Por Dunia Orellana

El 11 y 12 de noviembre de 2020 se llevará a cabo de forma virtual la audiencia fijada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para emitir sentencia contra el Estado de Honduras por el crimen de la líder trans Vicky Hernández. Vicky fue asesinada el 28 de junio de 2009, día del golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel  Zelaya, que estableció el gobierno de facto de Roberto Micheletti. La querella busca eliminar el decreto de amnistía de 2010 que protege a los perpetradores del golpe de Estado para identificar la cadena de mando que ordenó el asesinato de la activista trans hondureña.

Vicky Hernández, la primera víctima de ejecución extrajudicial del régimen de facto durante el golpe de Estado, tenía 26 años en el momento de su asesinato. Vicky terminó la primaria y abandonó los estudios para trabajar y mantener a su madre, su hermana y su sobrina. Era trabajadora sexual y reconocida activista de la organización de derechos humanos de mujeres trans Unidad Color Rosa de San Pedro Sula, Honduras.

La noche del crimen

Vicky salió a la calle la noche del 28 de junio a ejercer el trabajo sexual sin saber del toque de queda impuesto por el gobierno de facto.  Esa noche, Zelaya fue sacado de su casa a punta de fusil y enviado en un avión a Costa Rica.

La mañana del 29, Vicky fue encontrada muerta en una calle de la colonia Ruiz, en el noreste de San Pedro Sula. Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal hicieron el levantamiento del cadáver a las 7:30 de la mañana. La noche anterior, solo había fuerzas estatales de seguridad en las calles sampedranas. Eso hizo despertar la sospecha entre las organizaciones de la diversidad sexual y los defensores de los derechos humanos de que los culpables del asesinato tienen vínculos con el Estado hondureño.

El cadáver de la activista trans presentaba “una herida irregular en su ojo izquierdo” y otra igual “en la región frontal izquierda”. El forense concluyó que Vicky fue asesinada por arma de fuego”, según documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitido en diciembre de 2018.

La cadena de impunidad comenzó con el crimen y continuó con el manejo del cadáver de Vicky, que fue trasladado a las instalaciones de Medicina Forense en el norte de San Pedro Sula, donde las autoridades se negaron a practicarle la autopsia. “Organizaciones de derechos humanos denunciaron que las autoridades forenses se negaron a realizar el dictamen de autopsia con la excusa de suponer que la víctima vivía con VIH”, señala el documento de la CIDH.

“No quisieron emprender ninguna diligencia investigativa por considerar que la víctima era una persona ‘diferente’ y sin derechos, lo que constituye una discriminación en razón de sus preferencias sexuales”, agrega una petición presentada el 23 de diciembre de 2012 por organización Cattrachas y años después se unió a la defensa la organización Robert F. Kennedy Human Rights de Estados Unidos.

Tiempo después, las autoridades argumentaron que habían hecho la autopsia, pero no hay registros oficiales de que se la hayan practicado.

El velatorio de la líder transexual Vicky Hernández tuvo lugar en la sede del colectivo Unidad Color Rosa, Colectivo TTT de San Pedro Sula. La enterraron en La Puerta, un cementerio para la población general situado en el sur de la ciudad.

De la impunidad a la esperanza

Vicky Hernández ha dejado de ser otro número en la larga lista de muertes violentas de personas LGBTIQ+ en Honduras para convertirse en un signo de esperanza para los colectivos tradicionalmente despreciados en el país.

Desde el asesinato de la activista en 2009 hasta la fecha han muerto violentamente al menos 366 personas LGBT, incluyendo a 117 mujeres transexuales como Vicky. Pero el Código Penal hondureño aún no recoge en sus páginas la palabra “transfemicidio” para tipificar el asesinato de mujeres y hombres transexuales. Casi todos los casos, incluyendo el de Vicky, siguen impunes.

“Un asesino en Honduras tiene 96% de posibilidades de que el sistema no lo atrape. Es un gran negocio ser sicario en Honduras; 96% de posibilidad y a la comunidad, 98%”, agrega, ahondando en las causas de las altas cifras de impunidad en Honduras. Eso se debe a la deficiente investigación en Honduras», explica a Presentes el abogado y catedrático universitario Ramón Enrique Barrios

Según Barrios, los propios órganos de investigación consideran que los miembros de la comunidad LGBTI son asesinados porque se lo merecen. Incluso hay prejuicios religiosos de fondo, pues la sociedad cree que se lo merecen porque “no siguen los dictados tradicionales de Dios”.

La organización lésbica Cattrachas ha estado trabajando en sus más de 11 años de lucha para que el caso de Vicky no quede impune. Este es solo el comienzo de un esfuerzo por hacer que también paguen los responsables de los crímenes contra las otras 116 mujeres trans y 250 personas LGBTIQ+ asesinadas desde 2009.

