Cinco crímenes de odio en 10 días en Perú: la Justicia no investiga y el activismo reclama

En todos los casos, los homicidios muestran las mismas características de ensañamiento y odio hacia las víctimas.

10 de noviembre de 2021
Gianna Camacho

El domingo 7 de noviembre asesinaron a José Antonio Quintana Pacheco (30), un joven comunicador y TikToker, en el departamento que rentaba en el distrito de Lince en Lima. En una habitación contigua, la policía encontró el cuerpo de Luis Alberto Coronado (32), también asesinado por estrangulamiento y cortes. A pesar de la saña de los crímenes – maniataron y desnudaron a las víctimas- la Policía dice que el móvil de los asesinatos fue el robo.

José Antonio era un conocido ticktocker

“Por la posición, por la región anatómica lesionada, todo indica que sería una misma persona que habría participado en ambos casos. Por la forma y circunstancias del instrumento empleado en ambos cuerpos, una de las líneas de acción del móvil es el delito contra el patrimonio u otros móviles a determinar con la captura de los implicados en este execrable hecho”, dijo a la prensa el Jefe de Homicidios de la DIRINCRI de la Policía Nacional, Coronel PNP Víctor Revoredo.

Luis Alberto Coronado

Tras más de tres horas de diligencias en el recojo de los cadáveres, los familiares de Quintana Pacheco no quisieron dar declaraciones a la prensa.

“Estamos a la espera de los resultados periciales, de las pericias tanatológicas y poder determinar en forma técnica y científica todas las teorías del caso que tenemos hasta este momento”, dijo el Coronel PNP a Presentes.

El activismo llora a un militante histórico

Una semana antes, la comunidad de activistas LGBTIQ peruana lloró una gran pérdida. Pedro Pablo Prada García (68), defensor de los derechos de las personas viviendo con VIH en el Perú, fue asesinado junto con su amiga de apellido Huapaya Morales, una mujer trans de 52 años. Ambos fueron hallados estranguladxs con signos de tortura.

Pedro Pablo Prada García en una Marcha del Orgullo en Lima. Crédito: Alfonso Silva Santisteban

Tras la llegada de la pandemia de VIH a Perú, Pedro Pablo Prada fue uno de los principales impulsores del acceso universal al tratamiento antirretroviral. En el año 2000 interpuso una demanda al Estado peruano exigiendo un marco legal que regule el abastecimiento de medicamentos para todos, sin distinciones.

De acuerdo a la información recabada por las autoridades, el 31 de octubre, Pedro Pablo y su amiga habían celebrado el Día de la Canción Criolla, popular festividad peruana, junto a dos hombres.

“Tenemos un video donde aparece uno de los chicos y se lo hemos pasado a la Policía. Incluso los policías nos comentaron que hace cuatro días en un hotel cercano, estos dos sujetos asesinaron a otra persona de la misma forma, por eso les hemos dado los detalles de la relación que tenían para que puedan llevar una buena investigación. Les dijimos que uno de ellos decía que era pareja de Pedro Pablo”, dijo a Presentes un familiar del destacado activista.

Al día siguiente, al ver que Pedro Pablo no contestaba el teléfono, su familia ingresó a su vivienda, encontrando un desgarrador escenario. En el primer piso yacía el cuerpo de Huapaya Morales y en el segundo nivel hallaron los restos maniatados de Prada García, según declaraciones dadas a la Fiscalía por parte de sus familiares.

“La verdad que nos ha chocado muchísimo porque ellos eran personas tranquilas, muy queridas en el barrio, no se metían con nadie. Los dos realizaban acciones de ayuda a los migrantes venezolanos, y mira lo que les hacen. Qué rabia, qué impotencia da”, dijo a Presentes Francisca Vara Gutiérrez, amiga y vecina de las víctimas.

La investigación la lleva actualmente el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Transitoria de La Victoria, a cargo de la Dra. Ingrid Melody Estrada Joaquín, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima. La Fiscalía no quiso contestar las preguntas de Presentes.

Rocky Gómez Sangama, joven chef y activista

También el 1 de noviembre, en la habitación que alquilaba en Ventanilla (Callao), fue encontrado golpeado y maniatado el cuerpo en descomposición de Rocky Gómez Sangama (34), un joven chef conocido por activistas gay de Iquitos, su ciudad natal.

De acuerdo a las imágenes de la cámara de seguridad del lugar, se ve que Rocky ingresa con un hombre a las dos de la tarde del pasado 28 de octubre. Tres horas después, se ve al mismo acompañante saliendo solo, con una mochila y dos bolsas, vistiendo la ropa de la víctima.

«Nosotros tratábamos de llamar desde hace días, pero no contestaba. Una persona allegada a la familia llamó y le contestó alguien diciendo que no le llamemos, tenía acento venezolano, no lo llames, dijo esa persona” declaró a los medios locales una de las amigas de Rocky.

El caso recayó en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ventanilla bajo la responsabilidad de la fiscal adjunta provincial, Regina Céspedes Lucero.

Por su parte, la mamá de la víctima pide ayuda para trasladar el cuerpo de su hijo hasta Iquitos, ciudad ubicada en la región amazónica del Perú.

Los medios

A pesar de las características de ambos crímenes, los medios periodísticos y las autoridades solo barajan el robo como el principal motivo de los asesinatos.

Cabe destacar que Perú es uno de los países de la región con menos avances en materia legal para personas LGBTI. La justicia peruana no contempla la figura de crímenes de odio, tampoco reconoce la identidad de género de las personas trans y no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Ayudaría mucho que en el Perú existiera la figura legal para estos crímenes, porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Pero si bien el término ‘crímenes de odio’ se ha utilizado mucho, creo que ‘crímen por prejuicio’ es el término más adecuado para referirnos a estos casos porque están ligados a prejuicios y estigmas muy naturalizados sobre la población LGBT”, dijo a Presentes, Alexandra Hernández, presidenta de la organización Más Igualdad Perú.

“Actualmente las organizaciones y los activistas son los que llevan registro de los casos porque el Estado no lo hace, pero si hubiera una figura legal de este tipo obviamente obligaría a que tengamos un conteo oficial. Por otro lado, al entender que es una figura especial para hablar de personas LGBTI, nos ayudaría a reconocer, por ejemplo, la identidad de las personas trans que han sido asesinadas porque por el momento se les contabiliza como si fueran personas cisgénero y esto es completamente un error”, agregó Hernández.

10 de noviembre de 2021
Gianna Camacho

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