Pero nos están obligando a reaccionar”, dice María Luisa. Ella es pillan kuse (puede ordenar ceremonias), nació en Costa de Lepá (Chubut) y tiene su territorio en Gualjaina, también en esa provincia. Había viajado desde ahí a Cuesta del Ternero con un objetivo: “Apoyar a todos los hermanos. Es una lucha para todos. Estamos levantándonos, como decían nuestros abuelos. Desde que llegó el cacique Inacayal (que resistió a la Campaña del Desierto) a su territorio, los kume (seres de bien) empezaron a levantarse de a poco”. 

Por qué la recuperación ancestral

En su voz y en la de otras mujeres werken (voceras) y weichafes (guerreras), se expresa fuerte el mismo reclamo histórico pero también la potencia de esta resistencia que lleva un acampe de más tres meses. Y que va mucho más allá de la idea occidental de “conflicto de tierras”. “El Estado sabe que los territorios son nuestros por derecho preexistente. Mis abuelos fueron corridos de Junín de los Andes, no somos dueños sino parte de la Mapu», dice María Luisa.

La Lof Quemquemtrew había decidido regresar a esa parte de la Comarca Andina para recuperar su territorio ancestral y vivir allí como parte de la tierra, como guardianes y cuidadores. María Luisa relata que desde el primer día de esta recuperación, la policía les cortó la posibilidad de llevar comida y abrigo a quienes acampan. También les cerró el paso para verlxs. “Los tenía rodeados y supuestamente no dejaba pasar a nadie. Entonces ¿cómo puede ser que estos dos delincuentes pasaron a ‘cazar’? se pregunta. 

Se refiere a lo que los dos acusados de matar a Elías y de herir a su hijo dijeron cuando hicieron sus descargos ante la Justicia. Que creyeron que los mapuches estaban armados al ver “un bulto negro”, y que entraron al predio para ver si podían “cazar alguna liebre”.

Cronología

• La situación en el acampe solidario de la Lof Quemquemtrew ya estaba tirante desde los primeros días, con la policía merodeando el territorio. Quienes participaron de esta acción solidaria dijeron que por las noches policías ebrios disparaban al aire sin dejar dormir a nadie. Las mujeres contaron que miembros del COER  (Centro de Operaciones de Emergencia Regional) las seguían cuando iban al improvisado baño ubicado fuera del acampe, para observarlas. No había una sola mujer entre el personal uniformado. Al poco tiempo de iniciada la recuperación, la comunidad pidió al fiscal Francisco Arrien, con sede en El Bolsón, el cese del hostigamiento de la policía. 

• El martes 21 de septiembre el fiscal Arrien mantuvo un intercambio con la Lof. Se comprometió a esperar la realización de un trawun (reunión) de comunidades, a partir del cual se comunicaría la decisión adoptada en conjunto el lunes 27. 
• Sin embargo, la fiscal en jefe de Bariloche, Betiana Cendón, solicitó al juez Ricardo Calcagno una orden de identificación de personas. Luego devino en el violento desalojo de la madrugada del 24 de septiembre, cuando cincuenta policías entraron a la Lof. Del operativo participaron miembros del COER y de la policía de Río Negro, por orden del juzgado a cargo de Ricardo Calcagno, el mismo que hace días dictó la intimación a desalojar.

• El 28 de noviembre, organizaciones sociales, de derechos humanos (el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otras), y de pueblos originarios armaron un corredor humanitario. 
• Quienes resistieron el desalojo quedaron encerrados, sin comida ni ropa. Una comisión intentó llevarles provisiones y abrigo pero también los sitiaron y reprimieron. La ayuda no llegó a su destino. En la Patagonia se repite la mala costumbre de incumplir la palabra empeñada en los tratos con los mapuche.

Quién reclama las tierras 

Rolando Rocco reclama esas tierras. Es la cabeza visible un entramado empresarial que obtuvo “un generoso permiso para explotar ese predio durante 90 años, condonaciones de deuda y apoyos económicos no reintegrables para la tala rasa del bosque nativo y la implantación de pinos”, según explica Gustavo Figueroa en Wallmapu, periodismo de mar a mar. Figueroa asegura que Rocco se atribuye la propiedad de esa zona. Y difundió: la tierra recuperada por los mapuches no es de la familia Rocco, sino territorio fiscal.

“Rocco no tiene ningún título de propiedad, se viene quedando con espacios territoriales en la Cuesta del Ternero hace más de 30 años. Sólo tiene un permiso para plantar pinos”, dijo la vocera mapuche Soraya Maicoño. Desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro confirmaron su afirmación, al tiempo que las organizaciones solidarias decidieron acampar a pocos metros del cerco policial. 

