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Jóvenes en México alzan la voz y reclaman por 5 crímenes LGBT en dos semanas
Javier Eduardo Pérez; Jonathan Santos; fueron asesinados en Morelos y Jalisco, respectivamente.
Por Georgina González, desde Ciudad de México
En las últimas dos semanas de agosto, Javier Eduardo Pérez (34); Jonathan Santos (18); Julie Torres, mujer trans; Sam Rosales (23), también trans, y Brandy «N· fueron asesinades en Morelos y Jalisco, Puebla, y Veracruz, respectivamente. En Morelos, Jalisco hay una ausencia de protocolos con perspectiva de género y diversidad sexual para investigar crímenes contra personas LGBT y no está tipificado el crimen de odio por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género en sus Códigos Penales.
Asimismo, solo en 13 entidades del país, entre ellas Puebla y Veracruz, está tipificado el crimen de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género en sus Códigos Penales.
Por estos motivos, jóvenes activistas se movilizaron en las calles en las últimas semanas para exigir justicia. La activista Jazz Bustamante, activista y fundadora de la Asociación Civil «Soy Humano», anunció que comenzará una huelga de hambre para exigir una aplicación del protocolo nacional de actuación para crímenes de odio.
Tres transfemicidios en una semana
La tarde del 26 de agosto, Brandy Huerta, una mujer trans de 34 años y su madre, María Luisa Huerta fueron asesinadas en Puente Nacional, Veracruz. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha emitido comunicados al respecto.
De acuerdo con Jazz Bustamante, Brandy era muy tranquila y dedicada a cuidar a su madre, vendía productos por catálogo y ayudaba a su mamá a atender una tienda de productos básicos.
La activista puntualizó desde su cuenta de Twitter que “es fundamental no guardar silencio en este brutal asesinato de ambas mujeres, la sociedad veracruzana y mexicana debemos exigir resultados inmediatos en este y todos los casos que aún siguen en impunidad».
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT, 12 personas han sido asesinadas en Veracruz en lo que va del año. Además, conforme a los datos de la organización Letra S, Veracruz es el estado con más registros de asesinatos contra la población LGBT en el último lustro.
El 19 de agosto fue asesinada en su casa en Guadalajara, Jalisco, Julie Torres. La presidenta de Unión Diversa de Jalisco, Fascinación Jiménez dijo a Presentes que “las autoridades no han mencionado este caso. Como si las muertes de las mujeres trans no importaran”. Además la organización exige que el caso se investigue bajo el protocolo de feminicidio.
Al día siguiente, el 20 de agosto, Sam Rosales de 23 años fue atropellada en Atlixco, Puebla. Según Jazz Bustamante, Sam era conocida en la región por ganar concursos de belleza.
«En el caso de Brandy fue notoria la saña, alevosía, ventaja y ridiculización de su cuerpo luego de ser asesinada» dijo Bustamante al portal e-Veracruz.
La activista indicó que con el de Brandy suman 19 crímenes de odio en contra de integrantes de la comunidad LGBTTTI en el estado de Veracruz durante el 2020, que se ubica desde mayo en el primer lugar nacional, de acuerdo con el Observatorio de Crímenes de Odio.
Brandy era una mujer trans de 32 años de edad que se ganaba la vida con lo que obtenía a través de ventas de productos por catálogo y trabajos como estilista que realizaba en el municipio ubicado a 55 kilómetros del puerto de Veracruz.
La semana pasada, fue asesinada en su casa de Guadalajara Julie Torres, mujer trans. La agrupación Unión Diversa de Jalisco exigió a las autoridades estatales que el caso se investigue bajo el protocolo de feminicidio. Según denuncia el activismo, tenía signos de tortura en su cuerpo.
Sam Rosales, de 23 años, fue atropellada en Atlixco, Puebla, el 20 de agosto. Según consta en las cámaras de seguridad, los asesinos la tiraron de su motocicleta y la atropellaron una vez en el piso.
Javier, envuelto en una bandera con mensajes de odio
Javier Pérez salió de su casa en Ciudad de México el 19 de agosto a las 8 horas en su auto, un Aveo color guinda con matrículas de Morelos. Desde ese día su familia dejó de saber de él y levantaron una denuncia por desaparición. Ese mismo día la Fiscalía de Morelos reportó el hallazgo de una persona sin vida en Cuernavaca, pero recién el martes 25 de agosto su familia pudo identificarlo.
El cuerpo de Javier presentaba huellas de violencia y la Fiscalía de la entidad comunicó que estaba “parcialmente envuelto con una tela de color blanco parcialmente quemada y a un costado un mensaje escrito en un pedazo de cartón”.
