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Para las personas trans paraguayas, la respuesta del Estado es la cárcel
Las personas trans son el eslabón más vulnerable en las cárceles paraguayas. El sistema penitenciario agudiza una discriminación que ya existe en la sociedad hacia la población LGBTI, en general, y a las personas trans, en particular.
Yanina Monserrat tiene 21 años y está a 13 días de salir de prisión, pero lo dice en voz baja para que nadie se entere: “Cualquier cosa puede pasar”.
En 2014, cuando Yanina entró a la Penitenciaría Nacional de Emboscada, un guardiacárcel le pegó con una cachiporra de madera en la espalda y le cortó el pelo cortito. En otra ocasión, la encerró junto con otros 17 presos. Casi la violaron. “Pasamos entre 20 personas y dos personas trans, pero solo a mí me pegó y me cortó el pelo sin decirme nada. Lo amenacé con denunciarlo y me dijo que no iba a valer de nada mi denuncia, entonces me callé nomás”, cuenta Yanina hace dos años.
El guardiacárcel le pegó en la espalda, en los pies y brazos, con cachiporra. Yanina le mostró las marcas en su cuerpo a su mamá pero no quiso hacer la denuncia. Peor que eso era que la enviaran a otro centro penitenciario. Obligarlas a cambiarse de ropa y cortarles el pelo está entre las formas de discriminación y violencia más comunes dentro de las penitenciarías. Así como trasladarlas arbitrariamente a otros penales, negociar sus celdas con tercerxs y someterlas a explotación, abusos y violación.
Las personas trans fueron históricamente sujetxs de exclusión social, trans-odio y violaciones de sus derechos humanos. Y no solo en Paraguay. Cualquier persona detenida está sometida a un régimen de tortura, está alojada en condiciones inhumanas de detención, en lugares sobrepoblados y hacinados. Donde entra una persona hay más de cinco, y si no tenés condiciones materiales, dormís en el piso, comés alimentos podridos o pasás hambre.
De acuerdo con los datos del MNP de mediados del 2020, la población penitenciaria de Paraguay alcanzaba a 13.925 reclusxs. De ellxs, según el Ministerio de Justicia, al menos 37 son personas trans a nivel país. La mayoría de las personas trans están presas sin condena, pero esta situación también es extensiva al resto de la población penitenciaria: el 71,7% de las personas privadas de libertad en Paraguay no tienen condena. Pero las personas trans están expuestas a un sistema que se caracteriza por una división estricta entre los sexos, en una lógica binaria y heteronormativa, que las violenta doblemente por ser travestis y trans.
Guardiacárceles, los primeros agentes de la violencia
“Vos tenés dos sistemas paralelos más o menos. Están las leyes, los reglamentos, los protocolos pero cómo funciona la cárcel es otra cosa. Todo depende de los guardiacárceles. Si vos hablás con los directores o directoras, los mejores intencionados te dicen que contra eso no pueden hacer nada”, reflexiona Mirta Moragas, abogada y activista feminista. Trabajó directamente con lesbianas privadas de libertad.
Los traslados son otra forma de ostentar poder. Si la persona privada de libertad es de Asunción y cae presa, puede pasarle que el guardiacárcel decida enviarla al departamento de Concepción (300km de la capital) solamente porque le cae mal. Ahí se pierden los contactos con las redes afectivas, como la familia, y de apoyo, como las organizaciones de derechos humanos que supervisan las condiciones del encierro y alcanzan recursos.
Yren Rotela es activista trans y defensora de derechos humanos y hace años trabaja de manera articulada con el Ministerio de Justicia, a través de la dirección de Atención a Grupos Vulnerables y DDHH. Según expresa, hay veces que en el encierro, el no tener algunos planes o desarrollos o proyectos o actividades que ayuden a la salud mental, al fortalecimiento y a pensar en esa reinserción hace que la convivencia se debilite.
“Muchas veces hay problemas entre ellas. Yo recibo algunas denuncias que, cuando tienen un pabellón, muchas veces esos pabellones o esas celdas se venden, entonces ellas terminan siendo pasilleras. Y siendo pasilleras también tienen muchas dificultades. Por eso se hacen esos traslados, y, a menudo, por buscar una celda o un pabellón, ellas se van”, apunta.
Los funcionarios no tienen ningún tipo de capacitación específica con relación a derechos humanos. “Muchas veces, en las cárceles les obligan a cortarse el pelo o a vestirse como varón. Mientras sigan estando en cárceles de hombres va a seguir siendo un problema porque son el eslabón más vulnerable y más vulnerado. Todo el tiempo, son víctimas de ataques, de agresión y de discriminación”, observa Dante.
