En 2021 se aceleró el despojo de tierras a comunidades indígenas y campesinas de Paraguay

Los desalojos violentos se recrudecieron en los últimos meses, tras la aprobación de la ley Zavala-Riera: mujeres y niñas las más afectadas.

11 de diciembre de 2021
Concepción Oviedo
Gentileza de las comunidades desalojadas

Estos últimos meses de 2021 han sido muy difíciles para las comunidades campesinas e indígenas. Los desalojos violentos no han cesado en ningún momento de la pandemia y se recrudecieron tras la aprobación de la ley Zavala-Riera. Esta ley modifica el artículo 142 del Código Penal, criminalizando la lucha por la tierra.

Según la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay en estos últimos meses  se registraron 12 casos de desalojos contra comunidades indígenas, en al menos 10 fueron violentas y 10 casos de desalojos contra comunidades campesinas: unas 2500 personas fueron despojadas de sus casas. Todos los operativos tienen las mismas características: destrucción y quema de las casas, la producción de alimentos, sus capillas o templos sagrados, robo de pertenencias y/o animales menores.

En los últimos meses se han desalojado de sus tierras a al menos 2500 personas. 

A la fecha, en Paraguay la distribución de tierras es una de las más escandalosas en términos de desigualdad para la región: el 85 % en manos del 2 %. Para entender entender qué pasó con las tierras que debían ser destinadas a la Reforma Agraria se puede consultar el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia

Los operativos de desalojo se desarrollan con fuerte despliegue policial, carro hidrante y helicópteros. Todo el aparato de las fuerzas policiales ha actuado en todos y cada uno de los desalojos con mucha violencia en todas las comunidades, según lo que contaron a Presentes algunas de las familias afectadas y puede constatarse en sus documentaciones de videos y fotografías. 

La comunidad Hugua Po´i, del pueblo indígena Mby´a Guaraní, fue desalojada el 18 de noviembre en pleno día de lluvia. Así también se ejerce  a violencia institucionalizada sobre las mujeres porque son ellas las que sostienen las redes de cuidado en las comunidades. Existe una suerte de disciplinamiento que pesa sobre ellas y la niñez con mayor fuerza, ante el despojo de sus territorios.

Qué dice la nueva ley: vía libre para el despojo de tierras 

Los redactores del proyecto de ley Fidel Zavala, del Partido Patria Querida y Enrique Riera, del Partido Colorado, conocidos defensores de latifundistas, ambos senadores llevaron adelante una campaña con empresarios del agronegocio con la consigna: “La propiedad no se toca”. En tiempo record – menos de 24 horas- fue aprobada en ambas cámaras del Parlamento. El 30 de septiembre  fue promulgada por el presidente Mario Abdo, heredero de la dictadura stronista.

Con esta modificación, en Paraguay se eleva la pena de cárcel entre 6 y 10 años de prisión para las personas que quieren recuperar sus territorios o proteger los lugares donde viven. Esto afecta principalmente a las comunidades que ocupan las tierras que debían ser destinadas para la Reforma Agraria. Y también a las comunidades indígenas, que serán criminalizadas por luchar por un pedazo de tierra.

La gravedad de esta situación radica en que no se discute la propiedad de la tierra, sólo la posesión. De esta manera muchos empresarios del agronegocio, ganaderos, terratenientes que consiguieron tierras de manera irregular hoy se amparan en esta ley. Como poseedores de la tierra pueden solicitar el desalojo ante la fiscalía, sin necesidad de que se investigue la situación de propiedad. ¿Qué realmente pretende el proyecto que criminaliza lucha por la tierra?

Desalojo en la comunidad de Cristo Rey el 28 de octubre

Mujeres y niñes, las personas más afectadas 

De los al menos 8 desalojos realizados desde octubre, dos se hicieron algunas semanas después de aprobación de la ley Zavala-Riera. Mientras por redes sociales se viralizan videos de las casas y chacras de producción siendo destruidas y  quemadas, son muy pocos los medios que cuentan la cruda realidad que atraviesan las familias campesinas e indígenas. 

