En medio de una pandemia donde quedó expuesta y agravada la violencia estructural que sufren las personas trans a nivel global, la organización ILGA Mundo (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) –una federación mundial creada en 1978 que reúne más de 1.600 organizaciones – dio a conocer hoy su tercer Informe de Mapeo Legal Trans. La investigación analiza el reconocimiento legal de género y también la criminalización, y detalla el impacto de las leyes y políticas públicas sobre las personas trans en 143 Estados miembros de la ONU. 

En América Latina el mapeo da cuenta de que cada vez más países suman leyes que habilitan el cambio de nombre y/o de género en el documento. Sin embargo, existen otras leyes que, aunque no sean específicas en contra de la comunidad trans, se utilizan para criminalizar de facto y muchas veces encarcelar, sobre todo, a personas trans.

Modos de criminalizar a personas trans

De los 143 países que analiza el informe, al menos 13 criminalizan explícitamente a las personas trans. Estos son: Brunei, Gambia, Indonesia, Jordania, Kuwait, el Líbano, Malawi, Malasia, Nigeria, Omán, Sudán del Sur, Tonga, y los Emiratos Árabes Unidos. Ninguno en América Latina. “Solo un pequeño número de países en el mundo criminalizan de manera expresa la identidad o el comportamiento de las personas trans, o aquelles que se perciben como trans y transgreden las normas de género. Con frecuencia, con las “leyes de cross-dressing”, prohíben explícitamente “que una persona masculina se haga pasar por mujer” o viceversa. En esos estados, el reconocimiento legal de género tampoco se encuentra disponible, lo cual pone a las personas trans, o a aquelles que se perciben como tal, en riesgo de ser arrestadas o procesadas”, explica el informe.

¿Qué pasa en los demás? Aunque los estados de América Latina no tengan leyes tan restrictivas, igual se criminaliza a la comunidad trans, según el informe. Zhan Chiam, coordinador y coautor de la publicación advierte que las normas relacionadas a la molestia pública, la indecencia, las buenas costumbres, el merodeo, los delitos relacionados con el trabajo sexual y las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, entre otras, se usan para perseguir de manera sistemática a las personas trans. Estas leyes, que parecen neutrales, “son igual de dañinas que las normas que criminalizan de manera explícita las expresiones de género”. 

¿Cuáles son los países más restrictivos en América Latina?

-En Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay y Santa Lucía no es posible cambiar el indicador de género en la partida de nacimiento o el documento de identidad. 

-El Salvador no permite el cambio de indicador de género, pero en pocos casos excepcionales algunas personas trans pudieron hacerlo, después de haberse sometido a la cirugía genital y a la prueba forense para “verificar” la cirugía. 

-De acuerdo con la abogada Matilda González Gil, las leyes más comunes usadas contra las personas trans en la región son las leyes que prohíben las relaciones sexuales consensuales entre adultos, leyes que (directa o indirectamente) criminalizan el trabajo sexual, por ejemplo, las leyes de moralidad, los reglamentos de espacios públicos, las leyes de estupefacientes y las leyes de control de identidad aplicadas por la policía.

Las leyes de estupefacientes se usan para criminalizar

-En América Latina las leyes de estupefacientes se usan para criminalizar a las personas trans, por ejemplo, en Bolivia, Colombia, República Dominicana y Ecuador. 

-En Bolivia, la tenencia de estupefacientes con frecuencia es usada como una razón, aún con supuestas acusaciones falsas, para hostigar e incluso encarcelar a las trabajadoras sexuales trans y sus clientes. 

-En Colombia, el 40% de las personas LGBTI y el 30% de las personas trans que son encarceladas, llegan a esa situación por delitos de estupefacientes. Ecuador también denuncia altas tasas de personas trans encarceladas por delitos relacionados con los estupefacientes.

-En Argentina, de acuerdo con el análisis de datos hecho por Agencia Presentes, el porcentaje es aún mayor: 56% de las personas trans presas está acusada de delitos relacionados con drogas. 

Espacios públicos y códigos

Otra forma de criminalizar  a las personas trans en América Latina y de la que da cuenta el informe son los códigos de moral, buenas costumbres y convivencia, junto con las políticas de espacios públicos, sobre todo en Chile, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Perú y Venezuela.

