Por Airam Fernández, desde Santiago de Chile

Fotos: Josean Rivera /Archivo Presentes/AG/AF/Gentileza Gloria Maira

La marea verde cruzó la Cordillera: tras la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, Chile comienza a discutir un proyecto de ley ingresado al Congreso hace dos años, que busca despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14. 

La tramitación oficial inicia el 13 de enero de 2021. El país llega a esta discusión en un escenario complejo. Por un lado, con una ley de interrupción del embarazo en tres causales aprobada en 2017. Con muchas deudas que saldar en materia de derechos sexuales y reproductivos. Y a pocos meses de que la Cámara de Diputados rechazara el proyecto de educación sexual integral tras no alcanzar el quórum necesario. Y por el otro, con cierta confianza y optimismo, en un ambiente influenciado no sólo por el hito argentino sino por el camino que el país transita hacia la escritura de una nueva Constitución. 

Las diputadas Karol Cariola, Camila Vallejo, Natalia Castillo, Daniella Cicardini, Cristina Girardi, Claudia Mix, Emilia Nuyado, Maite Orsini, Camila Rojas y Gael Yeomans son las autoras de este proyecto impulsado por Corporación Humanas y por la Mesa de Acción por el Aborto en Chile. El trámite legislativo inicia en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas, en una sesión a la que también fue invitada la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett.

“El proceso de Argentina y el de Chile son distintos pero a la vez se complementan”, dice a Presentes Gloria Maira, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y ex subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. En esta entrevista contextualiza la realidad local, analiza los desafíos que vienen y advierte sobre la necesidad de que esta causa, impulsada en su mayoría por los feminismos locales, reciba más apoyo de otros movimientos y organizaciones, incluidas las de la diversidad sexual.

-¿Cómo llega Chile a tratar la despenalización del aborto?

-Cuando presentamos el proyecto, hace dos años, coincidimos un poco con la discusión que se daba en Argentina de aquel proyecto de ley que finalmente se perdió en el Senado, pero que tuvo impacto para todo el continente. Fue al calor de esa demanda que presentamos lo que finalmente se empezará a discutir hoy. Dos años más tarde, en Argentina se da un proceso exitoso después de tanto empuje de las mujeres y de los movimientos feministas. Creo que estas coincidencias son de buen augurio para iniciar el debate en nuestro país. 

El proyecto que busca despenaliza la decisión de las mujeres, lesbianas, varones trans y personas no binaries en las primeras 14 semanas de gestación coincide con la apertura del proceso constituyente. «Eso es muy positivo, porque estamos ad portas de elegir asambleístas para una nueva Constitución. Es importante que los derechos sexuales y reproductivos formen parte de ese debate. La posibilidad de debatirlo y de que trascienda las paredes del Parlamento ,y además impregne de buena forma el propio debate constitucional, nos sitúa en un período histórico, que puede significar un cambio muy importante para la vida de las mujeres en nuestro país».

-¿Qué aprendizajes toman del caso argentino, de cara a lo que viene para Chile?

-Los dos proyectos son distintos. En Chile en este momento no podemos lograr uno que incluya no solamente la despenalización, sino también la atención en la red de salud. Y la razón es que esto se da por una moción parlamentaria, lo que significa, por ley, que no hay posibilidades de comprometer fondos públicos para eso. Por eso el proyecto sólo pone el acento en la despenalización de la decisión de las mujeres en esas primeras 14 semanas, y saca esa criminalización del Código Penal. Si el gobierno actual apoyara la autonomía reproductiva de las mujeres, como está ocurriendo en Argentina, podríamos pedirle que oficiara el proyecto y ahí sí se podrían comprometer fondos públicos para la atención en la red de salud. Pero lamentablemente no es el caso.

-¿Cómo puede aportar a la lucha una mayor visibilidad de las disidencias? 

-Eso es muy importante. Como mesa de trabajo hemos tenido conversaciones con muchas organizaciones de la diversidad sexual, no precisamente a propósito de este proyecto de ley, pero sí por los derechos sexuales y reproductivos, a modo de hacer un camino conjunto para abonar en argumentación, en convicción y en fuerza frente a la convención constitucional. Y creo que en esa misma medida, un mayor apoyo por parte de las disidencias sería muy positivo para el proyecto. Somos muy optimistas a partir de la experiencia argentina. Vimos lo que pasó, cómo se organizaron y se cohesionaron por esta causa, lo que demuestra que no es posible avanzar sin una acción permanente de los movimientos sociales, convocando a otros actores para que se hagan parte de esta iniciativa y para que nos ayuden a presionar. La movilización y el compromiso ciudadano son absolutamente obligatorios para lograr que en Chile el aborto sea ley.

Anticonceptivos defectuosos y otros desafíos del proyecto

En agosto de 2020, el Instituto de Salud Pública de Chile advirtió sobre varios lotes defectuosos en el anticonceptivo Anulette CD. Los retiraron del mercado y anunciaron un sumario sanitario, pero nada dijeron sobre las mujeres que confiaron en la píldora. 

Según la recopilación de medios locales, al menos 29 mujeres quedaron embarazadas mientras las tomaban y para la mayoría, la maternidad no estaba en los planes. La mesa que Maira coordina revisó algunos de esos casos y desde que comenzaron las cuarentenas, se pronunciaron no sólo ante el aumento de la violencia de género al interior de los hogares y la falta de políticas públicas para enfrentar esta crisis, sino ante la falta de acceso a los servicios de salud sexual, reproductiva y aborto legal en la pandemia. 

-¿Qué vieron en pandemia y cómo ese escenario puede darle un carácter de mayor urgencia al proyecto?

