La madrugada del 21 de agosto Catalina Santos de 23 años fue perseguida y asesinada en el municipio de Atizapán (Estado de México). Dos semanas después, el 5 de septiembre Devanny Cardiel, quien ayer cumpliría 40 años, fue asesinada en León, ciudad de Guanajuato, un estado al centro de México. 

Ambas mujeres eran activistas reconocidas por defender los derechos de las personas trans en sus comunidades. Para ambos crímenes las Fiscalías correspondientes no detallan si investigan con perspectiva de género o si aplican el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género. Por su parte, activistas reclaman que no haya impunidad. 

Nadie auxilió a Catalina

Catalina Santos fue perseguida por varios minutos antes de ser asesinada con saña en la colonia Tepalcapa, municipio de Atizapán, Estado de México, así lo reportaron varios medios locales. 

El activista Manuel Rivera informó desde el lugar y denunció que después de más de dos horas del asesinato, ni policías, ni integrantes de la Fiscalía local se hicieron presentes, pese a los reportes que se hicieron al 911 (número de emergencia). 

Esa noche Rivera reportó en vivo y comentó “es triste ver el cuerpo de una mujer transexual tirado en la calle. Hoy la comunidad trans de Atizapán pierde a una de sus miembros. Es lamentable la violencia hacia las mujeres, los hombres, la comunidad LGBT+ que se vive en nuestro municipio, es lamentable que una persona de la comunidad trans haya sido asesinada”. 

El cuerpo de Catalina pasó más de seis horas bajo la lluvia sin recibir atención. De acuerdo a Rivera, al lugar solo llegó una patrulla que acordonó la zona y hasta después de las seis de la mañana elementos de la Fiscalía. 

“Es indignante, cómo es posible que una persona termine de esa manera, cómo las autoridades no actúan de manera inmediata… condenamos este hecho como un crímen de odio”, dijo en una entrevista con un medio local. 

Presentes se comunicó con la Fiscalía del Estado de México al cuestionar por los reportes de emergencia y si investigan con perspectiva de género, respondieron: “no tenemos información sobre reportes del hecho pero elementos de la Fiscalía sí se presentaron al lugar. Ya se abrió una carpeta de investigación”. No dieron más detalle.  

De acuerdo al Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT, 5 mujeres trans han sido asesinadas en lo que va del 2021 en el Estado de México, dos de ellas en Atizapán.

El pedido de justicia en la periferia

“Catalina, exigimos justicia por ti, porque no callaste, porque luchaste por nosotres”, gritó una integrante de Ágora (organización de jóvenes mexiquenses dedicada a la prevención de la violencia de género) afuera del Palacio Municipal de Atizapán, el 4 de septiembre, durante una manifestación que buscó descentralizar la protesta contra la violencia transodiante. 

Ese día en la explanada del Palacio había menos de diez personas manifestándose y es que, no es lo mismo protestar en la ciudad que en la periferia. En Atizapán y otros municipios del Estado de México las protestas feministas han sido reprimidas por la policía. “Pese a que aquí se ha torturado, perseguido, abusado a activistas feministas, pensamos importante salir a la calle porque no se está hablando lo suficiente del crimen de Catalina”, dijo a Presentes un integrante de Ágora.

“Estamos hartes, angustiades y enojades de la violencia en las calles para las personas trans que habitan Atizapán y otros municipios del Estado de México. La periferia resiste. El asesinato de Catalina no es un caso aislado, es un síntoma de un sistema intolerante,odiante, intransigente e impune. Exigimos justicia por todas las mujeres trans asesinadas en el Estado de México…¡su voz seguirá sonando!”, reclamaron. 

Durante la manifestación estuvo presente la Brigada Marabunta, organización que acompaña y brinda apoyo durante protestas. 

El asesinato de Devanny “no fue un ajuste de cuentas, es un crimen de odio”

Cerca de las ocho de la noche del 5 de septiembre, Devanny Cardiel de 39 años fue asesinada al interior de su estética, que también era parte de su domicilio, ubicado en la ciudad de León, Guanajuato, un estado al centro del país. 

“Vecinos escucharon disparos, llamaron a paramédicos y confirmaron que tenía balazos en el pecho y así nos la arrebataron. Nos arrebataron a una mujer solidaria, amistosa, alegre, luchadora”, comenta a Presentes un amigo que conocía a Devanny desde hace diez años, y que por seguridad, prefiere mantener el anonimato. 

Devanny era originaria de Silao, una ciudad cercana a León. Su amigo cuenta que tuvo que abandonar su casa a los 16 años por la violencia y rechazo que recibió de su familia por ser trans. 

Y es que Guanajuato ha sido uno de los estados históricamente más conservadores de México. Además, el robo de combustible; las disputas territoriales entre grupos del narcotráfico; la actual estrategia de seguridad: mantener al ejército y la Guardia Nacional en las calles; la negación e impunidad de violaciones graves a derechos humanos como la desaparición de personas y la crisis forense, y la creciente violencia feminicida lo han convertido, en el último lustro, en uno de los estados más violentos.

En ese contexto el asesinato de Devanny ha sido nombrado por varios medios locales como que se trató de un “ajuste de cuentas” y lo vinculan al narcotráfico. Activistas y amistades desmienten la versión de la prensa y recalcan que se trató de un crímen de odio y exigen que la Fiscalía lo investigue como tal. 

“Conocíamos a Devanny, era una luchadora social. Su asesinato no fue un ajuste de cuentas, fue un crímen de odio que está afectando a toda la comunidad, una comunidad que no está segura y no se siente segura, ni por las autoridades ni por el contexto de violencia”, comentó a Presentes, un activista integrante de la organización Pride León, que por razones de seguridad prefiere mantener su anonimato.

“En Guanajuato es difícil alzar la voz”

Además, la religión católica ha tenido un peso importante en la sociedad y el poder legislativo del estado. Actualmente, Guanajuato no cuenta con leyes ni reformas que garanticen el derecho a la identidad de las personas trans, el matrimonio igualitario o la prohibición de los ECOSIG (esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género).

Tampoco hay cifras oficiales sobre la violencia letal contra las personas LGBT+. En ese sentido, Pride León ha registrado al menos 18 crímenes por prejuicio contra personas LGBT+ de 2015 a la fecha. Además, la iniciativa Visible (una herramienta de denuncia ciudadana de ataques contra las disidencias sexuales) tiene registradas de 2017 a la fecha, al menos 54 agresiones que van de los insultos a violencia sexual. Del total, 12 han sido contra mujeres trans. 

El contexto de violencia, la influencia de la iglesia católica y la negación de derechos de las personas LGBT+ en Guanajuato también limitan las formas de protesta y exigencia de una vida libre de violencias. Y por ahora, el pedido de justicia por el asesianto de Devanny se mantiene cauteloso. 

“Como comunidad nos mantenemos reservados aún para alzar la voz, en primera por la familia, porque vamos a respetar el proceso de justicia que quieran llevar. Y en segunda porque alzar la voz en Guanajuato es difícil, exigir justicia aquí es distinto. No podemos ser tan radicales en un contexto tan violento, preferimos, por seguridad, ser prudentes y no hacer ruido… por ahora”, explicó a Presentes el amigo de Devanny.