20 de julio de 2020

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Fotos y videos de espaldas laceradas, con hematomas en cuerpos de jóvenes y adultos mayores recorrieron perfiles de Facebook y grupos de WhatsApp paraguayos desde el jueves a la noche. Se trata de las 35 personas que fueron privadas de su libertad por parte de funcionarios de la Marina de Ciudad del Este, con el argumento de ser sospechosxs del asesinato de un suboficial en un enfrentamiento armado el miércoles pasado. Entre lxs aprehendidxs que fueron secuestradxs y torturadxs había 3 mujeres trans. 

Les decían que miraran al suelo para no identificar sus rostros, y a Cris, Sadis y R, las únicas mujeres trans, las acosaron y les dijeron que no iban a sobrevivir. “Sin ninguna explicación, las agarraron también porque no son contrabandistas, son trabajadoras sexuales que estaban en sus domicilios. Las llevaron para burlarse de ellas y para torturarlas. Decían que les iban a cortar el pelo para que ‘vuelvan a ser hombres’. Su único pecado fue ser transexuales”, expresó Franchesca Galatti, activista de Panambi en Ciudad del Este. 

Voluntarixs de Somos Gay de Ciudad del Este les llevaron víveres y medicamentos el viernes. 33 personas fueron liberadas y 2 siguen privadas de libertad, sin suficientes pruebas. Hasta el momento, ningún militar está imputado. La Asociación Panambi repudió la actuación de los militares y exigió, una vez más, al Estado que se investigue el caso de violencia contra las personas trans y los 62  transfemicidios reportados en transición democrática.

Militares por la madrugada

Cerca del río Paraná, en el barrio San Miguel de Ciudad del Este (CDE), el miércoles pasado se desencadenó una balacera entre un grupo de presuntos contrabandistas y agentes de la Marina. La Armada Paraguaya emitió un comunicado en el que contó a los medios locales que en el tiroteo que duró cerca de 15 minutos, Marcos Gabriel Agüero, un marino de 22 años resultó herido y falleció el jueves. Pero no habló de las denuncias de tortura y las detenciones arbitrarias.

Los relatos de las víctimas coinciden en que la noche del miércoles 15, alrededor de las doce de la noche, cuando varixs de lxs vecinxs dormían, los militares ingresaron a las casas, rompieron las puertas y secuestraron de sus hogares a 35 personas arbitrariamente para llevarlxs a la base naval, en la armada paraguaya. Puede verse también con claridad en los registros audiovisuales del circuito cerrado el momento en que los militares arrastran, golpean y arrojan a la camioneta a lxs detenidxs. 

“Fue aterrador. Eran las doce de la noche y estábamos a punto de dormir. Escuchamos ruidos, salimos a mirar y los vimos pasar (a los militares). Nos encerramos y cada una se acostó en su pieza. Ahí entraron y tiraron la puerta a patadas. Eran como 12 o 15 milicos. Nos sacaron de la casa del cabello, a las tres. Nos metieron a una camioneta, como perros o bolsas de basura, y nos llevaron a la base naval. Ahí comenzó nuestro calvario”, dijo a Presentes Sadis López Armoa. 

Una tortura de 12 horas

El traslado fue encubierto. Escondieron los cuerpos de las chicas con mercadería, y los militares se sentaron arriba de ellas. “Disparaban al aire y colocaban su arma boca para abajo y nos quemaban porque sabían bien que había personas abajo”, siguió Sadis. Algunas víctimas alegaron que las 35 personas fueron torturadas y quedaron con marcas de violencia y tortura. A uno de ellxs, le derramaron agua caliente y alcohol en la cabeza, a otrx le pegaron entre cuatro militares en un baño. 

Entre las doce de la noche y las dos de la tarde los familiares de las víctimas no sabían a dónde se las habían llevado. “Todo ese tiempo nos tuvieron boca para abajo en el piso, apenas podíamos respirar. Nos torturaban, nos pegaban con cachiporra, con palo, con sogas gruesas con las que se atan barcos. Nos decían que nos iban a hacer hombres a la fuerza, que no tenemos que ser así. Todos escucharon”, contó Sadis. 

Las fotos y videos de las tres fueron las últimas en trascender, pero se observan las heridas que no se limitan a la espalda sino también en el abdomen y piernas. Según cuentan, consiguieron que los militares dejaran de patear a R cuando le dijeron que hacía unos días había sufrido un accidente y que tenía una herida abierta. “Es triste la manera en que las hicieron sufrir. Me contaron que le ponían una maderita entre sus dedos y después le pisaban encima. Esos métodos antes se usaban durante la dictadura”, enfatizó Franchesca. 

Blanca Segovia, delegada del Defensor del Pueblo en Alto Paraná, acompañó desde el jueves al mediodía a lxs menores de edad. Trató de ir antes a la base naval pero los militares a partir de las 9 prohibieron el ingreso de personas, ya sean particulares o abogados. Recién pasado el mediodía se trasladaron a la sede del Ministerio Público y ahí pudo contactar con ellos. Estuvieron incomunicados durante toda la mañana. 

