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Salta: la Policía reprimió a mujeres guaraníes e hirió de bala a un bebé
Una mujer guaraní detenida y 18 herides de bala de goma, entre ellos seis niñes (uno de ellos, bebé), fue el resultado de un procedimiento policial realizado el jueves 23 en la Comunidad Guaraní Cheru Tumpa, en Salta.
Foto: Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir
Una mujer guaraní detenida y 18 herides de bala de goma, entre ellos seis niñes (uno de ellos, bebé), fue el resultado de un procedimiento policial realizado el jueves 23 en la Comunidad Guaraní Cheru Tumpa (Padre Dios), de la localidad de Colonia Santa Rosa, en el departamento Orán de la provincia de Salta. La Comunidad permanece en estado de alerta y exige la libertad de la referente Yamila Veleizán, quien fue trasladada a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, a una hora de su lugar de residencia. Esto fue señalado desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como “un agravamiento” de su detención.
El escenario del procedimiento fue un terreno baldío ubicado en la entrada al pueblo, conocido como finca Manero, cuya propiedad es reivindicada por la familia. La Policía de Salta informó a Presentes que el procedimiento, realizado cuando ya oscurecía, se llevó a cabo en respuesta a una denuncia presentada en la tarde por una mujer de 74 años. Los comuneros la identificaron como Blanca Manero. Esta mujer había enviado a cercar un terreno, despertando la reacción de los ocupantes.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta informó que en el caso interviene la fiscala penal Sofía Fuentes, de Pichanal, pueblo distante 30 kilómetros de Colonia Santa Rosa, de camino a San Ramón de la Nueva Orán, la ciudad cabecera del departamento Orán. El MPF también refirió que la actuación se inició con una denuncia de la familia Manero. Veleizán fue indagada y continúa detenida, imputada por los delitos de “resistencia a la autoridad y amenazas, usurpación, estafa y extorsión”.
El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir destacó que Veleizán “fue arrestada sin orden judicial, brutalmente golpeada y arrastrada y llevada a la comisaría n° 9 de Orán”, a “1 hora de distancia de la comunidad” que les “efectivos policiales que actuaron eran todos hombres incumpliendo la ley”.
La vocera y autoridad comunitaria Juliana Martínez Soria dijo a Presentes que abogados de Orán les informaron que Veleizán iba a estar detenida unos 15 días por lo menos. “Nosotros no queremos que ella esté detenida”, insistió Martínez Soria. Asimismo, señaló que hay policías que van a la Comunidad “de rato en rato”, en lo que interpretan como una clara intención de detener al cacique, Raúl Ceballos, “pero nosotros no vamos a permitir que lo lleven”, aseguró.
“Hay niños con marcas de bala de goma”
Ayer por la tarde la Comunidad recibió mercadería y el apoyo del Movimiento Evita. Jocha Castro Videla, referente de esta organización, calificó al procedimiento policial como “una cacería que recuerda los peores tiempos de Argentina”. “Vinieron en busca de los líderes y de la lideresa de la comunidad, vinieron a los tiros, se llevaron puesto todo, se rieron, los insultaron, con el objetivo de básicamente secuestrar y detener a los referentes, mburuviches, caciques. Se llevaron a una de las hermanas que es una de las referentas, tiraron la bandera de ellos, la pisotearon, los tiraron a ellos, los pisaron. Acá hay bebés con balazos de goma en la frente. Hay niños con marcas de balas de goma, mujeres grandes, mujeres embarazadas. Fue un atropello total lo que sucedió ayer acá”, describió. Insistió en que hubo una cacería, “vino la Brigada por los únicos dos accesos que tiene este terreno, a cazarlos, a atropellarlos”.
Martínez Soria sostuvo que detrás de las denuncias de la familia Manero y de la actuación policial hay una situación de discriminación hacia su Pueblo por su identidad indígena. Y añadió que la Policía “no respeta a las mujeres”. Despectivamente les dicen “chahuancos” o “cuñas”.