En 2017 Soraya Maicoño había sido vocera de la recuperación mapuche en Cushamen, donde desapareció y apareció muerto Santiago Maldonado. No vuelve a hablar en esta oportunidad por ninguna conspiración “anarco-ambiental-mapuche-terrorista” como estigmatizan algunos medios de comunicación, sino porque la Lof Quemquemtrew necesita una intérprete entre su cosmovisión y la de los huinca (así denominan al blanco invasor).  

“En aquel momento el fiscal dio su palabra de que la policía no iba a amedrentar ni hostigar, que nos iba a esperar y el lunes nos trasladaríamos a la audiencia de conciliación. Sin embargo, los policías estuvieron tiroteando de noche y finalmente entraron más de 50 efectivos disparando. Y se llevaron detenidas a tres personas (Alejandro Morales, Mauro Vargas y Lautaro Cárdena), y a una lamien (hermana) con su hijo, que fue golpeado, arrastrado de los pelos”. Soraya describe así el operativo que ordenó la fiscal jefe de Bariloche Betiana Cendón, supuestamente para identificar personas en el predio “usurpado”. En los hechos, les quitaron todas sus pertenencias y dejaron un cerco policial permanente. 

“Necesitamos los territorios aptos para llevar una vida”

Romina Jones y su familia estaban en su ruka (casa) montada dentro del territorio recuperado aquel 24 de septiembre, junto a su marido, que terminó detenido y acusado de usurpación, y a su hijo Antu, de 8 años. Es la prima del lonko de Cushamen Facundo Jones Huala, preso en la cárcel chilena de Temuco, luego de haber sido extraditado desde Argentina a pedido de la justicia de ese país. Está acusado de haber cometido un incendio en el que él afirma nunca estuvo.

Cuenta Romina: “El día del desalojo entraron disparando y nos dijeron que nos tiremos al piso. Me pusieron una rodilla en la espalda, yo quería decir que nunca más nos hagan eso, y que nos devuelvan todas las tierras que son robadas”. El niño describió así el momento en que lo arrastraron de los pelos y le apretaron la cabeza contra el piso para que no mirara. Su voz circuló en algunos portales junto a las primeras declaraciones de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. 

Romina recuerda que en ese operativo violento se llevaron todas sus cosas:  frazadas, colchones, abrigos.  “No somos delincuentes. Estamos luchando por lo que nos robaron hace más de 130 años, y el Estado argentino y los estados provinciales nunca se han hecho cargo. Tenemos que tomar la acción directa de volver a los territorios y recuperarlos. No están en manos de un pobre campesino que tiene un par de animales sino de un gran poderío”, dice. 

“Nosotros estamos firmes. Nos guían nuestros antepasados, las fuerzas de la naturaleza, y muchas personas de distintas comunidades que se han acercado a acompañarnos y a darnos newen (fuerza)”, dice Romina Jones. 

“Aprendimos su lengua, sus leyes, sentémonos a conversar, tenemos muchas cosas para decir. No quieren. Tienen una deuda histórica con el pueblo mapuche que nunca han querido cumplir. Porque nuestros abuelos murieron golpeando las puertas para que les devuelvan los territorios, aptos y dignos. No un pedrero, un arenal donde no crece ni un pastito. Necesitamos los territorios aptos para llevar una vida y poder criar a nuestros hijos en contacto con la naturaleza”.

Elías Garay y Rafael Nahuel: los planes de dos jóvenes asesinados 

Romina Jones había sido detenida y herida en la boca por la culata de un fusil durante la represión del 31 de julio de 2017 en Bariloche, día previo a la desaparición de Santiago Maldonado en Cushamen. “Seguimos firmes en nuestro pensamiento, esta no es una recuperación así nomás, se da por la necesidad espiritual que tenemos”, dice. 

Cuando mujeres mapuche, madres y compañeras de lucha reconstruyeron esta historia mencionaron que un episodio similar sufrió la comunidad Lafken Winkul Mapu de Lago Mascardi, donde hace cuatro años fue asesinado el joven mapuche Rafael Nahuel. Fue en un procedimiento de desalojo donde se detuvo a niñes, mujeres y a la joven machi (mujer medicina y autoridad espiritual en la cosmovisión mapuche) Betiana Colhuan. Los policías además la obligaron a comer tierra. 

Tanto Elías como Rafael Nahuel estaban atravesando un proceso de reconocerse parte del pueblo mapuche. Querían levantar su ruca (casa) en territorio recuperado donde conectarse con la Mapu, la madre tierra, algo que en las ciudades es imposible. 

“Estamos vivos, no somos el pasado”

En Cuesta del Ternero está la Escuela 211, que es intercultural y fue convertida en un destacamento. “Antiguamente, ahí vivía nuestra gente mapuche. Hace años sabemos que se va a levantar una comunidad, que nuestras autoridades están volviendo. Estamos vivos, no somos el pasado. Queremos cultivar, tener nuestros animales, estar bien psicológica, espiritual y emocionalmente, criar a nuestros hijos como gente de la tierra que somos”, dice Ariadna, del espacio Pu Folil de Comodoro Rivadavia, quien estuvo en el acampe para solidarizarse.

