31 de marzo de 2021

Compartir

Compartir

Share on FacebookShare on Facebook TweetShare on Twitter Share on WhatsAppShare on WhatsApp

SUSCRIBITE AL NEWSLETTER

Apoyanos

Por Ivana Romero

Ilustración: Florencia Capella

Wendy Espinoza es inmigrante peruana y tiene 42 años. Ella es una de las 13 mujeres trans que permanece en el Complejo Penitenciario IV de Ezeiza desde el inicio del confinamiento obligatorio por la pandemia, en marzo de 2020. Si bien el Servicio Penitenciario Federal les provee de barbijos, lavandina y jabón, Wendy y sus compañeras aseguran que las condiciones de limpieza, que ellas mismas garantizan, están lejos de ser adecuadas. A eso se le suma, agregan, que muchas debieron discontinuar tratamientos de hormonización o por infecciones crónicas como el HIV. Es que los chequeos médicos se enlentecieron “y siguen sin contemplar las necesidades específicas de nuestro colectivo, distintas a las de mujeres cis”, explican. Lo mismo ocurrió con la continuidad de las causas judiciales de las personas privadas de libertad, que de por sí marchan con lentitud.

A un año de la expansión de la Covid-19 en el país, ¿cuáles han sido sus efectos en personas LGTBI privadas de su libertad?.“La cárcel es un modelo hegemónico de administración de castigo. Por lo tanto es expresión de un modelo cultural heterocisnormativo”, afirma Josefina Alfonsín, integrante del Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de Argentina. Este equipo forma parte, junto a diversas organizaciones, de Corpora en libertad, una red internacional de personas LGTBI+ privadas de su libertad. En estos días, Corpora se encuentra realizando un informe que amplíe la información para evaluar las condiciones de encierro de esta población a nivel regional en un contexto pandémico.

“La pandemia puso en evidencia condiciones preexistentes. La población travesti trans enfrenta altos índices de discriminación y el tránsito por los centros penitenciarios es parte de una cadena de marginaciones que involucran desde falencias en cuanto a derechos básicos como salud, alimentación o educación hasta la validación de cuestiones identitarias. También incluye la deuda históricamente pendiente de un sistema judicial no estigmatizante”, enumera Alfonsín.

Mayoría sin antecedentes y migrantes

Claudia Vázquez Haro es presidenta de Otrans, que realizó un diagnóstico de travestis y trans en situación de encierro entre 2018 y 2019 en provincia de Buenos Aires, luego de que en 2017 fallecieran cuatro militantes de esa organización: tres habían sido detenidas en La Plata y otra murió como consecuencia de un violento allanamiento policial en su casa. Otrans realizó 87 entrevistas en todas cárceles provinciales donde hay personas travestis trans. Es decir, las que dependen del Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) –la unidad Nº44 de Batán, la Nº2 de Sierra Chica y en la Nº32 de Florencio Varela–y el penal IV para mujeres de Ezeiza, que depende del Sistema Penitenciario Federal (SPF).

El 82% de las personas travestis y trans entrevistadas no tenía antecedentes; es decir, pisaban una unidad de detención penal por primera vez. Entre quienes sí habían estado presas, menos de la mitad había recibido una condena. Esto, que ocurría en el ámbito bonaerense, se replicaba a nivel federal. El informe identificó además el aumento en la cantidad de migrantes privadas encarceladas: “La mayoría de mujeres travestis y trans privadas de libertad son migrantes. Un gran porcentaje de ellas se encuentra procesada, esperando una condena firme o la libertad”, se indica.

La situación no ha cambiado. La agencia de noticias LGTBI+ Sudaka, que también coordina Vázquez Haro, divulgó desde diciembre de 2020 hasta ahora una serie de denuncias hechas por 11 mujeres travestis y trans detenidas en la alcaidía Roberto Pettinato, de La Plata. Las denuncias se refieren a maltratos, discriminación (la palabra “puto” es la punta del iceberg de una serie de discriminaciones sistemáticas y cotidianas por parte del personal), falta de insumos de higiene y medicación, encierro en cárceles de dos metros por dos metros junto a varones cis (conocidos como “refugiados” ya que están separados de los otros presos por la complejidad de los delitos que se les imputan, incluso agresiones sexuales) y la imposibilidad de tener salidas recreativas a los patios por la agresión de los otros internos. Es que esta alcaidía en principio sólo alojaba varones.

De las 11 mujeres trans detenidxs allí, diez son migrantes. Esta situación trasciende a la alcaidía e involucra a todas las cárceles bonarenses: “A la persecución por nuestra identidad de género, se suma la de ser migrante, de pueblos originarios o afrodescendientes. Los consulados rara vez se ocupan de nosotras, las familias de origen desconocen que las chicas están detenidas y en algunos casos ni siquiera quieren saber de ellas. A esto se suma la pobreza y la prostitución como única salida. Y el analfabetismo, porque muchas no pueden completar su educación, ni saben leer ni escribir. Entonces, se enfrentan de repente a un sistema jurídico del que desconocen todo”, explica Vázquez Haro.

