El transfeminicidio de la activista Alicia Díaz conocida como Tita, en el municipio de Ensenada, en Baja California, encendió las alertas de las compañeras trans quienes protestaron frente a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con 320 homicidios dolosos y 80 culposos en lo que va del año, el puerto de Ensenada es el segundo más violento del estado después de Tijuana. De este total ninguno se investiga como transfemenicidio porque la autoridad no reconoce la identidad de género.

El asesinato de Tita, de 22 años de edad, es un crimen de odio y así debe ser investigado, aseguraron sus amigas durante la manifestación. Sin embargo, la FGE lo tiene catalogado como un homicidio culposo y a ella la identifica como una persona del sexo masculino.

El cuerpo de Tita fue localizado en avanzado estado de descomposición cuatro días después de que su madre reportara su desaparición. Se encontraba ensangrentada y dentro de su vivienda ubicada en una zona marginal en el bulevar Socolov, de la colonia Munguia.

De acuerdo con información de la investigación, antes de su asesinato recibió una amenaza a través de redes sociales y también le dieron una golpiza.

Como éste hay otros casos de impunidad y omisiones judiciales para prevenir abusos en contra de las mujeres.

Arturo Serratos, Secretario de la Asociación Trans Ensenada una Lucha, informó que por años las personas LGBT han sufrido la indiferencia de las autoridades.

“Esta ha sido la respuesta que han tenido a las múltiples denuncias. Te botan para allá, te botan por acá, les vamos a marcar, vengan más tarde y cuando venimos -a la fiscalía- ya nadie nos atiende”, describió.

Si bien celebran pequeños avances de la comunidad en el país, como reconocer el matrimonio igualitario o apertura de la autoridad para salir a las calles a protestar, los asesinatos en contra de la comunidad trans en Baja California siguen invisibilizados.

Abusos policíacos

Hace un año, Melisa trabajaba como sexoservidora en la calle Segunda entre Gastelum y Miramar, en la zona turística, cuando un cliente solicitó sus servicios, pero al momento de abordar el vehículo un agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) los detuvo.

El policía cuestionó al cliente sobre si sabía que la persona a su lado era un homosexual y le aseguró que esa acción era un motivo de multa o sanción. Todo quedó asentado en una denuncia ante Derechos Humanos y Sindicatura Municipal.

Acto seguido pidió a Melisa que bajara de la unidad, pero como ella se negó el oficial regresó a la patrulla para sacar un arma larga, cortó un cartucho y la encañonó.

El compañero del policía debió intervenir para detener el abuso, según narró la misma víctima a Presentes. Este hecho sucedió en noviembre del 2020 durante la pandemia por COVID-19.

“Pasate para acá cabrón…”, le gritó el agente. Ella respondió con insultos a la agresión verbal y física para defenderse. Días después de este hecho, el agente siguió acosando a Melissa en las calles.

A raíz del incidente Melissa abandonó la ciudad, porque la considera insegura, y se mudó a Tijuana donde se siente más libre para ejercer su sexualidad.

Si la autoridad hubiera hecho su trabajo, bastaba con revisar las cámaras de vigilancia de las tiendas cercanas, ya que es una zona comercial en el corazón de la Ensenada y una de las más transitadas.

“En Tijuana me siento un poco más tranquila, y segura, porque las autoridades no se meten con nadie”, respondió intranquila porque sus amigas en Ensenada siguen viviendo esa violencia.

Aunque los sucesos se denunciaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California y Sindicatura Municipal, ninguna autoridad llamó a audiencia.

Sobre éste, y una docena de asuntos más denunciados desde el 2016 por mujeres trans, Griselda Vizcarra Durán, delegada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, reconoció que en el organismo local están al tanto de las violaciones a los derechos en contra de la comunidad. “Tenganlo por seguro que se va a investigar cada caso”, fue su compromiso.

Agregó que las quejas presentadas por la comunidad, en administraciones anteriores, también serán consideradas por el personal a su cargo para iniciar las investigaciones necesarias. 

Los crímenes invisibilizados

Para Jey Fernández, activista por los derechos de la diversidad, la violencia contra la comunidad está directamente relacionada con tres factores: la falta de identidad, precariedad y machismo.