Al costado de las carpas de nylon, palos y banderas, con atrapasueños hechos con varillas de sauce, se apilaban los troncos para la leña del anochecer. Muy cerca de allí fluye un arroyo de aguas cristalinas pero que no se pueden tomar porque los desechos cloacales del destacamento caen hacia él. Desde el acampe se ve sobre el morro una banderita mapuche que indica el sitio donde resisten los peñi y las lamien (hermanos y hermanas), que cada día bajan a recibir el apoyo de sus familias y las personas conscientes solidarias. Entre ellas, una profesora de historia de Epuyén que integra la Asamblea por el Agua y la Tierra, y una instructora de yoga sobreviviente de la dictadura. Buscan romper los silencios, se acercan a donar frutas, agua o un pedazo de nylon, en la primavera patagónica que intercala días de viento y nieve con tardes de sol. 

“La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, es antimapuche. El fiscal y todos fallaron a su palabra. No nos podemos mover hasta que desmilitaricen la zona, si nos vamos no nos quejemos cuando haya otro muerto. No quiero más ni Santiago Maldonado ni Rafael Nahuel”, dijo Claudina Pilquiman, miembro de la comunidad mapuche de Cushamen, días antes de que dos hombres dispararan contra Gonzalo y Elías. Sus palabras resultaron premonitorias en el campamento, donde la mayoría son mujeres. Preparan el agua para el mate y amasan tortas fritas en un horno de barro, mientras conversan entre ellas y con los visitantes. 

Los pocos hombres van encapuchados, para evitar que los criminalicen. Antú y otros chicos juegan a la pelota. La combi de la escuela tenía que pasar por dos retenes policiales. A Antu lo escoltan los policías cuando va a clases. Tampoco son amigables los efectivos de Gendarmería que patrullan las calles de El Bolsón, y traen malos recuerdos. 

Entre octubre y noviembre, en plena campaña electoral, se produjeron incendios intencionales en la zona y las autoridades provinciales –en cabeza de la gobernadora Arabela Carreras y el intendente de El Bolsón Bruno Pogliano– atribuyeron a los mapuches su autoría, sin mostrar evidencia alguna de la acusación. Fueron la excusa para que la gobernadora Carreras reclamara al gobierno nacional el envío de fuerzas federales para combatir los presuntos “actos terroristas» de los “indios al ataque”, como los llamó el programa Periodismo para Todos, del Canal 13 de Buenos Aires. 

Crónica de un asesinato anunciado

El 21 de noviembre, a las pocas horas del levantamiento de las carpas pero cuando aún permanecían en el lugar el COER y la policía provincial, un dron sobrevoló la Lof. Al rato aparecieron dos hombres que dijeron estar de cacería. Elías y Gonzalo se acercaron para decirles que no podían seguir avanzando y éstos abrieron fuego sin mediar palabra. La gobernación insistió en que la policía local no participó de los hechos, pero no explicó cómo ingresaron los atacantes en la zona custodiada durante casi dos meses. Elías murió casi al instante por disparos a quemarropa. Su amigo sobrevivió.

“Cuando llegué al hospital Gonzalo ya estaba operado, pero su memoria y su cabeza funcionan, vio a quienes le dispararon, y otro peñi también vio”, cuenta María Luisa en un video filmado por Sergio Maldonado, el hermano mayor de Santiago. Los médicos del hospital de El Bolsón le indicaron que su hijo tenía el estómago y parte de los intestinos perforados. 

El martes 23 de noviembre una caravana de vehículos se dispuso a avanzar hacia el cerro donde permanecía el cuerpo sin vida de Elías, luego de un supuesto acuerdo entre las autoridades judiciales, policiales y las organizaciones solidarias de derechos humanos. Integrantes de pueblos originarios habían pedido que se retiraran los uniformados. La familia del joven dejó claro: el cortejo fúnebre no iba a traspasar retén alguno. 

El cuerpo del joven estuvo tres días en el mismo lugar donde había sido asesinado. “Vamos a pasar porque es nuestro derecho. Mátennos, hay un cuerpo descomponiéndose. Hay una madre llorando. Siempre al servicio de los extranjeros ustedes, violan y asesinan a nuestra gente!”, gritaron Moira Millán y otrxs mapuches plantadxs de cara al cordón policial que no les dejaba avanzar. 

Una lluvia de balas de goma y la exigencia de identificarse rompieron el frágil pacto. “La policía comenzó a tirar, corrimos porque estaban muy sacados”, dijo Evis Millán cuando ya se había puesto a reparo. La intervención de la abogada de la comunidad, Andrea Reile, calmó los ánimos y el contingente logró pasar. 