La Justicia rechazó el informe del Comité de la Tortura

El Comité contra la Tortura, creado por la Comisión Provincial por la Memoria (CMP) en 2002, efectuó una inspección oficial y entrevistó a las travestis y trans alojadas en la alcaidía Pettinato en estos meses. Luego presentó un habeas corpus ante el Juzgado de Garantías Nº4 de La Plata, que lo rechazó. El comité abrió una instancia de apelación que aún no fue resuelta.

Al frente del comité está Antonella Mirenghi. Ella traza un mapa preliminar y dice: “La población travesti trans representa 0,2 por ciento de toda la población carcelaria. Hablamos de unas 80 personas privadas de libertad”. Se trata de personas para las que no existen políticas específicas en un sistema colapsado para todas las privadas de su libertad.

“A la falta de cumplimiento de derechos básicos, se suma el transodio del sistema penitenciario”, dice Mirenghi. En la visita a la alcaidía Pettinato, a través del relato de las personas detenidas la comisión constató la violencia que recibían por parte del personal. Por ejemplo, son requisadas por varones cuando ellas solicitan ser requisadas por personal femenino. “Durante las requisas son violentadas, insultadas, sometidas a humillaciones. Y llegan en camiones de traslados con otros varones; o sea, espacios cerrados donde nadie las escucha y donde también son violentadas, incluso sexualmente”, cuenta.

Mirenghi también apunta: “Estamos a casi nueve años de la sanción de la ley de identidad de género. Si bien visibilizó a diversas identidades, todavía no hay planificación de políticas públicas que se ajusten a esta normativa”.

Una buena noticia fue la decisión del Ministerio de Justicia de la Nación de designar a Ángeles Maribel Helguera como coordinadora en la Subdirección de Políticas de Género del SPB. Se trata de la primera oficial trans en ese organismo penitenciario.

Esto es lo que señala Lucía Portos, subsecretaria de Igualdad y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en la provincia de Buenos Aires.

“Los brotes de Covid en las cárceles no fueron tremendos. Los primeros meses de la pandemia trabajamos con el Poder Judicial y se otorgaron morigeraciones y domiciliarias para evitar contagios”, dice Portos. Sin embargo, esta decisión mostró un nuevo problema: que la población travesti trans, en especial la migrante, muchas veces no tiene domicilio donde cumplir su arresto y por eso terminan reingresando a las cárceles.

Se triplicó la población carcelaria

Además, muchas personas trans están en situación de encierro “por las políticas punitivistas del macrismo” con el ojo puesto en el narcomenudeo más que en los supuestos carteles narcos. “Por esto se triplicó la población carcelaria”, razona Portos, quien además asegura que desde fines de 2019 se están revisando estas políticas a través de una mesa de coordinación con integrantes del Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en cárceles. La funcionaria señala que el ministerio provincial también está trabajando “frente a la cantidad alarmante” de personas travesti trans que no tienen DNI, perdidos en requisas, allanamientos o juzgados, si es que lograron tramitarlos.

Si bien la funcionaria reconoce las deudas pendientes en materia edilicia, acceso a derechos básicos y formación de personal jurídico capacitado en temas de género, también señala que la pandemia agilizó los procesos de diálogo entre Estado y organizaciones “y proponer de modo conjunto medidas para revertir problemas estructurales de larga data”. 

Vázquez Haro tiene otra mirada: “La pandemia de Covid profundizó la falta de políticas que trabajen de manera específica las necesidades de las personas travestis trans. El sistema carcelario está pensado para varones cis y cualquier otra identidad no sólo no es reconocida sino que también es estigmatizada”.

“Y cuando decimos que hace falta una política integral estamos hablando, por ejemplo, de que las compañeras travestis y trans quedan alojadas en comisarías, que solo son lugares de tránsito, como el caso de Brunella Faccini en City Bell el año pasado, en contexto de Covid”, continúa la activista. Además enumera la cantidad de chicas presas sin causas firmes e incluso aquellas “a las que se les ofrece un juicio abreviado para que la causa se mueve aunque eso implique reconocer culpas que no siempre tienen en causas muchas veces armadas”.

“Nosotras tenemos tatuada en el cuerpo la experiencia de la persecución y la muerte. Por eso nos cuidamos entre nosotras. Nos conocemos y armamos redes cuando sabemos que una tiene un problema. Pero solas no podemos contra tanto odio antes y durante de la pandemia y probablemente, aún después”, sintetiza.