“El mensaje que dejan a lado del cuerpo, asegurando que cometió abuso de menores, perpetúa la idea que existe sobre las personas homosexuales a las cuales muchas veces se nos acusa de ser los principales abusadores de menores, cuando la realidad es otra. Es preocupante el contexto, la violencia de cómo se comete el homicidio”, dijo a Presentes Isidro Añorve, activista e integrante de la asociación Equidad y Participación Ciudadana.
En redes sociales activistas y organizaciones califican el asesinato de Javier como un crimen de odio. Por su parte, la Fiscalía de Morelos anunció que “se siguen todas las líneas de investigación que permitan establecer la mecánica de hechos”.
“Es muy complicado tener cifras sobre estos hechos, además a eso le sumamos que, en ocasiones es la propia familia quien no quiere que en las líneas de investigación se ventile la orientación sexual o identidad de género de su familiar”, recalcó Añorve.
En Morelos existe la Dirección de Diversidad Sexual perteneciente a la Secretaría de Gobierno y parte de sus atribuciones es proponer a las diferentes instancias del estado acciones en favor de los derechos de las personas LGBT. Hoy uno de los pendientes es la aprobación de la ley de identidad de género.
“Hasta el momento (Violeta Sánchez Luna, directora de la Dirección de Diversidad Sexual ) no ha hecho nada a favor de las poblaciones de la diversidad sexual. No existe interés por parte del gobierno actual solo es simulación y desdén”, comentó Añorve.
“Las personas LGBTTTI sufrimos violencia y discriminación, sin que esté gobierno haga algo para prevenir y eliminar estás discriminaciones y violencias estructurales, tan es así que incluso hace unas semanas fui amenazado por una funcionaria pública del gobierno del Estado tan solo por denunciar la omisión ante los discursos de odio del Obispo de Cuernavaca, Morelos, Monseñor Ramón Castro Castro, a quien el gobierno del estado protege y le permite que este jerarca religioso use el púlpito para difundir discursos de odio en contra de las personas LGBTTTI y de compañeras feministas”, agregó.
Asesinato de Jonathan Santos sin avances en la investigación
Jonathan Santos era estudiante y activista LGBT, tenía 18 años y la noche del 11 de agosto fue asesinado a unas cuadras de su casa en Zapopan, Jalisco. Jonathan estaba en una fiesta y fue ahí donde se le vio con vida por última vez, antes de retirarse del lugar.
En conferencia de prensa la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que la causa de muerte fue por un proyectil de arma de fuego y siguen tres líneas de investigación: crimen de odio, “crimen pasional” y que no descartan que se tratara de un robo.
Además, el fiscal del Estado comentó que el asesinato de Jonathan se investigará con el uso del protocolo de feminicidio. Esta declaración causó críticas por parte de organizaciones y activistas, por lo que Andrés Treviño, titular de la Dirección de Diversidad Sexual de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco aclaró que de acuerdo a ONU Mujeres “el protocolo latinoamericano de atención a los feminicidios también puede servir a orientar la investigación en otros homicidios relacionados a víctimas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas”.
Sin embargo, a dos semanas del asesinato de Jonathan no hay avances en las investigaciones.
La Fiscalía del Estado de Jalisco no cuenta con un protocolo especializado que garantice el acceso a la justicia a las personas LGBT. Fascinación Jiménez, presidenta de la asociación Unión Diversa de Jalisco, dijo a Presentes, “el acceso a la justicia en Jalisco es un calvario, no hay reparación de daño y no hemos sabido de un solo caso de éxito donde se haya encarcelado a una persona por haber asesinado a algún o alguna integrante de la población LGBT y que pague una condena por crimen de odio”.
Además, en diciembre de 2019 el Congreso local aprobó una modificación al artículo 219 del Código Penal del Estado para incluir al crimen de odio por orientación sexual, identidad y expresión de género como una agravante de homicidio. Sin embargo, el Código no ha sido modificado como tal, sólo se publicó en el Diario Oficial del Estado.
En relación a esto, Fascinación Jiménez advierte, “si el día de hoy se resolviera el caso de Jonathan Santos no se podría aplicar esta agravante ya que no aparece todavía en el Código Penal”.
No aplican el protocolo nacional para estos crímenes
Pese a la ausencia de protocolos locales en Morelos y Jalisco, desde 2017 existe un protocolo nacional de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia en casos que involucren la orientación sexual, la identidad y expresión de género. Frente a ello Jiménez señala que en Jalisco “las autoridades se rehúsan a leerlo y a aplicarlo”.
De acuerdo con la organización Letra S, en 2019 se cometieron 117 crímenes de odio en México. Es decir, 3 personas LGBT fueron asesinadas por día ese año, representa el año más violento en el último lustro.
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