Algunas de las comunidades campesinas desalojadas son: Cristo Rey: María de Esperanza; Edilson Mercado; Comunidad 26 de febrero; asentamiento 29 de julio. Las indígenas: Hugua Po´i del pueblo Mby´a Guaraní; comunidad Cerrito y comunidad Ka´a Poty del pueblo Ava Guaraní, esta última fue desalojada en dos ocasiones en menos de cinco meses: el 15 de junio y el 4 de noviembre.

Desalojo en la comunidad de Hugua Po´i del pueblo Mby´a Guaraní, el 18 de noviembre

Tanto en las fotos comos los videos que se difunden en las redes se  se ve a las comunidades campesinas y los pueblos indígenas con lo que llevan puesto y algunas cosas menores, apostados a un costado del camino o la ruta viendo con impotencia y en total vulnerabilidad la destrucción de todas sus pertenencias y años de trabajo. 

Rosa Acuña es una mujer campesina de la comunidad Cristo Rey del departamento de San Pedro y Marta Diaz es lideresa de la comunidad indígena Ka´a Poty del Pueblo Ava Guaraní del departamento Alto Paraná. Sus dos comunidades han sufrido desalojos violentos. La comunidad de Rosa se encuentra actualmente en carpa a 500 metros de la tierra que reclaman y la comunidad de Marta por segunda vez en este 2021 en la Plaza de las Armas de Asunción.

Unas 70 familias de la comunidad campesina Cristo Rey del departamento de San Pedro fueron desalojadas el 28 de octubre, en un operativo que contó con 500 policías y camiones. Uno de los primeros desalojos tras la aprobación de la ley que criminaliza a quienes luchan por un pedazo de tierra.

Rosa Acuña, referente campesina de la comunidad, relata la crueldad con la que fueron desalojadas tras 12 años de ocupación. “Muchas veces intentaron desalojarnos en los últimos 12 años, y lo hicieron luego de la aprobación de la ley que nos criminaliza, ahora somos criminales por luchar por un pedazo de tierra. Desde el gobierno nos dijeron que sería un desalojo pacífico, pero fue mentira, quemaron la escuela de las niñas y niños, la capilla, la producción y lo que no quemaron robaron, entre ellos nuestros animales, no tuvimos tiempo de sacar nada”.

Sin ninguna protección

Las mujeres, las niñas y los niños siempre en este contexto son mayormente violentades y vulnerades en sus derechos porque el Estado paraguayo no genera ningún tipo de acompañamiento o indemnización ante estos atropellos a los derechos humanos.

“Vemos como madres que el peso del desalojo recae sobre nosotras, porque debemos contener las lágrimas de nuestros hijos  e hijas que nos preguntan, porque no los quieren a ellas y ellos, porque hay esa diferencia hacia nosotros y no hacia otras personas. Nosotras las mujeres debemos contener a nuestros hijos e hijas, a nuestra pareja, a nuestra madre, a los ancianos” expresa Rosa recordando el día del desalojo.

Ninguna autoridad competente de la CODENI (Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente) se hizo presente en los desalojos. Rosa además contó a Presentes que durante el desalojo fueron amedrentadas por Hugo Samaniego, director de derechos humanos del Ministerio del Interior, quien les dijo que no tenían ningún derecho sobre la tierra y debían abandonarla. Él mismo estuvo presente durante el desalojo a la comunidad indígena Hugua Po´i en el departamento de Caaguazú.

“Los niños se enferman y preguntan todos los días: ¿qué día vamos a volver  a Ka´a Poty?”

Por otra parte, la comunidad indígena Ka´a Poty fue desalojada de sus tierras ancestrales en dos ocasiones en menos de cinco meses, en proceso amañado de corrupción, según informó a Presentes la abogada Milena Pereira, integrante de la Plataforma por la Memoria Derechos Humanos y Democracia que acompaña a la comunidad.

El primer desalojo fue en el mes de junio con un temporal de invierno de mucho frío y las personas quedaron a la intemperie durante toda una noche. Como consecuencia se enfermó un bebé. 

Marta cuenta una realidad similar a la relatada por Rosa, se escucha en su voz una profunda tristeza y angustia ante la situación que les toca atravesar.  “No somos felices en la plaza, los niños se enferman y preguntan todos los días: ¿qué día vamos a volver  a Ka´a Poty? Y yo no tengo respuesta, y en estos últimos días ya lloro de impotencia” expresa.

