Por Juliana Quintana, desde Asunción

Foto: Jess Insfrán

Al grito de “Fuera Marito” y “Marito, basura, vos sos la dictadura”, en Asunción, van 3 días de manifestación ciudadana contra la corrupción. Desde el viernes 5 de marzo, la ciudadanía se moviliza en el microcentro en respuesta a la crisis sanitaria, social y económica, provocada por la pandemia, que fue desatendida por las autoridades. Hoy, bajo el lema “Vivas, diversas y con derechos”, la articulación feminista Paro Mujeres Paraguay convocó a una movilización por el #8MPy.

La exclusión a la población LGBT recrudeció durante el primer año de la pandemia de Covid-19. El año pasado, el servicio Rohendu de Aireana, grupo por las lesbianas, atendió 200 casos, entre ellos, denuncias de violencia, solicitud de asesoría y apoyo psicológico. Entre marzo y agosto de 2020, el periodo de restricciones duras por la emergencia sanitaria, el número de llamadas solicitando ayuda ante ataques de pánico, ansiedad o ideaciones suicidas creció en un 55% con relación al 2019. 

“Lo que sucede con la gente joven es que su único escape es estar con sus amigues. Salir de la casa para poder estar tranquilas y bien en un contexto de discriminación y violencia. Al obligar a la gente a estar encerrada era como que no había ningún respiro y esto se vio reflejado en las llamadas a Rohendu”, opina Rosa Posa, activista de Aireana.

Personas trans y salud

En cuanto al acceso a la salud de las personas trans, la activista y defensora de derechos humanos, Yren Rotela, explica que se profundizó el abandono estatal. No existen datos oficiales de personas trans con covid, de recuperadas o siquiera un indicador de cuántas están viviendo en condiciones de emergencia sanitaria. “Si no hay insumos para toda la población imaginate que una chica trans llegue grave a un puesto de salud. Sin medicamentos, ¿cómo va a vivir?”, expresa. 

La salud siempre se trató de un punto bisagra para la comunidad trans. Al haber sido expulsadas de su núcleo familiar, muchas viven en refugios y deben buscar la forma de pasar el aislamiento. “Nosotras nos cuidamos como podemos. Usamos tapabocas, nos higienizamos, pero estamos en peligro porque nunca dejamos de ejercer el trabajo sexual. Estamos expuestas, en la calle, porque tenemos que vivir, que comer, que pagar el alquiler. Creemos que es necesario que haya medicamentos para todas las personas sin distinción alguna”, apunta Yren.

Mujeres indígenas 

Según Perla Álvarez Brítez, militante de Conamuri, Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas, el protocolo de prevención de la covid del Ministerio de Salud para las comunidades y pueblos indígenas fue elaborado sin consultarles y sin tener en cuenta sus prácticas culturales, haciendo que se vea amenazada hasta su alimentación. “Las políticas públicas muchas veces no cuidan el derecho de las comunidades. En un momento dado, prohibieron que las personas salieran a pescar o cazar por el riesgo a contagiarse”, observa.

Algunas consecuencias de la desprotección estatal en las comunidades campesinas fue un aumento de embarazos no deseados, especialmente de niñas; falta de atención de las autoridades correspondientes a las denuncias de violencia de género y complicaciones de salud para mujeres por falta de insumos para tratar enfermedades de base, como el cáncer. “En esta situación de desgobierno que tenemos todavía en estas circunstancias de una incapacidad total para poder plantear soluciones efectivas en materia de salud”, considera Perla. 

Seis femicidios en los primeros meses del 2021

Según los registros de la línea 137 SOS del Ministerio de la Mujer, la violencia de género aumentó durante la cuarentena hasta superar las 80 denuncias por día solo en marzo del año pasado. En el 2020 se registraron 36 femicidios que deja­ron huérfanos a 51 niños y niñas, y en lo que va del 2021, suman 6 asesinatos a mujeres por razón de género. 

