Texto y fotos: Concepción Oviedo

Antes de la pandemia, muchas comunidades indígenas, a cientos de kilómetros de la capital paraguaya, ya solo comían una o dos  veces por día. Con la Covid-19 la emergencia alimentaria se recrudeció y las instituciones del Estado no dieron respuestas rápidas para paliar las medidas de confinamiento. 

El 11 de marzo de 2020 se anunció la primera cuarentena y las comunidades de la región oriental y occidental asumieron la responsabilidad y establecieron acuerdos comunitarios. Tanto la comunidad de Santa Rosa del pueblo Qom (a 49 kms de Asunción, departamento de Villa Hayes) como la comunidad Tekojoja del pueblo Ava Guaraní acataron las normas de bioseguridad, quedándose en sus casas tal como lo ordenó el gobierno.

“Empezamos a hacer una asamblea en dos comunidades y el tema era cómo vamos a sobrevivir, resistir, porque se dijo que teníamos que mantenernos aislados, el uso de tapabocas y alcohol. Primero pensamos dónde podemos conseguir medicamentos y alcohol. Porque tapabocas ya teníamos planeado hacerlos a mano, pero el alcohol en gel y el alcohol en líquido se compra. Había una preocupación inmensa de quienes vivían en la comunidad. Además murió un líder, él tenía miedo porque tenía antecedentes de tuberculosis”, explica Bernarda Pesoa, lideresa Qom de Santa Rosa. 

Bernarda forma parte de la Coordinación Nacional de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri), dedicada a la lucha por el derecho de las mujeres, la defensa del territorio y la soberanía alimentaria. Su liderazgo se caracteriza por una escucha atenta y habla tres idiomas: qom, guaraní y castellano. 

“La enfermedad trajo perjuicios, vamos a morir sin tierra, de hambre y muchas otras cosas que te oprimen”, agrega en guaraní original Beatriz Rivarola, lideresa Ava Guaraní, de la comunidad Tekojoja, del departamento de Canindeyú. Ella también es una de las 300 mujeres que fundó Conamuri, y lleva años luchando por el acceso a viviendas dignas, energía eléctrica y soberanía territorial 

Beatriz es  reconocida por liderar movilizaciones  en reclamo de derechos territoriales, denunciar el avance del modelo agroexportador y la criminalización de las luchas sociales. También denuncia la amenaza de civiles armados sobre comunidades indígenas de su región. La más reciente ocurrió en Veraro durante 2020, en plena pandemia.

El aislamiento 

Anita Barreto, indígena Ava Guaraní, es una de las hijas de Beatriz y vive también en la comunidad Tekojoja. Estaba embarazada de 7 meses cuando comenzó la cuarenta; ella no pudo continuar con sus controles médicos porque la única prioridad era atender a las personas con problemas de salud por Covid. Además salir de la comunidad era  difícil por el control estricto de los puestos militares. “El día que tuve a mi bebé me trataron bien, pero antes no tomaba ningún medicamento y ni un control me hice, y los militares que estaban en la entrada te maltrataban para hacerte pasar. Si te ibas al supermercado te pedían comprobantes, era difícil salir. Yo estuve embarazada en plena cuarentena total, mi cuñada me ayudó, yo sola no iba a poder, ella es licenciada y me ayudó mucho porque trabaja en salud indígena”

Las comunidades de Bernarda y Beatriz, al igual que otras comunidades indígenas, están muy aisladas, sin posibilidad de vender artesanías, plantas medicinales o de hacer changas. Esto significó no tener ingresos para la alimentación. Para poder sobrevivir, comenzaron  a solicitar aportes solidarios a las redes aliadas y amistades.

Las artesanas de Santa Rosa tampoco pudieron salir a vender. La solución que encontraron es sacar fotos y ofrecerlas vía redes sociales. Pero se encontraron con la dificultad de hacer las entregas. Durante el mes de octubre,  el Gobierno decretó el uso obligatorio de las tarjetas electrónicas, medida que afectó a nivel nacional porque eran insuficientes. Significó un problema para la población y afectó a las artesanas de Santa Rosa, quienes debían ir a una feria a la capital para conseguir recursos para la alimentación. El único local que queda a 2.5 kilómetros no contaba con las tarjetas. Todas tuvieron que volver, tenían los billetes y monedas para pagar el pasaje, pero no la tarjeta.

Las redes de solidaridad 

Mientras el Estado se limitaba a repetir por los medios de comunicación el eslogan #quedateencasa, en Santa Rosa como en Tekojoja fueron las mujeres quienes asumieron la tarea de conseguir alimento, ante la impotencia de ver a familias sin nada que comer. 

Bernarda destaca que ellas hicieron ollas populares para poder alimentar a la comunidad, especialmente a los ancianos y ancianas, niñas, niños y embarazadas. Las realizaban una vez al día porque solo alcanzaba para eso. Cocinaban con los aportes que recibían.

Las ollas populares se han activado en barrios de periferias urbanas, en barrios de ciudades del del departamento Central, en las comunidades campesinas e indígenas. Ante un Estado ausente, alimentaron a miles de familias. El derecho a la alimentación fue posible gracias a las redes de solidaridad creadas para juntar las verduras, el aceite, el fideo o arroz y la carne, así también gracias  a una propuesta de Ley exigida por organizaciones de la sociedad civil.

