Por Georgina González

Fotos: Alec Velasco, Tuss Fernández y Jaime Romay

Por cuarta ocasión el Congreso del estado mexicano de Puebla retrasa la legislación de una iniciativa de reforma al Código Civil que busca garantizar el derecho a la identidad de las personas trans. Además, integrantes del poder legislativo incumplieron un acuerdo en el que se comprometieron a discutir la “Ley Agnes” antes del 15 de febrero. 

En memoria de Agnes Torres, mujer trans y defensora de derechos humanos asesinada en 2012, es que los activismos nombran “Ley Agnes” a las reformas que buscan garantizar el derecho a la identidad de las personas trans de Puebla. 

En noviembre de 2020 dos organizaciones feministas tomaran pacíficamente las instalaciones del Congreso local y propusieron como una de sus principales demandas la aprobación de esta reforma. 

“Duante 8 años, tras el asesinato de Agnes Torres, tres legislaturas se las han arreglado para ignorar nuesra existencia y obstaculizar todas las iniciativas presentadas en reconocer nuestro derecho a la identidad autopercibida y a otros derechos. La omisión y el silencio en la que hoy se refugian para no cumplir con lo pactado públicamente, representa un agravio a la confianza de las y los ciudadanos y el uso de la violencia desde las instituciones en contra de las personas trans”, manifestaron las colectivas feministas y trans durante una rueda de prensa el 3 de febrero. 

Puebla es el estado con mayor prevalencia de discriminación en México por varios motivos, entre ellos “sexo y orientación sexual”, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2017). Además, 8 de cada 10 personas trans de ese estado perciben que sus derechos “se respetan poco o nada”. 

Acuerdo incumplido

El 16 de diciembre durante una mesa de trabajo entre las colectivas feministas y la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso (Jucopo), les diputades se comprometieron a legislar la Ley Agnes antes del 15 de febrero. Pero desde entonces no formó parte de la orden del día del poder legislativo y, de acuerdo a activistas, lo y las diputadas “desconocen” de qué trata dicha reforma. 

En las semanas recientes la Colectiva Transversales, la Coordinadora Feminsta de Puebla, Coatlicue SiempreViva, otras organizaciones y personas trans han realizado diversas actividades en redes sociales y en las calles de la capital poblana para concientizar e informar sobre la importancia y urgencia de la Ley Agnes en la vida de las personas trans.

También han sido amenazadas. “De que si no dejamos la lucha se va a desatar una guerra sucia en los medios contra las colectividades trans”, alertan en un pronunciamiento. 

La importancia de la Ley Agnes

Dado que aún no existe una ley de identidad de género, algunas personas trans de Puebla se desplazan a uno de los 13 estados donde sí se garantiza este derecho. Sin embargo, al volver a su lugar de origen pueden enfrentar la omisión de parte de las oficinas de Registro Civil para hacer la rectificación y el resguardo de su acta primigenia. 

No resguardar el acta primigenia rectificada impide la homologación del resto de documentos tales como certificados de estudios; credencial para votar; información bancaria, y en consecuencia el pleno ejercicio de sus derechos como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, etcétera. 

Ante esta negativa la única alternativa actual es interponer un amparo, opción que no es accesible para todas las personas trans por lo tardado y costoso que resulta. 

Tuss Fernandez, originario de Puebla, corrió con suerte y se sabe privilegiado al respecto. Un despacho de abogados tomó su caso sin cobrarle y con urgencia lo ampararon pues el Registro Civil central del estado “alertó a instituciones alegando un uso de doble identidad”. 

En 2014 la Ciudad de México era el único estado del país en garantizar la identidad de género mediante un trámite administrativo. El día que se promulgó el decreto personas trans de otros estados acudieron para obtener su acta de nacimiento rectificada, Tuss fue uno de ellos. 

“El trámite fue sorprendentemente sencillo. Me dieron un formatito que llené en cinco minutos, entregué los papeles y estaba lista mi nueva acta de nacimiento. Fue muy reconfortante haber podido hacer el cambio y haberlo podido hacer tan rápido y fácil, el problema fue cuando llegué a Puebla”, recuerda Tuss en entrevista con Presentes. 

Tuss pasó casi cuatro años sin documento de identidad y en consecuencia no pudo acceder al resto de sus derechos en el estado que lo vio nacer. 

