Santa Fe: Travestis y trans a un paso de torcer la ley de pensiones
A partir de una presentación colectiva, la Caja de Pensiones de Santa Fe analiza otorgar pensiones a travestis y trans mayores de 35 años.
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Por Victoria Stefano desde Santa Fe/Periódicas*
Foto: Priscila Pereyra
Desde el año pasado, y en el marco del centro cultural La Kasa de las Locas de la ciudad de Rosario, se viene impulsando una iniciativa transformadora: incorporar a las personas trans mayores de 35 años a la población contemplada por la ley provincial 5110. Esta normativa ordena la creación de la caja de pensiones sociales de Santa Fe que tiene por objeto prestar asistencia social mediante el otorgamiento del beneficio a sectores vulnerables.
Donde existe una necesidad nace un derecho
La iniciativa surgió frente a la necesidad de las compañeras trans y comenzó a tomar forma con el dispositivo de Acceso a la Justicia, que llevan adelante estudiantes de la cátedra Acceso a la justicia y protección de grupos vulnerables de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
Desde la organización Comunidad Travesti Trans Rosario señalan que si bien «en un principio pensamos que el asesoramiento iba a tener que ver más con la ley de identidad de género o con otras cuestiones, les estudiantes que estaban ahí orientando a las compañeras lo que pudieron detectar es la clara falta de recursos económicos. Y en base a eso empezaron a ver que herramientas se podían articular que ya estuvieran en funcionamiento».
Recovecos en la ley
A partir de allí se estudió la ley 5110, y se encontraron con una limitación clara. Pero también con una oportunidad potente: las personas en condiciones de vulnerabilidad de 1942, año en que se sancionó la ley, no son las personas en situación de vulnerabilidad del año 2020, y comenzaron a pensar en cómo adaptar la norma a paradigmas actuales.
«Lo que nosotras hicimos fue correr el eje al concepto de ancianidad, que también está contemplado en la ley, fundamentando con el promedio de vida que tenemos nosotras, porque si esta ley beneficia a las personas ancianas y el común de las personas vive 70 u 80 años y nosotras nos morimos entre los 30 y los 40, podemos estar hablando entonces de que nosotras a los 30 años ya estamos en la etapa de ancianidad, porque tenemos una expectativa de vida muy corta» dice Michelle Vargas Lobo, integrante de la organización y del dispositivo.
Acción y reacción
Con este fundamento más algunas cuestiones legales se presentó un expediente por mesa de entrada con todas las solicitudes de las compañeras que se acercaron al dispositivo. Eligieron esa posibilidad «para ver qué respuestas teníamos, y en caso de que los formularios que presentamos no llegaran a pasar la vía administrativa veríamos la estrategia, que sería seguramente un recurso de amparo». Pero, afortunadamente no tuvieron que llegar a esa instancia porque con esa presentación alcanzó.
Si bien la idea era poder ingresar todo antes del cese de actividades de la administración pública y que la propuesta comenzara a trabajarse en marzo, llegó la pandemia. «Tuvimos la dicha de que nos llamaran de la Caja de pensiones a mediados de julio» dice Michelle. «Se comunicaron con la abogada que está llevando a cabo la estrategia legal y nos dieron la noticia de que en base al trabajo que habíamos presentado se pensó en la modificación de la ley y se está laburando en eso«.
Alineación cósmica
Simultáneamente a todo el esfuerzo que venían sosteniendo las organizaciones, desde la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110 estaban trabajando en una reestructuración interna sobre ejes específicos, como los que fijan el porcentaje de incapacidad laboral, la inclusión de personas trasplantadas, tipificar figuras como la tercera edad, y reperfilar la población de jóvenes en situación de extrema necesidad a la que apunta la normativa en uno de sus títulos. Y las propuestas no pudieron llegar en mejor momento.
José Luis Rosetto, al frente de la Caja, afirma que recibieron con mucho entusiasmo las iniciativas por parte de las organizaciones con intervención de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género. Y remarcó la importancia del trabajo articulado. Explicó que la recepción de las demandas será a través del órgano provincial de Igualdad y Género, y desde allí se derivarán los informes a su área para darle continuidad y otorgar los beneficios.
El Estado, a la altura
Nerea Tacari, directora provincial de Políticas de Igualdad, comentó que hace aproximadamente un mes el director de la Caja les convocó a participar del proyecto de modificación de la Ley. La propuesta que llevaron fue la incorporación de forma transitoria de las personas víctimas de violencia y las personas trans y travestis al beneficio previsto por la normativa. Y al conocer el trabajo que venían haciendo en Rosario decidieron aunar esfuerzos.
«Es un compromiso y una decisión política de esta gestión dejar instaladas políticas públicas con permanencia en el tiempo. Cambios como este, que contribuyan a disminuir las brechas, teniendo en cuenta las desigualdades estructurales con las que conviven las personas pertenecientes a estas poblaciones y que no constituyan solamente respuestas espasmódicas ante la emergencia» declaró a Periódicas la funcionaria provincial.
«El Estado tiene una deuda histórica con las mujeres y la población trans travesti y es momento de que empiece a saldarla con medidas que perduren en el tiempo» concluyó Tacari.
Reconocer es reparar
Por su parte, Vargas Lobo remarcó el valor simbólico de la reforma: «la importancia de esto no tiene que ver con lo monetario porque no es una suma económica alta, sino que el que estén reconociendo que tenemos un promedio de vida de entre 35 y 40 años en una ley y que por eso nos estén dando una pensión es poder empezar a pensar en otras políticas en paralelo a esto. Porque obviamente no va a solucionar la problemática de las compañeras, sino que tenemos que pensar en políticas mas profundas, en el acceso al sistema en general, lo laboral, la vivienda, la salud», finalizó.
A la espera de tratamiento
De momento, el proyecto de modificación presentado por el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, y su par del departamento San Justo, Rodrigo Borla, ya fue aprobado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda y aguarda la aprobación de ambas cámaras.
*Este artículo se publicó originalmente en Periódicas y se republica en el marco de una alianza informativa entre Periódicas, Comunicación Feminista desde el litoral, y Agencia Presentes.
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