Salta: mujeres indígenas denuncian violencia policial y amenazas de violación

Mujeres indígenas de la comunidad Misión Tapiete, ciudad de Tartagal, departamento de San Martín, denunciaron que miembros de la Policía de Salta han violentado a sus familias y amenazaron con violarlas

10 de agosto de 2020

Por Elena Corvalán, desde Salta

Foto: Nación Tapiete

Mujeres indígenas de la comunidad Misión Tapiete, ciudad de Tartagal, departamento de San Martín, denunciaron que miembros de la Policía de Salta han violentado a sus familias y amenazaron con violarlas. Comuneres confirmaron que les policías ingresan en estado de ebriedad y cometen abusos reiterados. Después de varias gestiones del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, la Fiscalía abrió una investigación de oficio.

M., una de las mujeres que recibió las amenazas (mantenemos su identidad en reserva por seguridad), relató que ella y su familia ya habían sufrido abusos policiales. “El 30 de junio, entre las 22 y 23, un grupo de policías empezaron a hacer tiros contra la casa de mi padre y mi madre, dos personas de avanzada edad y con problemas de salud”, contó a Presentes.  La Policía venían siguiendo a un chico de su comunidad que se metió a la casa de su madre. “Querían entrar a la casa de mi mamá. Mi hermano no los dejaba a entrar”, contó a Presentes. Su hermano y un sobrino recibieron balas de goma. 

La Comisaría 42 no quiso tomarle la denuncia:  “Me han dicho que ese es el trabajo de ellos y que estamos en cuarentena”.

El sábado 4 de julio por la noche, policías volvieron a entrar a la comunidad insultando a los chicos que se reúnen en las esquinas. Una hora después, regresaron: “Ahí es cuando empezaron a disparar con balas de goma y hondas. A mi hermano le tiraron un hondazo en el pie que se le hizo un hematoma, y a varios chicos les han herido con balas de goma. Y después entraron en dos familias donde les querían llevar a dos menores que estaban durmiendo. Los padres pelearon ahí con los policías para que no los lleven”, contó M. a Presentes.

“Le dijeron a mi hermano que me iban a agarrar a mí y me iban a hacer un montón de cosas, que yo soy la que ando quejándome. Y les decían que ni yo le iba a salvar de la cagada que le iban a dar los policías a mi hermano. Decían ‘a tu hermana la vamos a cagar violando’. Lo provocaban para que mi hermano salga.”, contó M. a Presentes .

“A mi hermana también la amenazaron. La vieron con el celular y le dijeron que deje de estar tonteando, que deje de estar filmando porque si ella filmaba, hacía la denuncia, no le iban a llevar el apunte, pero que si llegaba a hacer la denuncia a ella la iban a cagar violando, y le iban a armar causa. ‘En cualquier momento podemos venir’”.

Los dichos de M.fueron corroborados por Sara Chavarría, habitante de Misión Tapiete y también integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas. Y, en parte, también lo ratificó Eleuterio Quillo, otro habitante de la Comunidad en cuya casa también intentó meterse la Policía.

Hasta ahora no ha podido radicar la denuncia penal. Luego de la intervención del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, la Fiscalía  de Derechos Humanos (encargada de investigar delitos cometidos por miembros de la fuerza de seguridad provincial) inició un expediente.

Una comunidad postergada y violentada

Misión Tapiete está organizada en manzanas y calles de tierra, donde viven entre 200 y 300 familias. Está en la zona cercana al macrocentro de Tartagal. Rodeada de los barrios criollos: Luján, San José, San Antonio, San Roque, San Ramón, Arturo Illia. También está cerca  la Comunidad de Julio, del Pueblo Guaraní. Todos esos barrios son muy humildes y están inmersos en una realidad de falta de trabajo, dificultades para acceder a la educación y falta de perspectivas de mejora de la calidad de vida. En ese marco, hace rato que las adicciones, y la violencia sean un lugar común.

Mucha gente de Misión Tapiete vive del trabajo en los aserraderos. También, de la agricultura, en un predio de 7 hectáreas en Paso del Cherenta, un predio a 16 kilómetros de la ciudad. Ahí cultivan sandía, choclos, y otros productos que venden. Sobre todo viven en el campito las personas mayores que no se acostumbran a la ciudad.