“Fueron tres años de juicio. Los representantes de las instituciones no contestaban, el juez solicitaba argumentos, no había. Mi abogado solicitó imponerles multa y fue entonces que respondieron (…) Era interminable. El tribunal falló a mi favor pero tuvieron que pasar 11 meses para que cumplieran la sentencia (…) Fue desgastante, humillante y frustrante, fue un trancazo (golpe) emocional que me costó terapia, una relación de pareja, oportunidades de trabajo, viajar, depresión y tristeza”.

Los abogados intentaron que la resolución fuera un antecedente para otros casos similares pero el juez sólo admitió la sentencia favorable a Tuss.

Para la abogada Jessica Marjane el derecho a la identidad en Puebla requiere que suceda “bajo el principio de celeridad”. Y añade “los cambios no se esperan hasta el último momento, hasta tener otra asesinada más, a que existan más trabas y se vuelvan más complejos los cambios. Sino es acelerar para transformar, para reducir la brecha de desigualdad, acelerar porque no tenemos otra vida más que esta (…) Nuestra vida está en el reconocimiento de la identidad porque es una deuda histórica por las compañeras que han asesinado, por las generaciones que vienen y por quienes estamos aquí. Ahí está la importancia de tener un piso mínimo de derechos, de dignidad, de congruencia y sobre todo de tener un Estado que nos vea como sujetas, sujetos, de derechos y no como objeto de violencia”. 

Cuatro iniciativas sin avances

Agnes Torres trabajó activamente para que el derecho a la identidad de las personas trans se reconociera en Puebla con un proyecto de ley que pretendía reformar artículos del Código Civil local, hizo trabajo de cabildeo con su propuesta pero ningún integrante del Congreso mostró interés en ella y el 9 de marzo de 2012 fue asesinada en Atlixco. Tenía 28 años. 

Tras su asesinato organizaciones civiles impularon en 2013 la “Reforma Agnes Torres” para continuar con su trabajo. Sin embargo, durante el último lustro las diferentes legislaturas de Puebla no discutieron ni analizaron al menos tres iniciativas —entregadas en 2016, 2019 y 2020— que buscaban garantizar el derecho a la identidad de las personas trans. 

El pasado 15 de enero, las diputadas Vianey García y Estefanía Rodríguez presentaron una versión más a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Procuración y Administración de Justicia del Congreso local. Y en ésta participaron activistas y colectivas trans con el objetivo de “ampliar la mirada y garantizar derechos” pues buscan que este derecho favorezca también a niñes y adolescentes trans. 

Para conocer el estatus del compromiso, Presentes intentó, por varias vías, comunicarse con Gabriel Biestro, diputado y presidente de la Jucopo, pero no hubo respuesta. Sin embargo, el 15 de febrero comentó en rueda de prensa: “yo creo que sí tiene posibilidades de salir siempre y cuando se presente el dictamen ante las comisiones, se estudie, se discuta y de ahí pueda pasar al pleno (…) sería una cuestión de días, no tendría porqué estar en seis meses, porque además desde que llegamos nosotros nos encargamos de que esas cosas se iban a legislar en esta legislatura”. 

Después agregó que la iniciativa fue presentada por la diputada Vianey García y que estaba en poder de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Nuevas estrategias

En las últimas semanas les activistas denunciaron las omisiones al compromiso y en medio del escenario electoral 2020-2021 advierten voto de castigo a cuatro de los nueve integrantes de la Jucopo que firmaron el acuerdo y que en próximas semanas buscarán un nuevo cargo de elección popular. 

“El panorama (político) es complicado porque actualmente muchas de mis compañeras y compañeros están solicitando licencia e inclusive están pensando en las próximas elecciones y no se está volteando a ver los acuerdos que ya se tienen, uno de ellos es tratar la Ley Agnes. Es lamentable que todavía no se haya podido tratar, ni siquiera existe un posicionamiento por parte de los que firmaron el acuerdo”, comentó la diputada Estefanía Rodríguez en entrevista con Presentes. 

“Esta falta de voluntad política de los diputados y las diputadas también es una forma de violencia institucional y que nos preocupa especialmente que desde las instituciones, desde el Congreso del Estado se esté promoviendo este tipo de conductas que nos violentan y que invisibilizan a la población trans y que nos obstaculizan para el ejercicio pleno de los derechos humanos”, señaló Tuss Fernandez. 
La Colectiva Transversales, Grupo Transgénero Puebla, Coatlicue SiempreViva, la Coordinadora Feminista de Puebla, otras organizaciones y personas trans activarán nuevas estrategias, entre ellas proceder legalmente ante el incumplimiento del Congreso y avanzarán con la Ley Agnes a nivel federal.