11 de septiembre de 2020

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En julio de 2018, la joven de 22 años fue acusada por “robo agravado y privación de la libertad agravada”. Estuvo 8 meses presa en el Penal de Ezeiza y hoy se encuentra con arresto domiciliario. El 11 de septiembre empieza el juicio oral.

Por Alejandra Zani

[Noticia publicada originalmente el 20 de enero]

En un cuarto del Hotel Gondolín, cumpliendo su prisión domiciliaria, Luz Aimé Díaz (22) espera la llegada de su juicio. La acusan por “robo agravado y privación de la libertad agravada” en un crimen del que su defensa asegura que no tuvo conocimiento ni participación. Esta acusación le valió 8 meses de prisión en el Penal de Ezeiza. 

“Una noche del 2018, Luz estaba trabajando en una esquina del barrio en Palermo y dos personas la contrataron para un servicio sexual. Fue llevada a un departamento donde realizó su trabajo y luego se fue. Dos meses más tarde, mientras trabajaba en la misma esquina, la detuvieron. La acusaban de un crimen que ocurrió en el departamento en el que había estado, pero del que ella no sabía nada”, explica Andrea Alcalde, docente de Proyecto Formativo Ocupacional en el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, a Presentes. 

Luego se supo que, poco tiempo antes de que Luz entrara al departamento, las personas que pidieron su servicio habían maniatado y violentado a un hombre de 50 años perteneciente al colectivo LGBT+ que se encontraba en una habitación contigua a ellos. Este hombre sobrevivió al ataque, aunque gravemente herido. 

El paso de Luz por el departamento fue prueba suficiente para el Poder Judicial, que no indagó acerca de la presencia de más gente en la escena. “Son personas de las que no hay rastro. El fiscal ni siquiera ahondó ni intentó buscarlos. Por eso decimos que la Justicia es patriarcal, machista y heteronormativa, porque pretende responsabilizar a una identidad travesti que estaba realizando su trabajo y se la acusa de ser la organizadora de un crimen contra un miembro del colectivo, cuando los verdaderos ejecutores están libres y probablemente sigan cometiendo los mismos delitos”, continúa Alcalde. Por este motivo y desde julio de 2018, Luz estuvo en prisión preventiva a disposición del Juzgado Criminal Número 40 a cargo de la jueza Paula González. 

Una Justicia binaria y heteronormativa

En una primera instancia, a Luz se le otorgó una defensa oficial que no estaba formada en perspectiva de género y que no respetó su identidad. Le decían ‘el travestido’. “Por eso decidimos formar un comité de justicia integrado por docentes del bachi, por abogadas y por una psicóloga”, cuenta Alcalde. También se propuso para Luz una defensa particular conformada por la abogada Luli Sánchez, quien también trabajó con el juicio de Diana Sacayán, Natalia Dalessandro, quien estuvo en la querella contra Lucas Carrasco, y Lara Bertolini, teórica y activista travesti y traVajadora judicial. 

Durante 8 meses, Luz estuvo privada de su libertad en el Penal de Ezeiza. La Comisión por la Memoria (CPM) a través del programa Comité contra la Tortura, en un informe de 2019 sobre lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires expone que “el uso abusivo de la prisión preventiva tiene consecuencias específicas para las travestis y trans”. Esto se deba a que “los sistemas de exclusión que atraviesan antes de ingresar al penal se agravan por la prisionización y la mayor exposición a las violencias” y concluye con la idea de que “este contexto de desigualdad estructural no es tenido en cuenta por el Poder Judicial al momento de resolver la prisión preventiva”. Recién en abril de 2019 se le otorgó la prisión domiciliaria. 

[LEE TAMBIÉN: Informe: Travestis y trans en cárceles argentinas: más migrantes, jóvenes y sin condena]

Para Lara Bertolini, el sistema judicial binario y heteronormado responde a una lógica binaria que no toma en cuenta otras identidades y sus problemáticas específicas. “Luz no tiene las posibilidades de acceso a la educación que tiene el común de la gente, ni tiene un rango de poder en una sociedad que le permita armar una banda y organizar un crimen. Hablamos de Luz Aimé, una chica con una discapacidad severa en un ojo que le imposibilita muchas cosas y que, sumadas a su identidad travesti y al desconocimiento que ella tenía de lo que había ocurrido en el departamento, nos dan la pauta de que no es culpable”. 