–Durante el período más crítico de la pandemia, la atención de salud sexual y reproductiva y el acceso al aborto legal por las tres causales no fueron prioridad en la atención sanitaria. Muchos controles preventivos sencillamente se postergaron y eso tuvo consecuencias en la salud de las mujeres. Pero lo más grave fueron las dificultades con los anticonceptivos, y no sólo el Anulette. Tenemos registros de al menos cinco anticonceptivos hormonales que resultaron defectuosos. Es grave porque no sólo se distribuyen en farmacias, sino a través de la red pública de salud. Pedimos una respuesta concreta al Ministerio de Salud, específicamente sobre qué reparaciones habrá hacia esas mujeres, pero hay absoluto silencio. Esas mujeres debieron tener acceso al aborto seguro, y es una de las razones de la importancia de esta discusión.

-¿Qué tipo de desafíos crees que vienen?

-Los conservadores y fundamentalistas de siempre han tratado de ubicar al debate sobre el aborto en un plano de confrontación entre dos vidas. Con argumentaciones que no se condicen con el derecho, ni con la salud, ni con la vida de las personas, ni con la ciencia. Acá existe la necesidad de mostrar la relación entre la autonomía reproductiva de mujeres y cuerpos gestantes, el respeto a los derechos y la libertad para decidir sobre proyectos de vida, la democracia, la justicia y el acceso a una mejor vida, que son principios y derechos fundamentales consagrados en instrumentos desde el siglo pasado. Lo que quiero decir es que no podemos imaginar una mejor convivencia si nos niegan la posibilidad de decidir sobre ámbitos tan fundamentales como nuestra sexualidad y nuestra reproducción. Y no poder hacerlo es reducir nuestra ciudadanía a algo de segundo o tercer grado. A una ciudadanía que puede hacer ejercicio de voto, pero que no puede decidir sobre la vida misma, sobre el cómo y el cuándo de la maternidad. Entonces creo que un gran reto que tenemos por delante es mostrar esa relación, y romper ese discurso que se ha instalado entre nuestros derechos y los derechos de un feto, como si los fetos fueran personas. Las implicaciones en términos de justicia y democracia son mucho más amplias que eso.

También es importante seguir empujando desde el terreno de la educación sexual, porque el aborto no es un satélite aislado. Generalmente, las posibilidades de hacer un buen trabajo en torno a su prevención pasan por tener educación sexual y acceso a anticonceptivos. Es decir, estamos hablando de una visión integral de los derechos sexuales y reproductivos. Y en ese contexto, el aborto como un ejercicio de autonomía, de derecho y de libertad. No es posible pensar que ejercer esa autonomía en clandestinidad será un buen indicador para la convivencia que queremos en nuestros países. Frente a esos niveles de pensamientos tenemos que luchar.

La implementación de las tres causales

Desde septiembre de 2017, con la aprobación de la ley Nº 21.030, Chile permite la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo vital para la mujer embarazada, inviabilidad del embrión o feto de carácter letal y violación dentro de ciertos plazos. Las últimas cifras públicas del Ministerio de Salud, actualizadas a finales de 2019, dan cuenta de 1.535 abortos realizados. Sin embargo, el derecho es limitado en la misma ley, que institucionaliza la objeción de conciencia y permite que profesionales de la salud se abstengan de practicarlo en cualquiera de estos casos. 

Fue una consecuencia de que, una vez aprobado, el proyecto pasó a ser revisado por el Tribunal Constitucional. De acuerdo a un estudio elaborado por Corporación Humanas, sobre la base de las cifras de la autoridad, casi la mitad (46%) de lxs médicxs obstetras que trabajan en servicios públicos de salud apeló a la objeción de conciencia en la causal violación. Una cuarta parte (25,3%) objeta frente a la causal de inviabilidad y el 18,4% lo hace en caso de riesgo vital. 

No existen cifras oficiales, o al menos no públicas, de los abortos clandestinos que se practican en el país. Pero otro estudio de Corporación Humanas, publicado en 2018, estimó que los casos ascienden a 70.000 al año en todo el país. 

-¿Hay algún desafío o aprendizaje a la vista a partir de las tres causales?

-Claro, fueron dos largos años de tramitación legislativa, y finalmente lo que se aprobó fue bastante más restrictivo que lo que presentó inicialmente la presidenta Bachelet. Creo que ahí es necesario mirar cuáles fueron los acuerdos y las argumentaciones para lograr la aprobación, pero también revisar de qué manera se fue restringiendo ese proyecto, y traer todo eso a esta discusión. También es importante tomar en cuenta lo que pasó después con esa ley en el Tribunal Constitucional -lo que en otros países se conoce como Corte Constitucional- que de manera arbitraria incorporó la objeción de conciencia institucional. Eso nos deja un aprendizaje en términos del propio debate constitucional y la necesaria revisión de ese Tribunal, sus funciones y atribuciones. De hecho, hay toda una discusión sobre si es necesario tenerlo o no. Acá lo importante es entender que puede lograrse un tremendo capítulo de derechos, súper riguroso, súper fuerte en materia de reconocimiento de los derechos sociales, sexuales y reproductivos, pero si no se tiene una institucionalidad democrática que acompañe este capítulo de derechos, quedará reducido a una cosa declarativa. Ahí tenemos un reto importantísimo. 

-¿Le ve futuro al proyecto?

-Soy optimista. Pero su éxito dependerá en gran parte de la movilización y la incidencia permanente, el cabildeo, la fuerza en las argumentaciones y la agitación de la calle. También es importante la sostenibilidad y la permanencia de esas estrategias. Argentina insistió mucho hasta que finalmente se convirtió en ley. No lo lograron a la primera y eso habría que considerarlo acá, es algo que puede pasar. Pero el camino hay que caminarlo, y creo que el contexto político nos favorece.