4 de agosto de 2020

Compartir

Compartir

Share on FacebookShare on Facebook TweetShare on Twitter Share on WhatsAppShare on WhatsApp

SUSCRIBITE AL NEWSLETTER

Apoyanos

Por Elena Corvalán, desde Salta

Con demoras, fundadas en los protocolos de higiene que deben seguirse por el coronavirus, comenzó ayer lunes el juicio oral – aunque no público en su mayor parte- por el asesinato de la mujer trans Mirna Antonella Di Marzo. Mirna Antonella fue golpeada brutalmente en la ciudad General Güemes (50 kilómetros de la ciudad de Salta) el 21 de octubre de 2018 y murió el 27 de enero de 2019. Por este hecho está siendo juzgado José Gustavo Gareca, un hombre que tiene antecedentes por violencia sexual, tentativa de homicidio y lesiones. Gareca está acusado por el delito de “homicidio agravado por media violencia de género”. La querella de la familia, y organizaciones del colectivo LGBTI+, plantean que el ataque contra Mirna debe calificarse como transfemicidio-travesticidio

“Era una chica alegre, buena hija. Tenía sus cosas porque era trans y me la discriminaban. Yo quiero que se haga justicia porque mi hija se lo merece. Me la dejaron tirada a la buena de dios”, dijo su madre, Cristina Salas, al declarar en la primera jornada de debate. Lo hizo por videoconferencia, desde la sede de la Fiscalía de General Güemes, porque el juez Roberto Faustino Lezcano, de la Sala IV del Tribunal de Juicio, decidió extremar las medidas de cuidado para evitar posibles contagios con el coronavirus.

Por esto mismo, el debate se realiza en el Salón de Grandes Juicios que, como su nombre lo indica, tiene un amplio espacio en el que les participantes pueden acomodarse sin cercanía alguna. A pesar de esas condiciones, el juez Lezcano decidió no permitir el ingreso del público, ni de la prensa. Como única medida de difusión se transmitió por el canal de You Tube del Poder Judicial de Salta la primera parte de esta primera audiencia, de lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio. El juez anunció que también se transmitirán los alegatos y la sentencia. Todo lo demás que ocurra en el juicio quedará entre las cuatro paredes del Salón de Grandes Juicios.

Desde que se inició la cuarentena, el Poder Judicial de Salta no permitió la presencia del público en ningún debate, ni aseguró su difusión por otras vías. En esta audiencia la decisión provocó consternación en la familia de Mirna Di Marzo. “Es importante que la parte de mi hermana esté presente”, sostuvo Janet Di Marzo, hermana de la víctima y la persona que más la conocía, según sus propias palabras. De los dichos de Janet se desprende que la familia aún sufre la discriminación que padeció Mirna: “No sé qué van a salir a hablar de mi hermana”, lamentó la joven tras destacar que hoy mismo un diario de la provincia dijo que la joven tenía una relación con su agresor, lo que desmintió terminantemente.

Además del contratiempo de no poder asistir a la audiencia, Janet sufrió ayer otra negativa del tribunal. Cuando su madre esperaba para declarar pidió, a través del abogado que representa a la querella de la familia, José Lazarte, que le permitieran acompañarla, preocupada porque tiene un marcapasos y estaba muy afectada por tener que dar su testimonio. “Hasta que no declaren no pueden tener contacto con los testigos, (…) Si es un menor sí, pero si es mayor, no se autoriza”, cerró la consulta el juez. Un cuidado inútil el del magistrado, porque Janet vive con su padre y su madre, es decir que han tenido tiempo más que suficiente para hablar sobre la muerte de Mirna, y sobre su declaración.

Ataque y complicidad social

Mirna tenía 31 años cuando falleció. Vivía con su familia en una casa obrera de General Güemes. En algún momento había ejercido la prostitución, pero desde marzo de 2018 había retomado sus estudios de nivel secundario y estaba decidida a reencaminar su vida. Se ocupaba de los quehaceres de la casa y con Janet hacían dulces caseros para la venta.

En la lectura de la acusación fiscal, realizada por la fiscala Verónica Simesen de Bielke, que intervino en la primera parte de la investigación de este crimen, se recordó que Mirna fue atacada a la salida del boliche Caribe, después de las 4 de la mañana del 21 de octubre de 2018. La fiscala llegó a la conclusión de que salió acompañada por Gareca, pero a pocos metros el hombre la atacó a golpes de puño y patadas y le quitó una carterita negra que llevaba.