La intervención policial, que incluyó un gran despliegue de miembros de la División de Infantería, fue difundido inicialmente por comunicadores indígenas, y provocó la reacción ayer del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que en un comunicado exigió “al Gobierno Nacional que intervenga de inmediato para el resguardo de los Derechos de la comunidad Guaraní Cherú Tumpa en Colonia Santa Rosa. Y les pedimos a todos los pueblos indígenas y el pueblo argentino que levanten su voz de indignación y repudio frente a estos acontecimientos”.
Ayer la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, requirió a la fiscala Fuentes información sobre estos hechos. En una nota la funcionaria nacional recordó que la “ocupación de las familias indígenas viene desde el año 2015”, a pesar de lo cual ahora “integrantes de la fuerza policial se hicieron presentes en el lugar sin exhibir orden judicial y dispusieron a desalojar con disparos de balas de goma a las 80 personas que se encontraban en el lugar, dejando como resultado a varios heridos, entre ellos a un menor de edad y la detención de la referente Yamila Veleizán”. Ayer también tomó intervención en el caso la delegación Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Reclamo de acceso a la tierra
El Ministerio Público Fiscal precisó que la denuncia de la familia Manero sostiene que Veleizán y otras personas “habrían intentado usurpar otro espacio ayer (por el jueves último), en el denominado Asentamiento Gauchito Gil, establecido desde 2015”. El organismo sostuvo que la nueva ocupación era sobre un terreno colindante, que la familia Manero tiene distintas matrículas catastrales y había denunciado nuevas ocupaciones. Según la Fiscalía, había consigna policial y el jueves el conflicto se suscitó porque hubo un nuevo intento de asentamiento por parte de integrantes de la comunidad, que “impidieron a la propietaria el cercado de sus terrenos” y luego “se resistieron” ser identificades por los policías.
El INAI recordó que “uno de los conflictos de las comunidades indígenas es el reclamo territorial, sobre la cual se articulan tanto la construcción y conservación de la identidad como la posibilidad de una proyección a futuro en términos comunitarios- Resulta menester poner de resalto la vigencia de la emergencia territorial dispuesta por la ley 26.160 y sus prórrogas”, que, entre otras disposiciones, ordena en su artículo 2º “la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que tiendan al desalojo o desocupación de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”.
El organismo nacional pidió a la fiscala que aplique este artículo y busque “métodos de resolución alternativa por fuera del enjuiciamiento penal en todas aquellas causas judiciales que podrían existir afectación de derechos territoriales de comunidades indígenas hasta tanto se efectivice el relevamiento territorial ordenado por la ley 26.160”.
Para el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, “en Argentina se está llevando adelante una guerra de baja intensidad contra los pueblos indígenas, con el objetivo de exterminarnos y permitir el emplazamiento de empresas extractivistas”.
El documento “Efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia Covid-19 y del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en los pueblos indígenas en Argentina” -una investigación transdisciplinaria de la que participaron treinta equipos, entre ellos varios del Conicet- destaca la desigualdad y la violencia estructural que sufren muchas comunidades originarias del país, y que la pandemia agudiza. “Esta coyuntura agrava la situación de desigualdad socioeconómica, la irregularidad en la posesión de las tierras que habitan, la histórica invisibilización, estigmatización y, en ocasiones, criminalización asociada a su condición sociocultural”. y destaca la investigación. El trabajo habla sobre el racismo, la discriminación y la violencia verbal y física hacia los pueblos originarios, muchas veces por parte de las fuerzas de seguridad o de otras formas de violencia institucional.
Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertaron en mayo sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas a nivel regional en el marco de la pandemia. e instaron los Estados «a suspender los procedimientos administrativos tendientes a la concesión de permisos de proyectos extractivos y otros proyectos de explotación o desarrollo de recursos naturales en o alrededor de territorios indígenas, con el fin de garantizar el respecto a las prácticas culturales y la participación efectiva de los pueblos indígenas en todas las decisiones que sean susceptibles de afectarles directamente.»
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