De acuerdo con estadísticas nacionales, 3% de la población se consideran hombres o mujeres trans, motivo por el cual las autoridades deben legislar para crear sanciones en contra de quienes cometan discriminación.

En materia legislativa, en 2012 se armonizó la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, pero no funciona y por lo tanto urge realizar una reforma. “Tenemos un agujero terrible, y es un problema para las chicas quienes no pueden tener estos derechos”, sostuvo.

Habló de la marginación que viven sus compañeras en el tema laboral, ya que debido a la falta de una identificación oficial por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) algunas están obligadas a trabajar como sexoservidoras o en el crimen organizado. 

“Es complicada la parte laboral por la apariencia física, los baños sin acceso en fábricas o maquiladoras, donde por estos motivos les niegan el trabajo”, mencionó.

Explicó cómo las chicas y chicos viajan desde la frontera con Estados Unidos hacia la Ciudad de México para realizar los trámites, que les niegan las autoridades de Baja California. Quienes no tienen oportunidad de viajar prefieren renunciar a la identidad.

Como parte del trabajo en el organismo civil, tienen detectado que en marzo se cometió un homicidio en contra de una mujer trans en Ensenada. También ese caso, los agentes de la FGE lo investiga como si fuera un hombre.

La Secretaria de Inclusión en Baja California, Miriam Cano Nuñez, aseguró que trabajan en reconocer la identidad de las mujeres trans en documentación, acceso a salud y capacitación a los funcionarios.

Sin embargo, por ahora la Iniciativa de la Ley de Identidad de Género está a cargo de las diputadas Dunnia Montserrat Murillo y Evelyn Sánchez.

“No somos sinónimo de risa”

Jacqueline Aguilar de Escamilla, de la asociación Trans Ensenada Una Lucha con Valor, consideró prioritario reconocer la identidad de género. Hasta el momento hay alrededor de 60 mujeres transexuales que se dedican al trabajo sexual porque no tienen otra oportunidad.

Esto lo declaró el viernes 19 de noviembre cuando salieron a marchar desde la calle Macheros y bulevar Costero, frente a la Plaza Cívica de la Patria hasta el edificio de la FGE.

El grupo hizo una antesala por más de una hora, gritando consignas, para ser recibidos por el titular, Rafael Orozco Vargas. “Esto es todos los días, salimos a las calles y somos sinónimos de burla”, comentó una de las integrantes en la manifestación.

Narró detalles de cómo se siente, ella y sus amigas en la vida cotidiana, al llegar a un negocio, oficina de servicios públicos o en la misma vía pública. “No sólo son golpes sino también psicológicamente al momento de entrar a un lugar el que atiende dice a quien esté a su lado ‘ahí te hablan’ o ‘ahí está el jotito’, eso también es violencia”, señaló.

Urge a legislar los derechos humanos para castigar a quienes ejerzan coacción o abusos en contra de ellas. Pues hasta el momento, cuando se quejan de las agresiones ellas terminan arrestadas o pagando multas y fianzas.

Debido a la indiferencia gubernamental de la gran cantidad de expedientes, han dejado de interponer denuncias ante los derechos humanos.

Casos emblemáticos donde los agresores están libres:

-Jazmín Vega Guzman, conocida como Gudelia, era una estrella del espectáculo. El 6 de junio del 2010 fue localizada sin vida en la orilla de la carretera Ensenada-Ojos Negros. Su asesino fue detenido y condenado a 25 años de cárcel. Apeló a la sentencia y hoy se encuentra libre.

-Karla Macías, fue hallada en un basurero clandestino ubicado en cerca del fraccionamiento Villas del Sol 25 febrero del 2017. Su muerte no se investigó porque su familia nunca puso una denuncia.

-Alicia Díaz Tita, el 3 de noviembre se encontró su cuerpo en estado de descomposición en una vivienda de la colonia Munguía. Durante una semana la buscaron por toda la ciudad.

-En marzo, una persona fue asesinada y los colectivos sospechan sobre posible transfeminicidio el cual es investigado como homicidio culposo.