Según testimonios que la fiscala detalló en la acusación, el ataque duró unos 20 minutos. Esa acción fue vista a la distancia por al menos tres personas que no intervinieron, dos jóvenes mujeres se excusaron en que temieron ser atacadas también o no querían problemas. El tercero fue un remisero, que al iluminar la escena con el automóvil provocó la fuga de Gareca. Mirna quedó inconsciente en ese mismo lugar, en la calle 20 de Febrero, y nunca se recuperó.

Gareca fue identificado por estos testimonios y otros, de gente que lo había visto en el boliche, y por cámaras de seguridad de la zona. Además, poco después, atacó a otra joven, también a golpes en la cabeza, igual que a Mirna. En este caso, la chica fue defendida por otro joven que pasaba. Gareca está acusado por el delito de “homicidio agravado por media violencia de género”. La Fiscalía aseguró que Gareca tenía la intención de provocar la muerte de Mirna, y que en su acción hubo “un componente subjetivo misógino”, que buscaba “causar un daño por el hecho de ser mujer”. Tras la lectura de la acusación, se pasó a la formalidad de identificar al acusado y preguntarle si iba a declarar. En este punto se cortó la transmisión del debate.

El área de prensa del Poder Judicial de Salta informó luego que Gareca dijo que no declarará por el momento aunque anticipó que lo hará más adelante. Y que informó que tiene tres condenas previas, una por abuso sexual, otra por homicidio calificado criminis causa en grado de tentativa y otra por lesiones leves, por ellas le impusieron una pena unificada de 18 años y nueve meses de prisión, y quedó en libertad en marzo de 2018.

Primeros testimonios

Tras esto se pasó a los primeros testimonios. Se informó que “entre los testigos citados” para esta jornada estuvieron Cristina Salas; Keyla Molina, una amiga de Mirna, y Esther Terrazas, empleada del boliche.
Por videoconferencia, con las dificultades adicionales que eso implica para una persona mayor no acostumbrada a las nuevas tecnologías, la madre de Mirna dijo lo que pudo. Según el informe del Poder Judicial, contó que se enteró de lo que le había pasado a su hija a las 7 de la mañana del 21 de octubre. Dijo que dos chicas fueron a su casa y le contaron que la habían encontrado tirada en la calle, inconsciente, cerca del boliche bailable.

“Cuando me avisaron mi hija ya estaba en el hospital (Joaquín Castellanos, de Güemes). Fui hasta ahí pero nunca pude hablar con ella porque estaba inconsciente, en estado vegetativo. Tenía la cabeza muy golpeada. Los médicos me dijeron que estaba en ese estado porque había permanecido mucho tiempo tirada en la calle y le había faltado oxígeno al cerebro”, relató.

Recordó que Mirna estaba estudiando y en esas circunstancias la calificó de “buena hija”. Por cuestiones de procedimiento penal la invitaron a mirar a Gareca, y a decir si lo conocía o no. No lo conocía, y el hecho de tener que verlo fue para ella doloroso, contó después Janet, en conversación con Presentes. Añadió que su madre estaba “enojada” porque la conexión no era muy buena y no entendía las preguntas de su abogado y del fiscal Ramiro Ramos Ossorio.

“Todas las organizaciones travesti trans y el movimiento de diversidad lgbti+ ha reclamado justicia en el reconocimiento del crimen en términos de travesticidio y transfemicidio, un homicidio calificado por odio a la identidad de género y por haber mediado violencia de género y alevosía”, sostuvieron organizaciones LGBTI+ en un comunicado en el que afirmaron que la “justicia debe asumir un rol activo, donde se incorpore los estándares de derechos humanos, los antecedentes del juicio por travesticidio de la compañera Diana Sacayán, y el reconocimiento a las tramas estructurales de violencia y de odio a la identidad travesti trans”.

Y también aseguraron que “la justicia debe reconocer las violencias, como el odio a nuestras identidades travesti trans y donde se inscriben estos crímenes en nuestra sociedad, por un lado, la condición de género”, pero “también el odio a la identidad, son agravantes presentes en estos delitos”. Está previsto que la audiencia siga hasta el 12 de agosto.