Las ollas populares del Estado que nunca llegaron 

El Estado creó dos políticas públicas para ayuda económica a trabajadoras y trabajadores informales; Pytyvõ y Ñangareko. Para acceder al  mismo se debía ingresar a una plataforma para la cual se debía tener paquete de internet y conocimiento del uso de tecnologías. Esto dificultó su acceso a las  comunidades indígenas. Por otra parte, el gobierno explicó que la ayuda económica para comunidades indígenas sería el programa Tekoporã, el mismo entrega Gs. 455.000 por familia, cada dos meses. Dentro de la comunidad Santa Rosa y Tekojoja cuentan que llegó una sola vez en los meses más críticos, resaltando que quienes no estaban inscritos en el programa, quedaban fuera de todos los programas de asistencia social en el contexto de pandemia.

Luego de varios meses de  aportes solidarios, las redes aliadas y amistades estaban agotadas: la crisis económica de la pandemia afectaba a la población paraguaya en general.

La ley

A finales de julio, un grupo de senadoras y senadores presentaron una propuesta de Ley  De Apoyo y Asistencia a las  Ollas  Populares, como respuesta del Estado para garantizar la alimentación a las familias, que acudían a las ollas populares en todo el país. Tuvo sanción ficta por parte del ejecutivo el 16 de setiembre.  Se destinaron 35 millones de guaraníes que debían ser administrados por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Instituto de Desarrollo del Indígena (INDI) y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

Esta ley fue creada gracias a la lucha de mujeres, organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas, que exigieron al Estado derechos humanos básicos, atención a la salud y  alimentación.

Este recurso forma parte de la línea de crédito autorizada en el artículo 33 de la Ley de Estado de Emergencia en todo el territorio paraguayo, priorizando la compra de productos de la agricultura Campesina Familiar. La reglamentación fue elaborada por la Dirección de Contrataciones Públicas, la cual explica que son los convocantes quienes deben comunicar su procedimiento, según lo estipulado en la resolución 4272/2020 publicada en fecha 28 de setiembre:.

Un organismo que no rinde cuentas 

La corrupción en el uso de recursos públicos del crédito destinado a emergencias sanitarias fue reiterativa. La Red Nacional por el Derecho a  la  Alimentación, donde están articuladas varias organizaciones y ollas  independientes, entre ellas Conamuri (organización de mujeres campesinas  e indígenas) realizaron una movilización con olla popular el 21 de setiembre. El 23 de setiembre entregaron una nota, donde solicitaban la creación de una mesa de trabajo entre las instituciones responsables y beneficiarias/os.

El objetivo principal era velar por la transparencia del uso de dinero público y evitar que fueran a ollas fantasmas que se beneficiaran de bienes públicos. Se buscaba el control de la entrega de los productos, la reglamentación de compra de productos de la agricultura campesina y carne de comercios o frigoríficos locales. La nota presentada al INDI no tuvo respuesta alguna.

Conamuri nuevamente el 1 de diciembre presentó una nota ante el INDI, donde exhortaba a la licitación de compras de alimentos de buena calidad, tampoco hubo respuesta a este documento. Según la página rindiendocuentas.gov.py del Estado, el INDI hasta la fecha ejecutó 9.944 millones de guaraníes, de los 10 millones asignados. Ese dinero no llegó a la comunidad de Santa Rosa, que no ha recibido ningún kit de víveres. En esa misma situación se encuentra la comunidad Mbya Guaraní en el departamento de Caaguazu. 

“Nosotras nos fuimos al INDI para llevar a la mesa de entrada nuestro documento, para el INDI era muy raro, no tenían notificación alguna sobre esa Ley, al fin y al cabo, no nos beneficia”, cuenta Bernarda.

Tekojoja fue la única comunidad que ha recibido una sola vez víveres no perecederos. Les alcanzó para cocinar durante dos semanas. Beatriz enfatizó que otras comunidades Mbya Guaraní y Ava Guaraní del departamento de Canindeyu tampoco no han recibido nada. “La olla popular una vez nos llegó de Asunción para hacer y nos turnamos, nos ayudamos las mujeres y ahí no hay verduras, la carne es carne de soja. Fueron cuatro paquetes de cinco kilos de arroz, fideos, carne de soja, conserva de un litro, cuatro botellas de aceite. Nosotras sí o sí usamos 5  kilos para cocinar en la comunidad, nosotras cocinamos dos veces a la semana. Somos muchos, 58 niños, entre adultos, en total comen 130 personas”.

El INDI no presenta rendición de cuenta detallada sobre los fondos asignados con la Ley de ollas populares. A finales de agosto, Óscar Vázquez, director de logística, explicó a un medio nacional que durante la pandemia entregaron 46.000 kits víveres a 410 comunidades indígenas de la Región Oriental.

Para esas primeras entregas contaban con 8 millones de guaraníes y con la Ley de Ollas Populares tendrían que administrar 10 millones de guaraníes más, lo que significaba poder ampliar la entrega a más comunidades. Pero esa ayuda no llegó.

La situación  es crítica, hay hambre en las comunidades indígenas y hace meses ya no se  hacen las ollas populares  por falta de insumos y la producción para autoconsumo no fue buena por la sequía de 2020. 

Ante esta realidad angustiante y la ausencia del Estado, las mujeres siguen organizándose comunitariamente.

“No hay otra cosa que se pueda hacer, el gobierno de por si no ve a las comunidades, solamente se logra a través de la organización, de unirnos entre todas y todos. Podría presentarse un programa para ver a las comunidades indígenas, no solo las indígenas, también campesinas. Nosotras siempre nos rebuscamos cualquier cosa para poner a nuestra familia, todos los días. Donde no hay changa, se junta pohã ñana (remedios naturales), se sale a vender un poco para traer a los hijos alimentos y así se vive en la comunidad”, agrega Beatriz.