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Indígenas, campesinos y LGBT de Guatemala hicieron un paro plurinacional histórico
Los reclamos principales del paro apuntaron a la corrupción del gobierno actual, la “mala gestión” de la pandemia, el aumento de precios de los alimentos básicos y la exclusión de las poblaciones indígenas de las políticas públicas con impacto.
El jueves 28 de julio, Guatemala vivió un hecho histórico: un paro plurinacional protagonizado por pueblos indígenas contra el gobierno del presidente de la República, Alejandro Giammattei. En él participaron distintos sectores de la sociedad civil, principalmente pueblos originarios y mujeres indígenas pero también organizaciones de la diversidad y personas independientes. Fue convocado por la Asociación de los 48 cantones de Totonicapán, la alcaldía indígena de Solola y diversas organizaciones, en rechazo al despido del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, para exigir la renuncia del presidente Giammattei y de la fiscal general, Consuelo Porras, y además sentar las bases de una lucha para alcanzar un Estado Plurinacional.
El paro plurinacional “tuvo dos objetivos profundos”, explicó Ana López, abogada maya y ex directora ejecutiva de la Defensoría de la Mujer Indígena, a Presentes: “Uno es la inconformidad por el despido ilegal que se dio del ex fiscal Juan Francisco Sandoval de parte de la actual fiscal del Ministerio Público de Guatemala (Porras) debido a que el ex fiscal ha tenido una actitud independiente y con mucha objetividad en la investigación dirigida a funcionarios vinculados con actos de corrupción. El otro objetivo fue contra el gobierno, específicamente al presidente de la República, por incumplimiento de deberes”.
Desde las 4 de la madrugada comenzaron los bloqueos de los distintos puntos de acceso a la capital del país, Ciudad de Guatemala. Allí la convocatoria a movilizar estuvo pautada para la 6 de la mañana y los participantes se movilizaron a pie desde el Parque Morazán hasta el Ministerio Público, y desde allí hasta la Plaza de la Constitución, también llamada Plaza de las Niñas en honor a las 41 niñas y adolescentes que murieron en el incendio del hogar Virgen de la Asunción en 2017. La acción de lucha fue persistente pese a la lluvia que acompañó la jornada y se replicó en distintos departamentos donde hay presencia de organización indígena.
Campesinos e indígenas contra la corrupción
Los reclamos principales del paro apuntaron a la corrupción del gobierno actual, la “mala gestión” de la pandemia, el aumento de precios de los alimentos básicos, la “mala respuesta” a las tormentas de Eta e Iota del 2020 y a la exclusión de las poblaciones indígenas de las políticas públicas con impacto.
López explicó que el valor agregado de esta movilización es que “salieron los campesinos, los indígenas, las mujeres indígenas a tomar las carreteras y a repudiar los actos de corrupción porque a causa de ellos existe la pobreza extrema en las comunidades: no hay acceso a salud, acceso a educación, no hay en toda Guatemala carreteras, desaparecen los presupuestos”. Además destacó que la medida no se dirigió solamente al presidente Giammattei, sino también a las autoridades locales, específicamente a los alcaldes municipales.
El paro plurinacional del 29 de julio se dio en un marco de movilizaciones que comenzaron recientemente y se extenderán en el tiempo, aseguraron sus concurrentes. Estas acciones forman parte de un proceso en el cual principalmente los pueblos originarios exigen una nueva asamblea plurinacional constituyente en el país, en la cual se propone una nueva forma de Estado que tenga en cuenta a los sectores excluidos históricamente.
“Más de 150 pelones”
Durante las recientes manifestaciones surgió un movimiento que cobra relevancia: los “más de 150 pelones”. En respuesta a las medidas de lucha, el presidente Alejandro Giammattei había expresado que quienes se manifestaban en la Plaza de la Constitución en su contra eran sólo unos “150 pelones”. La ciudadanía adoptó esta frase y la acogió como una bandera para demostrar que son muches más e incluso algunas de ellas se raparon el cabello en la plaza como símbolo de lucha.
En este contexto, el 23 de julio pasado la fiscal general, Consuelo Porras, destituyó al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, lo que para Carlos Romero Prieto, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH de Guatemala (REDNADS), fue “la gota que rebalsó el vaso”.
En este sentido, Romero Prieto destacó otros de los reclamos que hicieron estallar la paciencia del pueblo de Guatemala. Uno de ellos es el “mal manejo de la pandemia”. “No está vacunado más que el 10% de la población y el 75% del territorio está en alerta roja por el alto índice de casos. Además, el sistema hospitalario que ya era deficiente está más desbordado y en ningún hospital reciben gente porque no hay más espacio. En este marco causa indignación saber que las pocas vacunas que llegan son por donaciones”, graficó el también integrante de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC).
Para Ana López, “los pobres, las poblaciones indígenas y las mujeres indígenas no son prioridad en la agenda de los que están gobernando”. Y para demostrarlo, explicó: “Tenemos una legislación que garantiza los derechos de los pueblos indígenas, que garantiza los derechos de las mujeres, tenemos también políticas públicas relativas al desarrollo integral de las mujeres: el problema acá es que no hay voluntad política tanto de a nivel nacional y local para implementarlas”.
Por eso, explicó López, “se ha pensado en desaparecer la Constitución y hacer una nueva, una que venga desde la visión de pueblos indígenas y mujeres indígenas en Guatemala. Ese es nuestro gran desafío. Por eso nuestro sueño es un proceso de asamblea constituyente plurinacional”.
En esta línea, Romero Prieto agregó que existe en Guatemala “una visión muy superficial de amparo hacia las comunidades originarias” y que “hay una política bien fuerte para el despojo de los territorios en la que los grandes capitales se han apropiado de los territorios para cultivos masivos”. “Los pueblos originarios están cada vez más arrinconados y no hay protección hacia ellos”, resaltó.
Además destacó que “hay mucha criminalización hacia la defensa del territorio”. Y aseguró que el año pasado “mataron a una cantidad enorme, más de veinte, de defensores del territorio”, a lo que se suma que también en el 2020 fueron asesinades seis defensores LGBTIQ: “algo que no habíamos vivenciado antes”, detalló Romero Prieto.
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