Cómo funcionan las falsas terapias que reprimen identidades LGBT+

En México, las mal llamadas "terapias de conversión" están penalizadas en cinco estados. Cómo funcionan, por qué se modernizaron con la pandemia y lxs más jóvenes son sus principales víctimas.

22 de septiembre de 2021
Georgina González@georginagon
Georgina G. Álvarez

“De niña viví una infancia feliz pero lamentablemente cuando salí del closet, en mi adolescencia, todo cambió para mí. Sufrí violencia intrafamiliar por mi orientación sexual. Tuve que regresar al clóset para sobrevivir, terminar mis estudios, vivir por momentos una vida más o menos normal. Al mismo tiempo, intenté hacerle ver a mi madre, a mi padre que no estaba enferma”. 

Quien narra es Paola Santillán, activista mexicana, sobreviviente de violencia sexual y de uno de los múltiples métodos de los Esfuerzos para ‘Corregir’ la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG) también mal llamadas “terapias de conversión”. Se trata de prácticas dañinas y pseudocientíficas que reprimen y suprimen la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas LGBT.

En México, actualmente estos métodos son tipificados como delito en cinco estados. ¿Qué son?, ¿a quiénes afectan?, ¿qué consecuencias tienen?, ¿qué acciones se plantean para hacerles frente?

Qué son y por qué no hay nada que curar

El informe Poniéndole límites al engaño de ILGA –publicado en 2020 y con el foco en el estudio legal de estas prácticas– subraya que la expresión “terapia de conversión” es un término paraguas, y el más común para referirse a cualquier método que pretenda modificar la orientación sexual, identidad y expresión de género de una persona. Es importante subrayar: los ECOSIG no tienen que entenderse como sinónimo de tratamiento para curar ninguna enfermedad pues las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas no son una patología. Por lo tanto no hay nada que curar, ni cambiar, ni corregir.

Los ECOSIG carecen de sustento científico y médico. Son violaciones a los derechos humanos y representan diferentes formas de violencia para quien las experimenta: violencia psicológica, emocional, patrimonial, económica, física, simbólica, sexual.

La Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Juvenil dice que “estas intervenciones se brindan bajo la falsa premisa de que la homosexualidad y las identidades de género diversas son patológicas. No lo son; la ausencia de patología significa que no hay necesidad de conversión ni ninguna otra intervención similar. Además, existe evidencia de que las ‘terapias de conversión’ aumentan el riesgo de causar o exacerbar las condiciones de salud mental en los mismos jóvenes que pretenden tratar”.

En 2012 la Organización Panamericana de la Salud señaló que las ‘terapias de conversión’ carecían de justificación médica y representaban una grave amenaza a la salud y los derechos humanos de las personas afectadas; en 2016 la Asociación Mundial de Psiquiatría determinó que no existían pruebas científicas sólidas de que la orientación sexual se pudiera cambiar. Según ILGA, a nivel mundial más de 60 organizaciones médicas condenan estos métodos. 

Para 2020 el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, declaró los ECOSIG como prácticas equivalentes a la tortura e “inherentemente discriminatorias, crueles, inhumanas y degradantes”.

Mayoría de víctimas: personas menores de edad

A Paola Santillán le costó una década poder hablar sobre la violencia que ejercieron contra ella cuando tenía 15 años, en un intento fallido de suprimir su orientación sexual.

“Diez años me costó entender lo que había vivido. Entender que no había justificación alguna para lo que me pasó. Diez años me tomó saber que lo que viví tiene nombre y apellido y que fue un acto dantesco. Cuando escuché otras historias me di cuenta que no era la única y que a la mayoría nos pasó siendo muy jóvenes”, recuerda en entrevista Paola, quien hoy coordina el programa Mujeres Diversas de Yaaj (organización mexicana en defensa de los derechos humanos de la población LGBTI+). 

En México no existen cifras oficiales para saber cuántas personas LGBTI+ están siendo o han sido sometidas a ECOSIG. Mucho menos sabemos en cuántos lugares se ejercen estos métodos violatorios de derechos humanos. Pero de acuerdo a un dossier publicado por Yaaj, la mayoría de las víctimas son jóvenes menores de edad que deciden salir del closet con sus familias.  