“La prueba de la parafina”

De acuerdo a Segovia, a las 5 de la mañana los militares le practicaron una muestra de nitrato y nitrito a las víctimas también conocida como “la prueba de la parafina”, que es para identificar restos de pólvora, para ver si algunx de ellxs había realizado el disparo. “Tres son las denuncias importantes: la tortura dentro del predio, la prueba parafina que se tomó por los militares sin la presencia del Ministerio Público y el amedrentamiento que sufrieron durante el traslado desde la sede de la base naval hasta la sede del Ministerio Público”, sostiene la abogada.

“Cuando estaban a punto de cortarnos el pelo llegó la fiscalía. Recién pudimos respirar bien. Estábamos preocupadas porque ya era de noche de nuevo. Si no llegaban, sentíamos que esa misma gente que nos había torturado podía volver a hacernos de todo”, relató Sadis. La abogada y activista social Yolanda Paredes acompañó la declaración de R y considera que las personas que fueron detenidas no encajan con el perfil de persona que buscaban los militares.

“Si existe algún tipo de enfrentamiento, los militares pueden ingresar a tierra hasta 50 metros porque tienen la facultad de policía fluvial pero eso es en agua. Ese día ingresaron 200 metros. Prohibieron que la policía se involucre, irrumpieron en sus casas, rompieron puertas, secuestraron a gente de sus camas, que eran niños, ancianos y travestis. Todos coinciden en la agresividad de los que actuaron”, explicó Paredes y apuntó que la fiscalía incautó supuestamente dos armas: un rifle y una escopeta pero la bala que mató al militar era de grueso calibre. 

Ningún militar fue imputado

A partir de las dos de la tarde del jueves, los militares de la Marina llevaron a lxs detenidos hasta la Fiscalía para prestar declaración y fueron sometidos a una inspección médica. La Fiscal Hermenegilda Cubilla de la Unidad 1, del penal ordinario de CDE abrió una carpeta para investigar las torturas. En diálogo con Presentes, dijo que recién tuvo conocimiento del caso a las 17:30. “En ese momento, nos comunicaron que nos ingresó una causa. Llamamos al médico forense el Dr. Hugo Céspedes y él mismo inspeccionó a 22 personas mayores y 6 menores”, señaló. Al día siguiente, llegó de Asunción el fiscal Alberto González. 

La delegada de la Defensoría del Pueblo acompañó a los detenidos hasta la Fiscalía y confirmó que se trató de 5 menores entre 14 y 17 años, 4 varones y una chica de 17 años. “Todos fueron golpeados y en los menores se nota perfectamente los rastros de violencia. Se tiene que investigar a los militares. Como derechos humanos nosotros estamos totalmente en contra de cualquier tipo de violación y vamos a seguir los pasos. Por lo menos ahora se consiguió la libertad de estas 33 personas”, enfatizó.

A las doce de la noche, cuando terminó la declaración indagatoria en la fiscalía, Franchesca llevó a sus tres compañeras al Hospital del Trauma. “Según cuentan ellas, los militares estaban con efectos de alcohol, tomaban y se burlaban de ellas y les pegaban, tanto a ellas como a los hombres que estaban ahí. Las tenían maniatadas boca abajo para que no les vean los rostros. Horas y horas estuvieron así. Además, lo poco que tenían de valor, como dinero y joyas, le robaron”. 

Una disputa histórica

El contrabando en esa zona fronteriza tiene una historia de varias décadas. Se vincula al propio modo de vivir de Ciudad del Este y Presidente Franco. Ese comercio fronterizo en su faceta ilegal siempre tuvo la participación de la Marina. Así lo explica Jorge Rolón Luna, abogado, docente de derechos humanos y ex comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 

Desde tiempos de la dictadura de Stroessner, la Marina controló y formó parte de las estructuras de contrabando a través del río, ya sea la frontera con Argentina o con Brasil. Esto se inscribe dentro de una vertiente del comercio que tiene raíces históricas y se vincula con que el dictador Stroessner asignó esos negocios del comercio a través de la vía fluvial a los marinos. 

“Lo que sí se sabe es que irrumpieron en domicilios privados sin orden de allanamiento, llevaron detenidas a personas sin orden de detención. Hay elementos y pruebas suficientes, es algo no negado, que torturaron estas personas. Las sometieron a una brutal golpiza tanto desde el momento de la privación de libertad de estas personas -no pueden aprehender ni detener- hasta, inclusive, según los testimonios en la propia base naval donde continuaron detenidos durante todo ese día, -algo que es ilegal también-”, describió. 

En el sistema jurídico paraguayo rige una prohibición absoluta de tortura. Eso implica comisión de hechos punibles. “Los militares de la base naval de Ciudad del Este son un poder muy fuerte. Son una especie de Estado dentro del Estado que actúan totalmente al margen de la ley. Y las instituciones civiles como la fiscalía y el poder judicial se someten a este poder fáctico. Hay que ver cómo se desarrolla esto, si estas personas siguen privadas de libertad y qué dicen esas actas de imputación”, concluye Rolón Luna.