El ex-comisionado del MNP coincide en que los guardiacárceles son los agentes principales de la violencia pero reconoce que en la cárcel hay distintos sectores que están, generalmente, gerenciados o explotados por otras personas privadas de libertad. “Nosotros, en los relatos que recuerdo específicamente, muchas de ellas referían haber sido víctimas de discriminación, ataques o violencia por parte de otras personas privadas de libertad. Muchas veces, eso en connivencia con los guardias y, otras veces, por afuera”, matiza.
“La respuesta siempre es el encierro”
“Yo enviaba (droga) sobre pedido”, cuenta Yanina, tendida sobre su cama mirando al vacío. “Un muchacho me dijo que vendía pero una de mis amigas envidiosas me dieron akase (dolor de cabeza, en guaraní). Si querían una caja de crack y tres de cocaína, yo llevaba, ellos me pasaban la plata y yo les entregaba. Pero la otra le robó a un tipo y me llevaron a mí en la comisaría porque estaba con ella. Ahí me revisaron y tenía un teléfono y 800.000 (guaraníes). Encontraron en mi carterita la droga”.
A Yanina la detuvieron por “cómplice de robo agravado” en 2014. La condenaron a 8 años, pero después de apelar le redujeron la pena a 5, y salió en 2019. En ese momento, en Tacumbú había 15 mujeres trans privadas de libertad. De ellas, cinco eran amigas de Yanina, a las demás solo el saludo y “hasta ahí nomás”. Le gustaba ver películas, novelas y escuchar música en YouTube. El celador le deja usar el celular, aunque está prohibido. Con eso hace videollamada con su abuela y escucha Natti Natasha.
“A nosotras nos dan prisión, no nos dan, por ejemplo, un arresto domiciliario u otras alternativas. La respuesta siempre es el encierro”, expresa Yren Rotela, activista trans y defensora de derechos humanos. “Eso pasa cuando un fiscal nos imputa por el hurto de 100.000 guaraníes (15 dólares). No estoy juzgando el hecho sino el proceso judicial. En la lógica de la presunción de inocencia no entramos nosotras, porque siempre somos culpables. Y eso tiene que ver con los prejuicios, las discriminaciones y los tabúes que tiene todo este aparato judicial”, sostiene.
Al igual que afuera de las cárceles, adentro, las personas trans son particularmente afectadas por los problemas estructurales que caracterizan a los penales del país. El hacinamiento, la corrupción o el autogobierno aumentan la vulnerabilidad del colectivo ya expuesto a todo tipo de abusos.
La cárcel de Tacumbú, un riesgo para las personas LGBTI
Tacumbú presenta los niveles de hacinamiento y sobrepoblación más altos de todo el país, y es un riesgo para las personas LGBTI detenidas. Ya en el 2013, tanto el MNP como la CIDH apuntaron a las deficientes condiciones materiales en las que se encuentran las personas trans detenidas allí, además de la violencia y discriminación a las que están expuestas. Esto se detalla en un documento coordinado por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), con sede en Ginebra.
“El penal es lo que los guardiacárceles quieran y organicen. Y ahí también hay privilegios que, obviamente, son de clase, y hay muchas violencias contra las personas trans. Es un mundo paralelo y, en ese mundo, siempre terminan perdiendo las personas trans. Las más desamparadas afuera, son las más desamparadas adentro. Porque lo único que me iguala, eventualmente, es la plata”, sostiene Mirta Moragas.
Sin embargo, en la cárcel se da un fenómeno extraño de sobrerrepresentación de la población LGBTIQ+. El 30 de abril de este año, el Ministerio de Justicia, a través de la Resolución N° 302, aprobó la incorporación de la categoría “LGBTIQ+” a la planilla del parte diario de los establecimientos penitenciarios. El parte diario penitenciario distingue a personas extranjeras, indígenas, con discapacidad y ahora también ya tienen una casilla LGTB. “Nadie reconoce que existimos pero en la cárcel sí nos reconocen”, dice Moragas.
Un protocolo de atención a PPL trans
El 24 de agosto de 2015 se aprobó el Protocolo de atención a personas trans privadas de libertad, que está vigente por resolución Nº 744 del Ministerio de Justicia. En él establecen el objetivo de mejorar la atención a las personas trans privadas de libertad y garantizar un trato no discriminatorio. También menciona que las personas trans privadas de libertad no deben ser objeto de ningún acto degradante, se les debe garantizar el acceso a la salud, dejar constancia de los nombres sociales, la generación de datos estadísticos y capacitar al personal para el trato adecuado a las personas trans.
