La primera Constitución paritaria del mundo se escribirá en Chile

La presión del movimiento feminista consigue que se apruebe una norma para asegurar que la mitad de quienes conformen el órgano constituyente sean mujeres.

20 de enero de 2021

Por MERITXELL FREIXAS MARTORELL/Pikara Magazine*/Fotos MFM

La presión del movimiento feminista consiguió que se apruebe una norma para asegurar que la mitad de quienes conformen el órgano constituyente sean mujeres.

No ocurre en muchos países que el texto de la Constitución se convierta en el libro más vendido de “no ficción”. En Chile la Carta Magna fue bestseller nacional hace un año, cuando la movilización sostenida en la calle durante meses empujó a la clase política a abrir un nuevo proceso constituyente. El país vive un momento fundacional que se inició el pasado 25 de octubre con la celebración de un plebiscito en el que una mayoría abrumadora del 78 por ciento de las personas que votaron decidió enterrar la Constitución de 1980, heredera de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El triunfo de la opción “Apruebo [una nueva Constitución]” se ha interpretado como el final de la transición y el punto de partida de una nueva etapa histórica.

Además de aprobar o rechazar el nuevo texto, los y las votantes eligieron el órgano a cargo de redactar la próxima Carta Fundamental: serán 155 asambleístas que se escogerán por elección popular el próximo mes de abril, coincidiendo con las elecciones municipales. La particularidad de este proceso es que la mitad de las 155 personas electas tendrán que ser mujeres porque así lo establece la ley que lo ampara: una reforma constitucional aprobada en marzo de 2020 tras una larga pelea del movimiento feminista y que convertirá a Chile en el primer país del mundo en tener una Constitución cien por cien paritaria.

Foto: Manifestación del 8M de 2020, en Santiago de Chile. / Meritxell Freixas

Paridad en las listas y en el resultado final

A mediados de diciembre de 2019, cuando los partidos ya habían anunciado a bombo y platillos el acuerdo para un nuevo texto constitucional, feministas organizadas, académicas y diputadas se encontraron por primera vez para buscar una fórmula que asegurara la paridad en la nueva Carta Magna. “El pacto político que se firmó no consideraba la igualdad de participación de las mujeres. Eso no pasó inadvertido a las feministas, que prendieron las alertas y se organizaron muy rápido entre sectores que normalmente no están articulados”, explica Valentina Moyano, integrante de la Red de Politólogas que fue parte del proceso.

El movimiento feminista chileno, que con el estallido social de octubre de 2019 consolidó una fuerza que venía acumulando en los últimos años, traspasó toda la presión al Congreso. Las activistas se aliaron con parlamentarias de todos los sectores que defendían la paridad y durante meses instalaron el debate en la agenda del país.

“Las mujeres que están en política, sean del color que sean, sufren violencia por su género y eso marcó la sororidad entre parlamentarias para agarrar esta bandera y hacerla transversal”, comenta Moyano. “Hasta el último día las mujeres presionaron en el Parlamento, donde han estado históricamente excluidas; tomaron la tribuna de la Sala en un ambiente que no se da en otras votaciones”, recuerda la politóloga, que presenció todas las sesiones que fueron necesarias para, finalmente, aprobar la iniciativa el 4 de marzo de 2020.

Según establece la normativa, en cada distrito electoral se conformarán listas encabezadas siempre por mujeres que se alternarán de forma sucesiva con hombres. En caso de tratarse de una lista impar, se admite que uno de los sexos supere al otro como máximo en una candidatura. Cuando la diferencia entre hombres y mujeres sea de más de dos personas, se aplicará un mecanismo correctivo. “La proporción entre los dos sexos será de 45-55 por ciento porque el número total de escaños es impar y la paridad se busca a nivel distrital, todos los distritos tienen que alcanzarla, y ningún sexo puede superar al otro en la composición final”, precisa Moyano.

El diseño de esta receta bebe de la experiencia de otros países. Sus artífices se fijaron en el ejemplo de México, que hizo avances en esa materia durante las elecciones legislativas de 2018. En el caso de órganos constituyentes, en 2011 Túnez alcanzó un porcentaje cercano al 30 por ciento de los escaños en su Asamblea Constituyente tras establecer una ley de cuotas; la Convención boliviana de 2009 llegó a un 34,5 por ciento de asambleístas mujeres; y en Islandia, el Consejo Constitucional de 2010 incluyó a 10 mujeres de un total de 25 integrantes.

Ninguno de los casos anteriores alcanza el 50 por ciento. “Lo que hace único el modelo chileno es que la paridad se aplica no solo en las listas, sino también en el resultado”, subraya la experta.

