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Discriminan a pareja gay en un café de El Salvador: la denuncia se hizo viral
Una pareja de hombres gay fue acusada de cometer supuestos actos indecorosos frente al resto de los clientes.
Por Paula Rosales, desde El Salvador
Mientras desayunaban la mañana del martes 2 de febrero en la cadena de cafeterías San Martín en El Salvador, una pareja de hombres gay fue acusada de cometer supuestos actos indecorosos frente al resto de los clientes, por lo que la gerente les pidió se separaran.
Indignados, los hombres gay se retiraron del local, situado en uno de los centros comerciales más concurridos en Antiguo Cuscatlán, unos ocho kilómetros al oeste de la capital. Minutos después la pareja denunció en su cuenta de Instagram que fueron víctimas de un acto de intolerancia en un restaurante de El Salvador. Organizaciones de derechos humanos denunciaron además que los dueños de esta cadena han financiado movimientos antiderechos.
“Solo tenía su brazo sobre mi hombro y hablábamos como personas civilizadas. Cuando le pedimos explicaciones a que se referían con “comportarse decorosamente” me dijeron: ‘ustedes saben a que me refiero”, denunció la pareja en su perfil de red social, sin que revelaran su identidad.
Condena social
Su denuncia fue retomada por usuarios de Twitter que pidieron difundir la discriminación hecha a la pareja, muchos usuarios apoyaron y llamaron a sumarse a la condena. Estos mensajes contrastaron con los ataques de otras cuentas que justificaron y atacaron a quienes defendieron a la pareja.
“A la fuerza quieren ser aceptados y no respetan ni lugares privados que se reservan el derecho de admisión, no es necesario hacer show en lugares familiares, ellos dicen que sólo se abrazaban, pero que tan cierto es eso? (sic) quien lo comprueba? (sic)”, escribió el usuario Dayan Archila.
Presentes se comunicó con las oficinas de San Martín, pero dijeron que la persona a cargo de dar la posición oficial de la compañía se encontraba en reunión y que se comunicaría al terminar, al cierre de la nota aún no respondieron.
“Condeno todo tipo de discriminación, ya sea en un lugar público o en este caso en un establecimiento del sector privado contra una pareja de personas del mismo sexo o si fuera en contra de otro tipo de población. Existe en parte de la sociedad salvadoreña ese tipo de acciones discriminatorias que terminan afectando la dignidad de las personas”, expresó a Presentes Roberto Zapata, secretario general de la organización Amate El Salvador.
Amate es una organización que trabaja por el rescate de la memoria histórica de la población LGBTI en El Salvador.
Sin apoyo del Estado
El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBT, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de genero y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.
Sin embargo, tras la investidura de Nayib Bukele, el mandatario eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.
“No esperamos de parte del gobierno ningún tipo de pronunciamiento en este tipo de casos, no los ha habido en el pasado y veo con mucha menos posibilidad que pase con el actual gobierno donde parece ser que su política pública es el silencio en cualquier tipo de discriminación y violencia en contra de la población LGBTI, ya hemos visto que la ministra de cultura cuando han sucedido crímenes de odio ha salido con eufemismos”, dijo Zapata.
El trabajo que desarrollaba la antigua dirección de diversidad sexual pasó bajo la dependencia de la unidad de género del Ministerio de Cultura, además se crearon mesas de interinstitucionales en los ministerios de trabajo y seguridad que en la actual administración no funcionan.
“En este caso se pudo visibilizar por la denuncia en redes sociales, las organizaciones ya conocemos que esta panadería o sus dueños han financiado en Guatemala marchas anti derechos contra la población LGBTI y contra las mujeres”, señaló Zapata.
La extinta dirección creo la línea telefónica 131 para atender denuncias, brindar orientación sobre sus derechos y ayuda psicológica en los casos que lo requerían, sin embargo, el actual gobierno transfirió el número al ministerio de salud para atender a mujeres embarazadas, niñez menor de cinco años y personas que requieran atención en salud mental.
“Es un mensaje que invita a seguir discriminando, que esta bien que se nos trate de esa manera y que está bien que nosotros no podamos expresarnos en los espacios públicos”, recalcó Zapata.
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