26 de noviembre de 2020

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Por Constanza Valdés

Hace más de una semana Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano y conocida detractora de los derechos de las personas LGBTI, anunció el retorno del mal denominado Bus de la Libertad que en 2017 ya se había manifestado en diversas ciudades de nuestro país. El anuncio se produce en el contexto de la victoria de la opción de una nueva constitución, por casi 80 por ciento versus un rechazo que tuvo un 20 por ciento en el plebiscito del 25 de octubre. Con esto en consideración, el análisis político que podemos realizar no puede excluir el proceso constituyente y las implicancias que tiene en la sociedad.

En 2017, cuando vino el bus naranjo, fue impulsado con el objetivo de frenar el avance en materia de derechos de las personas LGBTIQ, y en particular por el avance de la tramitación de la ley de identidad de género. Tres años más tarde, con la ley de identidad de género en vigencia, diversas sentencias que reconocen derechos a personas LGBTI y un proceso constituyente en marcha, el panorama es completamente distinto. Lo que representan Marcela Aranda y el bus es una defensa al status quou y al orden político y constitucional imperante. A nivel comunicacional, de igual forma, el rechazo al denominado, correctamente, bus del odio, ha sido mucho más contundente que en la primera llegada.

Se ha logrado posicionar la noción de que los discursos de odio y el negacionismo de derechos humanos no forman parte de la libertad de expresión. Menos aún cuando durante los últimos meses hemos vivido un aumento sostenido de crímenes en contra de las personas de la comunidad LGBTIQ, agudizandose aún más por el contexto de la pandemia por Covid-19. Desde el gobierno en particular, el silencio en torno a estos crímenes profundiza aún más la indefensión que viven las personas LGBTIQ desde el reconocimiento y la protección de sus derechos. Ni avances legislativos ni urgencias en políticas públicas se han levantado producto de esta situación.

Ante la visibilidad de discursos de odio se hace más necesaria aún la urgencia respecto de la prevención de los crímenes de odio y la necesidad de implementar políticas públicas. Más que mesas de trabajo impulsadas por el gobierno, se requiere un compromiso firme con campañas de prevención, capacitación a las policías para la recepción de denuncias, la incorporación de una perspectiva de derechos humanos en la investigación de los delitos y la resolución de éstos, y los avances legislativos pertinentes en esta materia. La desidia y el desinsterés constante del gobierno acrecenta aún más la responsabilidad estatal en este ámbito.

En este contexto, el proceso constituyente constituye una oportunidad histórica de cimentar las bases para establecer directrices al respecto y comenzar con un proceso de justicia respecto a la situación histórica respecto a las personas LGBTIQ. En Chile las constituciones siempre han estado diseñadas por hombres y para hombres, por lo que el hecho de que la próxima constitución vaya a ser redactada por una convención compuesta paritariamente por 50% de hombres y 50% de mujeres constituye un punto de partida importante. Por lo mismo, la participación de las personas y de las organizaciones LGBTIQ durante este proceso resulta fundamental para instalar las demandas históricamente negadas a nivel constitucional.

Con esto en consideración, el diseño estatal en su integridad debe ser diseñado para evitar las exclusiones que nos han afectado junto a otros grupos históricamente discriminados y excluidos. La lucha no puede reducirse exclusivamente a la exigencia del reconocimiento de ciertos derechos sin tomar en consideración cómo los órganos del Estado han jugado un papel en la discriminación y exclusión sistemática a las personas LGBTIQ.  Lo que representa el bus y sus consignas son exactamente esto: la discriminación y exclusión histórica que hemos sufrido durante toda la historia de nuestro país.

El retorno del bus del odio nos coloca, nuevamente, en un estado de alerta respecto al reconocimiento de nuestros derechos. Aún más, cuando las mismas personas que defienden la llegada de este bus son aquellas que se resisten a la posibilidad de cualquier cambio al diseño político de la constitución actual. Ante esto, además de la necesidad de avanzar en políticas destinadas a los crímenes de odio, se hace indispensable en la discusión e instalación de demandas respecto a la nueva constitución en el ámbito de los derechos de las personas LGBTIQ y en particular respecto a la violencia, discriminación y los crímenes de odio. Chile cambió desde 2017, lo hemos escuchado en innumerables veces en la calle, y para que esto sea verdad, la defensa de nuestros derechos, de nuestra existencia y la exigencia de nuestros derechos, hoy más que nunca, es una urgencia.