Candidatas de perfiles variados

Desde la celebración del plebiscito, el goteo de candidatas (y candidatos) que quieren escribir la nueva Carta Magna no se ha detenido. Decenas de nombres han aparecido ya en la prensa. “Las feministas hemos complejizando el concepto de la paridad para que sean lesbianas y compañeras de comunidades disidentes, pobladoras y trabajadoras, que históricamente han estado negadas de los espacios de poder, quienes también ocupen esos cupos”, comenta Sofía Brito, licenciada en Derecho y coautora del libro La Constitución en debate y editora de Por una Constitución feminista.

Los perfiles de las mujeres son variados: desde académicas hasta activistas, de todas las edades y zonas geográficas. Habrá también 17 escaños para representantes de los pueblos originarios, y al menos ocho tendrán que ser ocupados por mujeres. Algunas se postulan a través de partidos políticos, otras lo hacen como independientes.

Bárbara Sepúlveda es abogada constitucionalista y directora de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), que trabaja para incorporar el enfoque feminista al Derecho en Chile y Latinoamérica. Se presentará en uno de los distritos más populares del área metropolitana de la capital, Santiago de Chile, en la lista del Partido Comunista. “Me siento parte de una generación, de un movimiento gigante, que está proponiendo la transformación más grande que ha vivido Chile. Hablamos de cambiar la Constitución, pero no con pequeñas reformas. Nos cansamos de la política tradicional, completamente elitista y masculinizada, de la exclusión, la injusticia, la desigualdad y la discriminación”, sostiene la letrada. Su aporte, dice, pasa por “democratizar el conocimiento jurídico” para contribuir “colectivamente” al proceso constituyente.

Manifestación del 8M de 2020, en Santiago de Chile. / Foto: Meritxell Freixas

La presidenta del sindicato de trabajadoras del hogar, Luz Vidal, ha recibido invitaciones de tres partidos políticos para integrarse en sus listas, cuenta, pero ella optó por sumarse a Revolución Democrática, una de las fuerzas que integran la coalición de izquierdas Frente Amplio. “Hay que exponer la realidad desde lo que se vive y no solo desde los estudios o los análisis académicos”, sostiene. “Para el sector que represento sería un acto reparador por tantas injusticias y discriminaciones que hemos sufrido en los años de lucha por conquistar derechos laborales”, añade la líder sindical.

Entre las más jóvenes hay mujeres como Antonia Orellana, de 31 años, o Emilia Schneider, de 24. Ambas concurrirán también en listas frenteamplistas y compiten en el distrito más disputado, el del centro de la capital. “Pertenezco a una generación que se ha movilizado mucho por distintas causas (medioambientales, derecho a la educación, derecho a decidir, etc.) y siempre nos hemos encontrado con la misma traba al final: la Constitución. Hoy, poder sacar esta traba y pasar a otro estadio de nuestro país es muy emocionante porque tenemos una cancha mucho más abierta para el futuro”, opina Orellana. Schneider, por su parte, procede del movimiento estudiantil universitario y fue una de las voceras de las masivas movilizaciones por una educación no sexista de 2018: “Queremos proyectar estas luchas en este proceso y representar a sectores y generaciones que hemos sido excluidas históricamente de la política, como es la población trans”.

Desde el sur del país, en la región del Biobío, se presenta Tammy Pustilnick, consultora de ONU Mujeres y abogada de la Fundación Iguales, que vela por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. “Tanto alegamos por cómo está escrita nuestra Constitución, y cómo eso afecta nuestra vida cotidiana y privada (cómo decidimos sobre nuestro cuerpo o los derechos de las familias monoparentales o lesbomaternales, etc.) que decidí, al menos, intentarlo”, expresa.

Una agenda amplia y ambiciosa

Hasta 1999 la palabra mujer(es) no aparecía en la Constitución chilena. Aquel año se cambió el sujeto de la oración “los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, del artículo 1º, por “las personas” y se agregó al artículo 19 la frase »hombres y mujeres son iguales ante la ley”. “Es una Constitución que no reconoce otras identidades más que la masculina. Nombra una sola vez la palabra mujer, cuando consagra la igualdad ante la ley, pero esta igualdad es meramente formal y no hay ningún tipo de mecanismo que permita llevarla a cabo”, apunta Sofía Brito. “No es una Constitución que proteja la igualdad entre hombres y mujeres porque, si bien consagra el derecho a la igualdad, a nivel de aplicabilidad jurídica no asegura nada”, indica Marcela Chahuán, experta en Derecho de la Universidad de Chile.

*Este artículo fue publicado originalmente en Pikara. Para saber más sobre nuestra alianza con este medio, clic acá.

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