¿Cómo y dónde se dan los ECOSIG en México?

“Me encontraba dormida en el auto mientras mi papá conducía. Abrí los ojos y vi un letrero con la leyenda ‘Hospital Juan N. Navarro’. En ese momento lo intuí. Traté de negociar con mi papá y fue imposible. Acepté ingresar para demostrar que no tenía nada malo. ¿Qué más podía hacer? ¿A quién podía acudir? Tenía que obedecer… Estuve internada seis semanas. Mis padres me visitaron hasta la tercera. Cuando me regresaron a casa, estuve más de un mes encerrada. Tuve que obligarme a desbaratar quién yo era, para construir a la hija que querían”.

Este es el testimonio de una joven lesbiana de 16 años, registrado en la Encuesta Nacional sobre Discriminación y Juventudes que elaboró pla Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

Más testimonios han sido rescatados por organizaciones que acompañan a personas que fueron sometidas a estas prácticas y dan cuenta de algunos de los métodos utilizados. Desde pseudo terapias psicológicas, privación de la libertad, exorcismos religiosos, medicalización forzada, violencia económica, intervenciones cerebrales o en otras partes del cuerpo (como electroshock) hasta las llamadas “violaciones correctivas”. 

El mito sobre centros de “terapia de conversión”

“En México la gente llega a pensar que estos centros de ‘terapia de conversión’ se anuncian como tal y en realidad no operan así. Operan de manera fraudulenta en lugares conocidos como granjas, anexos, centros de rehabilitación de adicciones o salud mental y es ahí donde encontramos lagunas y una pugna: la de exigir a las autoridades sanitarias y de salud que estos lugares sean auditados, pues muchas veces operan sin permisos: ni médicos, ni de funcionamiento, operan en la ilegalidad«, explicó Ninde Moire (abogada feminista y acompañante en México Igualitario, organización por la defensa de los derecho sexuales) durante el conversatorio “Mecanismos de respuesta frente a las ‘terapias de conversión’”

También advirtió: «en estos ECOSIG están involucrados muchos actores y vamos a encontrar que casi siempre los primeros suelen ser las madres y padres; pero también grupos religiosos, profesionales de la salud o pseudoterapeutas y personal que forma parte de lugares en donde hay privación ilegal de la libertad”.

Se modernizan en pandemia

“En este contexto de pandemia se han exacerbado estas formas de violencia. Inclusive en nuestros grupos de atención directa (de Yaaj) hemos observado cómo el fenómeno también se ha modernizado. Y hemos visto aparecer `terapias de conversión’ en línea a través de webinars que prometen curar la homosexualidad o la transexualidad y desarrollar la heterosexualidad en tan solo cuatro meses”, comentó Paola.

La encuesta Impacto diferenciado de la covid-19 en la comunidad reveló en febrero de 2021 que el espacio familiar fue el entorno donde mayor discriminación experimentaron las personas LGBT durante la pandemia en 2020, “con reacciones negativas que fueron desde el rechazo hasta contactar a personas que puedan ‘cambiarles’”, explica el informe. 

Según la misma fuente, un 39.29% percibió que se mantuvieron igual que antes de la pandemia los intentos de su familia por someterles a una ‘terapia de conversión’. Mientras que un 25% reportó un aumentó en la sugerencia de ser víctimas de estas prácticas.

“Desde nuestros programas de base hemos visto que la historia se repite en diferentes caras y diferentes contextos y territorios, pero es la misma historia: rechazo, discriminación, (y) violencia que genera un daño irreparable a nuestra salud mental a lo largo de nuestra vida adolescente y adulta y en el peor de los casos, orilla a las juventudes y a las infancias LGBTI al suicidio”, advierte Paola. 

Cómo hacer frente a los ECOSIG

En la Ciudad de México, Estado de México, Baja California Sur, Yucatán y Zacatecas se han tipificado los ECOSIG como un delito y ya figuran dentro de sus Códigos Penales. Las sanciones para quienes los ejerzan van de un año a cinco de prisión, dependiendo la entidad. Además, propuestas como éstas ya se impulsan en Guanajuato; Sinaloa; Querétaro, Jalisco, Quintana Roo y a nivel federal.