Justo en el límite entre Misión Tapiete y el barrio Arturo Illia hay una cancha que es usada como punto de encuentro, para practicar fútbol, pero también para estos consumos. “Hay una cancha grande de fútbol donde se sientan a consumir drogas. Hay unos troncos ahí a las orillas de la cancha y ahí se sientan los muchachos. Ese es su medio de contención, digamos”, contó a Presentes el comunicador social Armando Álvarez, que es también docente en la Sede Tartagal de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

En esas condiciones, les adolescentes y jóvenes de la comunidad conviven con la Policía. Las fuentes consultadas coincidieron en que les chiques, consumidores o no, tienen malas experiencias con la Policía. Y como le temen, cada vez que aparece un móvil, huyen. “Apenas ven la Policía empiezan a disparar, tienen miedo porque los pillan así y ya les empiezan a pegar a los menores”, contó M. a Presentes.

La mayoría de les chiques tiene miedo de ser discriminades o detenides por la Policía al punto de no querer ir a la escuela, según relatan varias madres de la comunidad a M.

Entre les jóvenes, algunes tienen el oficio de albañilería, otres hacen changas, otres están en organizaciones sociales. En Misión Tapiete hay presencia del Frente Popular Darío Santillán y Barrios de Pie. Algunas personas son beneficiarias de planes sociales, pensiones, jubilaciones. Hay quienes tienen pequeños negocios. Pero la mayoría de les jóvenes no han seguido estudios secundarios. “Unos cuantos nomás son los que están en la secundaria y como cinco, seis en la terciaria. Hay jóvenes que trabajan, tienen su familia, algunos trabajan en aserraderos porque no tienen estudios. Salen al aserradero a las 3, 4 de la mañana y cada vez que salen les pilla la policía y después de dos días recién los sueltan” y ya pierden sus trabajos”, contó Chevarría.

Como ejemplo, Chavarría pone a su hermano. Cuando tenía 20 años estudiaba en un nocturno y su madre le había comprado una moto. Una noche cuando regresaba, un grupo de policías lo paró acusándolo de que la moto era robada. Lo detuvieron, le pegaron y lo soltaron cuando verificaron que la moto era de él. Cuando familia quiso hacer la denuncia, les mandaron al hospital a buscar un certificado médico de que estaba golpeado, pero el médico no se los quiso dar, “Así que quedó en la nada. Para mí, que por ese motivo los changos no siguen estudios”, dice Chevarría.

Causas armadas

En junio de 2019, un chico iba a los tiros en una moto. M. llamó al 911 y un móvil policial se detuvo  frente a la casa de su madre. Ella les explicó que el chico ya se había ido. En eso “un policía lo empezó a insultar a mi hermano, le empezó a decir ‘metansé, putito, mamita’ y todo eso”. Ella pidió a su hermano que entrara a la casa y a los policías, que se retirasen. Ella volvió a insistir para que se fueran. “Ahí nomás el otro empezó a hacer tiros. Mis dos hermanos quedaron casi una semana en terapia, uno con una herida abierta en el estómago, por disparos de bala de goma de muy corta distancia. Mi marido perdió un dedo, arrancado por una bala de goma al tratar de protegerla de los disparos de la Policía. Yo también recibí balas de goma”.

Un tercer hermano que estaba de visita los llevó al Hospital Juan Domingo Perón. Pero los policías los estaban esperando y comenzaron a pegarles “así, heridos como estaban”. Luego, aseguró la mujer, no permitían que un médico los atendiese.

Por ese episodio fueron encausados sus hermanos y su marido y actualmente tienen prisión domiciliaria.

El 22 de junio de 2019 la mujer denunció en la Fiscalía de Derechos Humanos, pero no han tenido novedades de este proceso. Por el contrario, “los policías siguen trabajando. Los únicos que salieron perjudicados son mis hermanos porque perdieron sus trabajos y encima les hicieron una causa”. En cambio, “hace poco nos mandaron un papel que tenemos que pagar 6 mil pesos por romper el casco y la camioneta”.

M. contó que tiene miedo. “Hay veces ellos amenazan a los chicos que los van a violar”. Contó que antes de la cuarentena su sobrino volvía a la casa a la medianoche con amigues “y los patrulleros los pillaron les dijeron qué hacían acá, les preguntaron de dónde eran, ellos dijeron somos de Tapiete y les dicen ‘más vale que se vayan a sus casas si no los vamos a cagar violando”.

El jefe de la Comisaría  42, Alejandro Guanca, se negó a realizar declaraciones a Presentes sobre estos hechos.

10 de agosto de 2020

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