En Cuba, las redadas policiales se usan para “evitar” que las mujeres trans estén en zonas consideradas proclives a la prostitución. Son detenidas, multadas y amenazadas para que no se “vistan de mujer” y luego pueden ser catalogadas como en “estado peligroso por conducta antisocial”.

La policía de Honduras puede arrestar a “prostitutas ambulantes” y a cualquier persona que muestre una conducta que “atente contra el pudor, las buenas costumbres y la moral pública”.

Argentina: con avances pero aún con leyes que criminalizan

Aunque Argentina sea uno de los países más avanzados de la región en términos  legales para la población trans, de acuerdo con lo citado por el informe de ILGA Mundo existen al menos tres leyes que son utilizadas para criminalizarlxs: la ley de estupefacientes, el artículo del Código Penal sobre Exhibiciones obscenar y la Ley de Trata de Personas. 

“Según informes de la sociedad civil nacional y de organizaciones internacionales de derechos humanos, las personas trans son criminalizadas a través de un número significativo de casos presentados en su contra por delitos de tenencia de estupefacientes y trata. Esto ocurre en el marco de tareas de prevención policial, en las cuales las personas trans reciben insultos, amenazas e intimidación por parte de la policía. También son objeto de requisas y desnudez forzosas (llevadas a cabo por personal masculino) y “violencia de terceros” incitados por agentes de la policía”, explica el informe.

En 2009, la Corte Suprema resolvió en el caso Arriola que la tenencia de estupefacientes para uso personal no puede ser criminalizada cuando no supone un peligro o daño a otros. Sin embargo, esto no se ve reflejado en la realidad. De acuerdo con datos de la Procuraduría de Narcocriminalidad, todavía hoy un gran porcentaje de las causas que ingresan son por consumo de drogas: casi 4 de cada 10 causas se iniciaron en 2018 por tenencia para consumo personal y casi su totalidad se inicia por tareas de prevención dada la persecución de casos de flagrancia por parte de las fuerzas de seguridad.

La otra ley que se usa para criminalizar a las personas trans en Argentina es la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Allí, se prohíbe cualquier conducta que facilite o promueva la prostitución de otras personas, mayores o menores de edad, medie o no el consentimiento de la víctima, e indica que solo podrá ejercerse la prostitución en tanto actividad autogestionada. 

“Esta ley confunde la trata con el trabajo sexual e impide que las trabajadoras sexuales trabajen de manera colectiva y organizada, ya que todos los lugares donde se puede ejercer el trabajo sexual son criminalizados. Además, algunos gobiernos municipales han aplicado políticas de “relocalización” para desplazar a las trabajadoras sexuales trans luego del reclamo de personas que vivían en la llamada “Zona roja””, advierte el informe.

Algunos avances a nivel mundial

Entre las principales conclusiones de este mapeo legal, se destacan los avances de algunos países:

-En Europa, Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Portugal adoptaron leyes que no medicalizan ni patologizan los procesos de cambio de marcador de género.

-En América Latina, Brasil, Chile y Costa Rica han habilitado el cambio en los marcadores de género bajo el paradigma de la autodeterminación. 

-Chile, Colombia y Uruguay han avanzado con respecto a les menores de 18 años

-En algunas jurisdicciones de Australia (estado de Victoria), Costa Rica y la mayor parte de Canadá, se habilitó la opción de eliminar por completo los marcadores de género.

“Punto de inflexión para la defensa de las personas trans”

“Nos encontramos en un punto de inflexión en cuanto a la organización y la defensa de las personas trans, y espero que el panorama que brinda este informe nos aliente a movilizarnos a través de regiones, fronteras y, sobre todo, movimientos. Existe una innegable homogeneidad en los obstáculos con que se enfrentan nuestras comunidades, lo cual significa que también podría y debería haber una manera de formular estrategias compartidas”, explica el coordinador y coautor del informe, Zhan Chiam. 

Y concluye: “Mientras se termina este informe, nos encontramos en el medio de una pandemia global en la cual, en todo el mundo, los movimientos trans enfrentan nuevos desafíos para sobrevivir y sostener nuestros derechos”.