La comunidad estaba asentada dentro de su propiedad y la del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). La misma institución reconoce que 1.364 hectáreas habían sido adquiridas en el año 1996 e inscriptas en el Registro Público en el 2008. Estas tierras deberían ser destinadas a sujetos de la Reforma Agraria, en este caso específico a pueblos indígenas.

“Destruyeron el jeroky aty (templo) donde rezamos y bailamos, cuando un niño se enferma le llevamos ahí para curarle y ahora ya no existe. Nuestra escuela reconocida por el Ministerio de Educación no respetaron, la quemaron. Nuestros hijos desde junio perdieron sus clases”, continúa Marta. 

Amparos judiciales sin respetar

Tras el segundo desalojo, decidieron trasladarse hasta Asunción para exigir la restitución de sus tierra, Se instalaron en la Plaza de las Armas frente al Parlamento. Tras varias semanas, lograron el 30 de julio una medida cautelar, un Auto Interlocutorio N° 258, dictado por Magalí Zavala, magistrada del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Cuarto de Turno de la Capital del Paraguay.

Pero dicha medida fue nuevamente desoída y la policía, sin orden de desalojo, accionó contra la comunidad indígena el 4 de noviembre. El éxodo hacía Asunción para exigir la restitución de sus tierras inició nuevamente. Actualmente la comunidad está en proceso de presentar su denuncia ante las Naciones Unidas y la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia.

“Pedimos la medida cautelar para la restitución y poder estar en nuestra comunidad. Durante los dos meses nos persiguieron y con un nuevo orden de desalojo falso, desacataron la orden judicial de la jueza Magali Zavala y de nuevo vinieron a quemar nuestras casas y nos llevaron a abandonar del lado de Caaguazu. Yo como madre, lideresa, me duele lo que nos pasa, tengo que dar noticias de como va nuestro caso y estamos esperando nuevamente la restitución, esperando que la jueza Magalí nos vuelva a dar el sí para volver a la comunidad porque estamos mal en la plaza donde nos quedamos obligatoriamente. Pido a la justicia y autoridades que nos apoyen para volver” explica Marta.

El Estado paraguayo ha decidido privilegiar el derecho a la propiedad, anteponiendo a derechos humanos básicos como la vivienda, la alimentación, la protección de la niñez campesina e indígena. Estos son apenas dos casos de los desalojos violentos. 

Según la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay en estos últimos meses  se registraron 12 casos de desalojos contra comunidades indígenas, en al menos 10 fueron violentas y 10 casos de desalojos contra comunidades campesinas, todos los operativos tienen las mismas características, destrucción y quema de las casas, la producción de alimentos, sus capillas o templos sagrados, robo de pertenencias y/o animales menores. https://madeinparaguay.net/noticia/desalojos-hay-mucho-que-recuperar-y-poco-que-perder-294

El Estado le cedió la tierra a empresarios, jueces y fiscales 

A la fecha en Paraguay la distribución de tierras es una de las más escandalosas en términos de desigualdad para la región, 85 % en manos del 2 %. Un rol fundamental para entender que pasó con las tierras que debían ser destinadas a la Reforma Agraria es el Informe de La Comisión de Verdad y Justicia. Esta instancia fue creada en octubre de 2003 para investigar las violaciones a los derechos humanos, cometidos por agentes estatales o paraestatales durante los 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner. 

Según el informe de La Comisión de Verdad y Justcia,  8 millones de hectáreas de tierras debían ser destinadas a sujetos de la Reforma Agraria pero finalmente quedaron en manos de terratenientes, amigos de turno y son esas tierras las que exigen hasta hoy día comunidades campesinas a través de la ocupación. 

Según datos del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), desde 1936 el INDERT (Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra), ente responsable de velar por derechos de sujetos de la Reforma Agraria, habían distribuido en la Región Oriental 3,5 millones de hectáreas. Se estima que 1.045.000 millones de hectáreas (35% a 40%) fueron a parar a manos de  personas que no son sujetos de la Reforma Agraria, entre ellos se encuentran fiscales, jueces, dueños de supermercados, funcionarios de binacionales, entre otros.

Otro aporte esencial para conocer a los invasores vip se puede encontrar en el buscador desarrollado por el medio paraguayo El Surti, donde cuentan como 3.336 familias cercanas a Stroessner se adueñaron de tierras que no les corresponden.

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