En El Salvador las personas trans deben ocultar su identidad de género en el trabajo

Sofía empezó su terapia hormonal mientras trabajaba en una fábrica de comida pero tuvo que interrumpirla por la discriminación sufrida: igual la despidieron.

Cuando Sofía comenzó a notar los cambios que la terapia de reemplazo hormonal femenina hacía en su cuerpo, tuvo problemas en su trabajo. Sus funciones consistían en probar muestras de productos en una fábrica de comida, así que siempre usó el pelo corto; pero para disimular sus pechos, comenzó a usar tallas de camisas más grandes.

Aunque ella pretendía contarles a sus superiores que había comenzado su transición como una mujer trans, no sabía cómo ni cuándo hacerlo. Y todo llegó de sorpresa cuando, en agosto de 2019, el encargado de su área la increpó para preguntarle si se estaba inyectando “algo”. Él la remitió con la jefa de Recursos Humanos, quien le hizo preguntas incómodas sobre su orientación sexual, su identidad y expresión de género; y, además, la amenazó con llevar su caso ante la Junta Directiva de la empresa.

Mientras la junta tomaba esta decisión, Sofía podía seguir trabajando y también continuar con la terapia hormonal que había iniciado un año y medio atrás, a costa de mantener oculta su expresión de género como ya lo hacía. Entonces vino el acoso laboral: el encargado de área, pese a que ella era la víctima de discriminación por otros compañeros de trabajo, buscaba culparla por lo que le ocurría e incluso la amenazaba con sancionarla.

El Salvador no tiene ley de identidad de género

En su desesperación y por miedo a quedarse desempleada, Sofía paralizó su terapia de reemplazo hormonal durante dos meses. No podía renunciar a su trabajo, porque es una chica independiente. Su familia la echó de su casa en 2018 y, con esfuerzo, hizo un préstamo para pagar la casa donde ahora vive. Su idea era ahorrar para montar un negocio. Y, aparte del transodio que sufría en su trabajo, comenzó a recibir acosos de los pandilleros en el cantón donde vive, en la zona central de El Salvador.

Sofía, quien decide resguardar su verdaro nombre por seguridad, cuenta que había comenzado a descubrir su cuerpo era feliz por los cambios que veía. Se sentía muy segura de sí misma. Luego vino la reversión de los efectos que le habían provocado las hormonas: volvían las medidas de su cuerpo y su cara con las que ella no se sentía cómoda, y sufría de cambios de humor espontáneos.  Lloraba todo el tiempo. Estaba deprimida.

«La sociedad acá es bastante cerrada. En los lugares de trabajo, ni se diga. Había escuchado un montón de casos de cheras (chicas) que con su transición finalizada no encontraban trabajo o las quitaban del trabajo. Entonces, como yo pago mi casa, pago mis gastos, no me podía dar el lujo de decirles ‘voy a decírselos ya y que pase lo que tenga que pasar’”, dice Sofía a Agencia Presentes.

El 15 de enero del año pasado, dos meses antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara como pandemia la COVID-19, la empresa despidió a Sofía con la excusa de que las Normas ISO 9000, bajo las cuales se rige, no aceptaba a personas trans. Ella buscó asesoría en organizaciones sociales que dan acompañamiento a personas trans para denunciar a la empresa, pero sin una legislación a favor de esta comunidad, en El Salvador, quien se enfrenta a un despido por discriminación debido a la orientación sexual, identidad o expresión de género, no mucho puede hacer.

Vacíos legales para acceder a derechos

El país carece de una Ley de Identidad de Género. Este año, el Congreso, controlado por el partido oficialista de Nuevas Ideas, archivó este y otros anteproyectos por considerarlos “obsoletos y no acordes a la realidad”.

El anteproyecto de la Ley de Identidad de Género se discutía en la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género desde 2018, pero nunca contó con los votos para ser discutido en el pleno legislativo. En agosto pasado, las organizaciones trans presentaron una nueva propuesta de ley al Congreso.