“Hubo un acercamiento de derechos humanos a las organizaciones, en general. Pero por más de que se registre la cantidad de personas LGBTI en el parte diario, no había un listado organizado para identificar fácilmente a las personas o para hacerle seguimiento. Otra cuestión es que los protocolos pueden ser muy lindos pero, no se cumplen”, observa Leguizamón.
En abril, el Ministerio de Justicia anunció que habilitaría un pabellón en la Penitenciaría Padre Juan Antonio de la Vega para albergar exclusivamente a personas trans. El objetivo es disminuir la discriminación entre lxs presxs. Víctor Manuel Benítez Salinas, director de Atención a Grupos Vulnerables, en conversación con Presentes, dijo que, en ocasiones, como las penitenciarías están rebasadas no están asignados los pabellones exclusivos para ellas.
“Hay un compromiso de acompañar. Por un lado, yo, como defensora de derechos humanos, las organizaciones trans y travestis de Panambi y lxs compañerxs LGBTI de la Red Paraguaya de la Diversidad Sexual (Repadis). Todavía el pabellón es un pedido que se viene haciendo insistentemente porque creemos que puede ser una de las formas para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y pensando en esa reinserción social real”, opina Yren.
Olvidadas en pandemia
La pandemia de la covid-19 agravó el panorama que ya existía para las PPL. Dentro de los efectos negativos para el goce de los derechos de las personas trans destaca la ausencia de elementos de limpieza personal, de acceso al agua potable, a los servicios de salud, a la alimentación y el espacio físico.
De acuerdo al informe de 2020 de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) lo que se mantiene constante a través del tiempo es el aumento exponencial de la población penitenciaria. Las carencias estructurales del sistema no solamente exponen a un elevado riesgo de transmisión de la covid-19 a toda la población de PPL sino que obligan al Estado a realizar el doble de los esfuerzos para afrontar esta situación.
Marie García, de la organización Panambi, opina: “En este contexto de pandemia todo empeoró. Sabemos que la situación de las chicas del penal es deplorable de por sí pero fue muy difícil para ellas dejar de recibir visitas. En nuestras visitas como organización ya no podemos llegar hasta donde están ellas. Pudimos acercarles algunos víveres pero sabemos la situación de nuestras compañeras en el penal. Muchas están con adicciones, no acceden a su medicación y son víctimas de explotación sexual”.
Moragas explica que las visitas son fundamentales para el sostén emocional de las personas privadas de libertad. Pero todo es una cadena: si no hay visitas, no hay soporte afectivo ni económico y no mejora la calidad de vida. “En el caso de las mujeres cis hay un abandono porque hay, en el fondo, un reproche moral por su comportamiento. En el caso de las personas trans, todas, mayoritariamente, fueron abandonadas en sus familias de origen”.
Las familias que tienen en la práctica son sus propias compañeras y amigas trans. Hay un abandono generalizado de las familias de origen y luego un reemplazo por las familias trans. “Aunque, teóricamente es una institución pública, todo está privatizado de facto y si vos querés comer algo que no tenga gusanos, si querés fumarte un pucho o algo más o menos decente, se paga”, cuenta Moragas.
Las visitas no son un privilegio, son un derecho y tiene que ver con la vida afectiva y social de las personas que están privadas de libertad. “Es muy horrible porque el primer castigo que te dan en la cárcel por cualquier cosa que hagas es sacarte tus visitas”, continúa.
Tanto Yren como Marie también señalan la violación a la confidencialidad del estado serológico de las personas trans como otra de las situaciones más frecuentes en pandemia. Como muchas se dedican al trabajo sexual y no quieren que el resto de la población penitenciaria se entere que son personas que viven con VIH, no retiran sus medicamentos y no acceden al tratamiento dentro del penal.
“El tema de los ARV (antirretrovirales) es una odisea. Nosotras dejamos ahí la medicación pero pocas se van a retirar por el tema de que el resto se entera cuando los funcionarios gritan sus nombres. O muchas lo reciben y vuelven a tirar. Con este convenio que estamos trabajando con Panambi, la Repadis y el Ministerio de Justicia yo creo que muchas cosas van a mejorar”, considera Marie. Pero todo empieza con un pabellón.
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