Foto: gentileza Yaaj

La organización Yaaj ha sido una de las principales impulsoras de estas reformas. Y sobre ello, Paola Santillán explica:“Hemos impulsado estas leyes pero entendemos que no son la solución final a este fenómeno y no se elimina la práctica como tal, sino que debe verse como una estrategia más frente a estas prácticas inhumanas. Pero lo que no se nombra no existe. Y que haya un delito nombrado como tal puede ayudarnos a mapear la problemática, a recabar datos y porque una vez reconocido el delito, el Estado tiene la obligación de prevenirlo y trazar rutas. Y ojo, no se trata de meter a nuestra familia a la cárcel, sino que va en contra de quienes las ejercen y lucran, desde el odio, con la desinformación de las familias”.

Como sobreviviente, Paola afirma que cuando se tipificó este delito, representó para ella “justicia y reparación del daño”. Agrega: “fue la resignificación de mi propia vendetta (venganza), de reafirmar mi proceso de sanación, de resistencia y resiliencia, de hacer lo personal político porque no debió pasarme, ni debe pasarle a otra joven ni personas LGBT. Nunca más”.

De acuerdo a información de Yaaj, a un año de tipificarse los ECOSIG en la Ciudad de México, al menos 33 carpetas de investigación se han abierto por ese delito. 

Las implicaciones jurídicas de restringir los ECOSIG han llevado a ciertos debates y distintas perspectivas. Para la abogada Ninde Moire, quien también ha acompañado casos de ECOSIG, este delito “en la materialidad y la operatividad es difícil comprobarlo, no hay garantía”, dice. 

“Hay esta imagen de que a través de las denuncias de las víctimas se van a cerrar estos anexos. Y no es así. El Estado no está escuchando las verdaderas demandas de las víctimas de ECOSIG. Son varias aristas las que tenemos que contemplar: qué pasa después de una ‘terapia’, después de una denuncia, quién acompaña a las víctimas en el proceso y después de una liberación de estos lugares ¿dónde está el Estado mediando para que haya una reintegración a la sociedad y la familia después de vivir esta violencia?»

Moire considera que no es suficiente el tema de la denuncia. «Estas personas por lo regular quieren volver a su núcleo familiar. Creo que desde el Estado habría que tener una responsabilidad de buscar medidas de no repetición, de reintegración, sanación, ofrecer otro tipo de reparación si el deseo de la víctima no es la vía penal”.

¿Qué pasa en estados sin delito de ECOSIG?

En estados donde aún no existe la tipificación del delito de ECOSIG, Ninde Moire explica que se pueden denunciar estas prácticas a través de otros delitos como abuso sexual, acoso, lesiones, privación ilegal de la libertad, tortura. “Desde el punto de vista legal, esos delitos tienen una penalidad mucho más grave que el delito de ECOSIG”. 

En Jalisco, por ejemplo, Andrés Treviño, director de Diversidad Sexual del gobierno, explica que emprenden búsquedas de personas no localizadas con perspectiva de diversidad sexual por medio de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y documentan este tipo de violencias. En dos años han registrado al menos seis casos de ECOSIG en la entidad.

“Ante la ausencia de legislación específica, los reportes por desaparición nos permite accionar mecanismos de búsqueda en donde ya se tiene ubicado que se practican estas ‘terapias de rehabilitación’ y la documentación nos permite visibilizar que en Jalisco existen, han existido, hace diez años el gobierno de Jalisco las financiaba”, afirmó Treviño durante un conversatorio organizado por Yaaj en mayo pasado. 

Para la abogada Moire, “como movimiento de derechos humanos tendríamos que cuestionarnos qué vías son las que estamos pidiendo y si no es que a través de ésa (tipificación) que estamos legitimando al Estado en su falta de hacer su chamba (trabajo), que desde mi percepción antipunitivista, es la vía más fácil que tiene para resolver un problema y las disidencias sexogenéricas merecemos otras respuestas”. 

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