Sin una ley que haga visible la existencia de personas trans es difícil que ellas también puedan acceder a un empleo formal o a derechos básicos, como la salud. Por lo tanto, el sistema no está preparado para realizar terapias de reemplazo hormonal, solo cuenta, desde 2016, con un documento llamado Lineamientos Técnicos para la Atención Integral en Salud de la Población LGBTI, cuya falta de aplicación critican las organizaciones de la sociedad civil.

Terapias hormonales

Diké LGBTI+ es una organización especializada en atención integral a la población LGBTIQ+, que también brinda acompañamiento médico a personas trans en su proceso de hormonización. Modesto Mendizábal, el representante y médico de la organización, califica esta atención médica como un servicio demostrativo para el Estado, quien es el que debería asumir dicha tarea. 

Desde la organización en la que trabaja, señala Mendizábal, han construido un protocolo de atención para personas trans que esperan compartir con el Ministerio de Salud. La presentación estaba planeada previo a la pandemia y, para entonces, asegura que el personal de Salud le había dicho que, antes de hablar sobre el tema, querían ser capacitados.  

La clínica de Diké está inscrita en el Consejo Superior de Salud Pública y también cuenta con una farmacia inscrita en la Dirección General de Medicamentos. Esto les permite obtener medicinas a bajo costo y que, cada mes, un hombre o una mujer trans pague 8 dólares para obtener su tratamiento. Actualmente hay 45 hombres y 63 mujeres que siguen su hormonización en la organización.

Sin embargo, en un país donde la comunidad trans es marginada en todos los sectores sociales, no puede acceder a empleos formales o, en el caso de las mujeres trans, se ven forzadas a dedicarse al trabajo sexual, el acceso a la terapia representa un costo.

“A veces la gente suspende porque no tienen ningún dólar para venir acá, porque se quedan sin trabajo”, dice Mendizábal. Este fue el caso de Sofía, quien desempleada y en medio de una pandemia, el año pasado se vio obligada a detener otros ocho meses su terapia. Si no era así, no salía con las cuentas.

Por la falta de acceso a la salud pública y la falta de otros espacios que den un control sistemático a la terapia de hormonización, las mujeres trans, años atrás optaron por el uso de aceite mineral o ahora lo hacen automedicándose, aunque esto conlleve a daños en su cuerpo, sostiene Mónica Linares, directora de la organización Aspidh Arcoíris Trans.

Automedicación y riesgos

“Todas las que nos hemos auto medicado ha sido así, empíricamente. Lo que se puso la fulana, yo también me lo puse; probé con la otra que se puso la mengana”, cuenta Linares, y agrega que, desde su organización, cuando atienden casos de mujeres que quieren iniciar la hormonización, el consejo que les dan es que eviten el uso de aceite.

En países como El Salvador, donde las personas trans no tienen posibilidad de asistir a consultas médicas especializadas, existe alta proporción de personas automedicadas, indica Alberto Nagelberg, endocrinólogo del Grupo de Atención de Personas Trans del Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

El grupo comenzó sus funciones en 2005, siete años antes que la Ley de Identidad de Género entrara en vigencia en Argentina. Durante ese periodo, el especialista recuerda que 7 de cada 10 personas trans que atendían se habían automedicado. Algunas tenían diabetes descompensada, problemas de tiroides o problemas cardíacos no atendidos, que había que tratar antes de iniciar la terapia de reemplazo hormonal.

“La gente va y compra por internet, en farmacias, y consigue, pero solamente porque el grupo de referencia le dijo ‘comprá esto, hacé lo otro’. Obviamente si ningún tipo de supervisión”, menciona.

Sofía hoy trabaja en otra fábrica como asistente de control de calidad, donde también tiene que reprimir su expresión de género, por miedo a que la vuelvan a despedir en un país con vacíos de leyes para las disidencias sexuales. “Me presento como chico. Es lo que ellos ven. Es terminar mi transición o tener dinero”, concluye.

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