Michi Moragas, abogada y activista feminista, explicó que los femicidios que contabiliza la fiscalía no son todos los que ocurren y que existen femicidios que el Estado no reconoce como tales. En muchos casos, no se contabilizan los femicidios porque el agresor se suicida automáticamente después de matar a la mujer o no se abre una carpeta de investigación. 

“Existe una discordancia en los datos de ellos y los nuestros porque nosotras también incluimos transfemicidios y femicidios de mujeres paraguayas sucedidos en el exterior. Obviamente, para el Estado eso no importa, pero para nosotras sí”, refiere. 

Uno de los temas que preocupa a la articulación feminista es la falta de respuestas efectivas por parte del sistema judicial. De enero a febrero de 2021, en 5 de 10 intentos de femicidio, las mujeres ya habían denunciado a sus agresores por violencia. Dos de las seis víctimas de femicidio también.

“Los operadores de la justicia no hacen caso a las denuncias de violencia. No le dan importancia a la violencia familiar porque no lo consideran grave. Cuando llamás a la policía por un caso de violencia, no asisten a la víctima. Hay más chances de que te escuchen si denunciás un caso de robo que si denunciás uno de violencia”, apunta Michi.

En Paraguay, la Ley Nº 5.777/16 “De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia” incorpora el feminicidio como una forma de violencia y lo tipi­fica en el artículo 50 con una pena privativa de libertad de 10 a 30 años. 

ESI y perspectiva de géneros

La pandemia relegó a la gente que ya estaba discriminada a una situación de mayor vulnerabilidad. Incluir a las lesbianas en la perspectiva de géneros, implica que estén presentes en todas las medidas para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. Rosa Posa señala que es muy difícil implementar las políticas de género en todos los ministerios con un gobierno que niega hasta la palabra género. 

“Lo que queremos es que el gobierno se preocupe de toda la gente y que nosotras estemos incluidas en esa preocupación. Que todas las personas tengan acceso a la salud y, obviamente, que ni la orientación sexual, ni la identidad, ni la expresión de género sean un obstáculo para acceder a esto”, considera Rosa. 

“La ESI es fundamental. No podemos seguir hablando de escapar de la violencia si no tenemos una política de educación”, sostiene Michi, “esta tiene que eliminar las bases sociales que sostienen la violencia, como el machismo. Se trata de una base social que justifica, legitima y condona la violencia. Es de largo alcance pero hay que empezar. Si no empezamos, no vamos a llegar nunca”. 

Represión policial y encubrimiento mediático

A la renuncia del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, el viernes le siguió el pedido de dimisión del ministro de Educación antiderechos, Eduardo Petta, el jefe de Gabinete vinculado a varios casos de corrupción, Juan Ernesto Villamayor y la ministra de la Mujer, Nilda Romero. 

Desde el primer día, la policía reprimió y persiguió a lxs ciudadanxs. El viernes dispararon balines de goma y gases lacrimógenos sobre las calles El Paraguayo Independiente y 14 de Mayo. También hubo una concentración frente a la Asociación Nacional Republicana, del Partido Colorado (ANR-PC), donde las personas realizaron una sentata pacífica y pidieron “que se vayan todos”. 

Ayer, grupos autoconvocados llegaron a la casa del ex presidente de la República y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes. A partir de las 23:00, la policía volvió a reprimir con gases lacrimógenos y balines de goma. Se reportaron, al menos, cinco heridos.

El motivo principal de las manifestaciones fue la queja generalizada por la falta de insumos y medicamentos  en los hospitales que obliga a los familiares de enfermos Covid a comprarlos a precios por su cuenta. En un país en el que el sistema de salud funciona a base de rifas y las polladas de su gente, y donde pocos acceden al sueldo mínimo (G. 2.192.839, unos 329 dólares) el costo de algunos medicamentos como el Atracurio puede alcanzar hasta 115.000 guaraníes (22,51 dólares).

La movilización, que es tendencia hace 3 días en las redes sociales con los hashtags #EstoyParaElMarzo2021 y #QueSeVayanTodos, en algunos casos, piden la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez y su línea de sucesión y en otros piden, además, que el puesto no lo ocupen más miembros del Partido Colorado que domina el escenario político desde hace más de 70 años.