“Procesada por travesti y por migrante”

Luz nació en Salta. A sus 13 años comenzó a prostituirse y eso la acercó a situaciones de extrema violencia. Sufrió tres ataques transfóbicos que la llevaron a perder la visión de un ojo en su totalidad. Solo ve parcialmente a través del ojo derecho y sufre de constantes cataratas. Esos ataques quedaron impunes. 

[LEE TAMBIÉN: Hotel Gondolín: una alternativa de vivienda para travestis y trans en Buenos Aires]

En 2017 y con solo 20 años, Luz se despidió de su Salta natal y llegó a Buenos Aires. En esta ciudad comenzó a estudiar en el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis con la intención de conseguir nuevos trabajos. “También acá comenzó a tramitar su certificado de discapacidad en el Instituto Oftalmológico Pedro Lagleyze”, explica Alcalde. “Imaginate que ella en un departamento, de noche, a oscuras y con un problema de visión severo, nunca pudo ver lo que ocurría en el interior de otros ambientes del departamento”. 

Por este motivo, y tal como le corresponde por el inciso C del artículo 32 de la ley ejecución de la pena privativa de la libertad (ley 24.660) que ordena otorgar el beneficio en caso de que la permanencia en la cárcel de la persona discapacitada sea inadecuada por su condición y/o reciba un trato indigno, inhumano o cruel, a Luz se le otorgó el arresto domiciliario. 

“Ella está juzgada y siendo procesada por ser travesti, por tener una discapacidad visual y por ser una migrante interna. Lo que le pasa a Luz nos pasó a todas”, explica Bertolini. La violencia estructural del Poder Judicial no solo es violencia institucional, sino también violencia de género. En la etapa de instrucción, el fiscal tomó lo necesario para poder centrar a Luz como la principal culpable, pero a las personas que actuaron y que llevaron a Luz allí no se las tomó en consideración. Eso solo es posible porque las travestis y transgénero somos seres delincuenciales”. 

[LEE TAMBIÉN: Mocha Celis, el primer Bachillerato Popular travesti-trans de América Latina]

La falta de equidad, el grado de vulnerabilidad de la población trans, la estigmatización y la marca de la prostitución son algunas de las características que nombra Bertolini que permiten que el sistema jurídico condene a las personas trans como seres delincuenciales. “Existe algo llamado delito del ser existencial, que es un delito por tu existencia. En este caso, el existir como travestis y trans es pensado como un delito. Ante la falta de conocimiento de las identidades de género, al no tener el Estado un registro de las múltiples identidades que emergen reclamando equidad en los derechos, se pierde la garantía constitucional del derecho al principio de inocencia. Para Luz, este principio no existe porque el ser travesti la catapulta a ser condenada jurídicamente y socialmente”. 

A la espera del juicio

“Luz es inocente y tiene ganas de recuperar su vida, de volver a estudiar y de seguir formándose para trabajar también en otras cosas”, expresa la docente del Mocha Celis. “Hablamos con ella, la vamos a visitar y estamos en contacto permanente. Ella está muy ansiosa, pero está esperanzada en tener un resultado positivo. Se siente acompañada y es fundamental la contención de las compañeras del Gondolín”.

Mientras espera el comienzo del juicio oral, dispuesto para el 20 de febrero de este año, Luz espera con una tobillera que controla sus movimientos a través de un sistema de geolocalización. “Si ella intenta violar la prisión domiciliaria, automáticamente la llaman por teléfono para saber dónde está. Ni siquiera puede salir al contenedor a tirar residuos, y ella es muy responsable con eso”, explica Alcalde. “Solo tiene permisos específicos del juzgado para ir al hospital a hacerse controles de salud, que es la razón por la que le dieron la domiciliaria, y ese recorrido está monitoreado”. 

Por este motivo, Luz no puede trabajar ni tener acceso al dinero. Actualmente, cuenta con el apoyo de las compañeras del Hotel Gondolín y con las donaciones que hace la gente a través de la campaña organizada por ellas en conjunto con organizaciones de Derechos Humanos y con el Bachillerato Mocha Celis, para que puedan llevarle a Luz comida, ropa y mercadería. 

Para realizar adhesiones o brindar algún tipo de ayuda, se puede entrar en contacto a través de las redes sociales de la Campaña. En Facebook se las puede encontrar como “Campaña por la Absolución de Luz Aimé”, y en Instagram como “@absolucionparaluz”.