Los mapuche realizaron su ceremonia — con maqui, maitén, ramas de árboles nativos y semillas sagradas– mientras los wenüy (amigos blancos) esperaban en la tranquera. En el medio, los fiscales Martín Lozada y Francisco Arrien se escudaron en esos incidentes para no realizar el peritaje en el lugar. 

El reportero independiente Denali DeGraf fue testigo de la despedida de Elías. “Escuchamos desde lejos los afafán (gritos de lucha). Fue llegando la comunidad, junto a personas de otras lof, llevando al compañero a pulso en una camilla de ramas. Flameaban banderas negras, y los kultrunes (tambores ceremoniales) nunca cesaron. La camioneta de la cochería se alejó en medio de un coro de marici weu (diez veces venceremos)”.

“Las tranqueras están abiertas para quien quiera pasar, esto sigue”, dijeron quienes estuvieron dos meses en el cerro, las autoridades de la Lof Quemquemtrew: la machi, el werken, el weichafe y el lonko.

Cuando terminó la ceremonia, al llegar a la ruta 40 tuvieron que frenar ante un puesto de la policía provincial que les exigió sus datos para identificar a quiénes habían participado. “El territorio sigue militarizado y los acuerdos no se cumplen”, denunció Millán. El día del asesinato, un grupo a caballo arremetió al grito de “Viva la patria”, “Viva Argentina”, a rebencazos contra la gente que en la vereda del hospital esperaba resultados sobre la intervención quirúrgica a Gonzalo.

A un mes: cómo sigue la causa por la muerte de Elías

Con las pericias y tras escuchar al sobreviviente Cabrera, a testigos, a policías, médicos y lugareños, el Ministerio Público Fiscal logró dar con los presuntos ejecutores del ataque. Los empresarios Martín Cruz Feilberg y Diego Ravasio están detenidos desde el 25 de noviembre. Se los acusa de homicidio y tentativa de homicidio agravado por el uso de armas de fuego en perjuicio de los jóvenes mapuches Elías Garay y Gonzalo Cabrera. La causa está a cargo de la fiscala jefe de Río Negro, Betiana Cendón, quien investiga junto al fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien. 

Cuando fue detenido en la puerta de su casa, Ravasio tenía el Fiat Duna rojo y negro con el que cuatro días antes había ingresado junto a su “socio” a la lof. 

En el allanamiento de su vivienda encontraron un bolso preparado como para un viaje. Además, el vehículo tenía las patentes pintadas, lo que para los fiscales es un indicio de adulteración para una eventual fuga. Por su parte, Fielberg se llevó a su familia a casi 800 kilómetros de su domicilio en Esquel. El jueves 25 de noviembre, enterado de que su amigo había sido detenido y sabiéndose buscado, se entregó en una comisaría de Comodoro Rivadavia, también en Chubut. 

La intimación de desalojo forzoso a la comunidad Quemquemtrew

En otro ámbito de la Justicia sigue su curso la acusación por usurpación y la intimación al desalojo forzoso hasta el 23 de diciembre. El juez Calcagno escribió: «La comunidad se hizo de un terreno que la provincia había otorgado al señor Rocco y por vías de hecho le fue sacado por la comunidad Quemquemtrew (…) Voy a hacer lugar a la medida solicitada por la querella de desalojo forzoso”. Les dio una semana “para que se retiren voluntariamente”. Y aclaró: en caso de que esto no ocurra, se procederá al desalojo mediante la fuerza pública. 

En la misma audiencia donde se dio este plazo de una semana, Romina Jones pidió la palabra. Lo hizo al volver a ser nombrada como «señora Huala» por parte del juez, quien reconoció «asociar» los apellidos «porque he leído tanto» sobre el tema (en relación a Facundo Jones Huala). «Yo soy Jones. No Huala. Ya se lo dije muchas veces. No le acepto las disculpas”, dijo Romina. Y agregó: “Usted es xenófobo, racista, empleado del Poder Judicial. Usted defiende a los ricos, poderosos, asesinos. El asesino de Elías es socio de Rocco. Yo no soy una delincuente, y mi hijo de 8 años tampoco, como lo han tratado todo este tiempo.»

La abogada defensora Andra Reile adelantó que pedirá la impugnación del fallo y la recusación del juez Calcagno por «un vicio que se repite», una «animosidad adversa» y un «prejuicio» respecto a sus defendidas.  Y remarcó: «Un juez debe ser imparcial». 

Mientras tanto, el acampe iniciado ayer se reivindica: «Elías Cayicol Garay vive en Quemquemtrew! Ni monocultivo de pinos ni mineras en wallmapu!».

Producción y colaboración con la investigación: Gioia Claro, desde Río Negro.