“Con tanta impunidad, con tantas muertes, esto es como una justicia colectiva”, dice la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza. “Allí van a estar los nombres de otras trans. Hubo prejuicio, discriminación, violencia, odio, pero al final vamos a lograr esa justicia colectiva”.

«Fue una ejecución extrajudicial»

El equipo liderado por Cattrachas y Robert F. Kennedy Human Rights ha pedido que se derogue el decreto de amnistía de 2010 que ha permitido que sigan impunes todos los crímenes cometidos durante el golpe de Estado de 2009. De esa manera, la justicia podrá caer sobre los violadores de derechos humanos escudados detrás del golpe. “Fue una ejecución extrajudicial, pero hubo una cadena de mando alrededor de ellos”, afirma Indyra Mendoza.

Los otros resultados del grupo de litigantes encabezados por Indyra Mendoza son los reparos económicos y psicológicos que el Estado hondureño debe conceder a la familia de la activista transexual asesinada el día del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya para imponer el gobierno de facto de Roberto Micheletti.

“Con el establecimiento del toque de queda, las autoridades de facto justificaron la militarización del territorio hondureño y la presencia de militares y policías en las calles”, señala Cattrachas.

«Demostrar que nuestros cuerpos valen»

Además, la organización con sede en Tegucigalpa registra durante los ocho meses que duró el gobierno de Micheletti 31 asesinatos de personas LGBTI, de las que 15 eran mujeres trans y 16 de gays. Esa cantidad supera el total documentado entre 2003 y 2008. Cattrachas identifica un patrón de asesinatos contra mujeres trans, lo cual afianza la teoría de que en su mayoría fueron ejecuciones extrajudiciales.

El caso de Vicky está rodeado de misterios y viciado por la impunidad. Al negarse a hacerle la autopsia porque según las autoridades vivían con VIH, “sufrió discriminación incluso después de su asesinato”, dice la directora de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights, Angelita Baeyens.

“Es muy significativo que llegue por primera vez a la Corte Interamericana un caso de violencia letal contra una mujer trans porque abre la puerta para visibilizar la situación de esta población y exponer todos los abusos cometidos en ese caso. No solo es la historia trágica de Vicky. Es la de cientos de mujeres trans en Honduras y la región que son víctimas de constante discriminación y violencia por parte de las autoridades y de muchos otros sectores de la población”, agrega Baeyens.

“Es como demostrar que nuestros cuerpos también valen, nuestras vidas valen, nuestras luchas valen. Eso para mí es importante”, afirma Indyra Mendoza.

La CIDH responsabilizó en mayo del 2019 a Honduras de la muerte de Vicky Hernández.

Según la Comisión, “tomando en cuenta tales contextos, el hecho de que las calles estaban bajo control total de la fuerza pública, así como la falta de esclarecimiento judicial de lo sucedido, existen suficientes elementos para concluir la responsabilidad directa del Estado por la muerte de Vicky Hernández».

Para el organismo, el asesinato de Hernández «constituyó un supuesto de violencia por prejuicio hacia su identidad y expresión de género».

Fue un transfemicidio

El equipo de las organizaciones Robert F. Kennedy de Human Rights y Cattrachas espera que en el asesinato de Vicky se reconozca el término legal “transfemicidio”, pero el camino ha estado sembrado de obstáculos.

Un primer paso para llegar a la meta fue establecer un patrón en los asesinatos de personas LGBTI y en especial de mujeres trans durante el golpe de Estado en Honduras como una manera de categorizar esos crímenes como ejecuciones extrajudiciales.

“Estos transfemicidios se llevaron a cabo a altas horas de la noche, durante toques de queda ilegales, cuando las calles estaban bajo la custodia absoluta de las fuerzas públicas militares y policiales. Además, la mayoría de víctimas se dedicaban al trabajo sexual y fueron ejecutadas con un disparo a la cabeza”, apunta Cattrachas.

Según el patrón identificado en los 15 asesinatos de mujeres trans cometidos durante el régimen de facto de Roberto Micheletti, Cattrachas creó la siguiente definición de la palabra ‘transfemicidio’: “Muerte violenta de mujeres trans, motivada por el prejuicio, el desprecio y la discriminación del género y la identidad asumida de las víctimas, siendo la materialización de una violencia sistemática por la exclusión social y estatal”.

A pesar de todo, el informe de fondo de la Comisión Interamericana reconoce que la ejecución extrajudicial de Vicky fue un transfemicidio. Esta es la primera vez que el término ‘’transfemicidio’’ es utilizado en el seno del sistema interamericano.

La muerte de Vicky es la primera ejecución extrajudicial transfemicida reconocida por el Sistema Interamericano. Para la Comisión, el caso puede catalogarse como un asesinato por prejuicio basado en la identidad de género y hay fuertes indicios de que el Estado hondureño está involucrado directamente en el crimen.

No obstante, hasta hoy el Estado sigue negando las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el golpe de Estado y la vinculación directa de agentes del orden público en el asesinato de Vicky.