Volvieron a izar la bandera del Orgullo en medio de denuncias de antiderechos

Tras los ataques a símbolos LGBT+ en Córdoba, los antiderechos fueron denunciados. Y la bandera cambió de lugar.

Por Alexis Oliva, desde Córdoba

Mientras crece el repudio, se identifica y denuncia a quienes protagonizaron los actos de violencia y discriminación durante los actos por el Día del Orgullo LGBT en Córdoba, las autoridades municipales y algunas organizaciones LGBT volvieron a izar ayer la bandera del arcoíris en el área donde funcionará un centro cultural destinado a difundir los derechos de la diversidad sexual.

Durante el fin de semana, un grupo nacionalista encabezado por sectores militares intentó arriar por la fuerza la bandera de la diversidad, que el intendente Martín Llaryora y los colectivos de la diversidad sexual habían izado en el Parque Sarmiento de Córdoba capital. La intolerancia mutó en violencia y hubo un ataque con una cadena, ostentación de arma de fuego y el destrozo de una placa oficial.

Luego del conflicto generado por los grupos antiderechos, la bandera multicolor fue arriada el domingo a la noche, con el compromiso de destinarle un mástil propio, en un acuerdo que intentó evitar incidentes más graves. Pero otros colectivos de la diversidad lo consideraron un “retroceso en la construcción colectiva”, además de cuestionar la pasividad policial frente a la violencia.

La ofensiva insólita de los antiderechos

Al mismo tiempo, los referentes cordobeses de Renacer, la organización nacionalista que reivindicó los ataques a la bandera de la diversidad en varias ciudades del país, retomaron la insólita ofensiva con una denuncia penal contra el intendente Martín Llaryora y otros dos funcionarios municipales por “ultraje a la bandera nacional, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

“En representación de la Asociación Civil Renacer”, David Rodini y Máximo Calderón –presidente de la Mesa Coordinadora Córdoba de Renacer– presentaron una denuncia penal contra el intendente Martín Llaryora, el viceintendente Daniel Passerini y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba Miguel Siciliano. Desconociendo la legislación nacional y el marco de derecho internacional, alegan que el izamiento de la “bandera del orgullo gay” constituyó una violación de los artículos 222, 248 y 249 del Código Penal. Que sancionan respectivamente a quien “ultrajare la bandera nacional”, al funcionario público que “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales” y al que “omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”.

En el texto, los antiderechos dicen que el acto por el Día del Orgullo LGTB “dio lugar a grescas diversas, que terminaron en que se arrió la bandera de la diversidad u orgullo gay o LGTBIQ+, y que se destrozó esa placa”, pero hacen cargo de los hechos a “un ‘militante gay, de pelo largo, de unos 40 años’, lo cual llama poderosamente la atención de los denunciantes, ya que si se demanda ‘tolerancia’ y la acción efectiva es la destrucción de propiedad pública y el insulto a veteranos de guerra presentes en el lugar, puede decirse que esto fue una clara acción de provocación que debería investigarse”. 

De denunciado a denunciador

Uno de quienes afirma esto es Máximo Calderón, identificado en un video reivindicando el destrozo de la placa oficial instalada cuando se izó la bandera LGTBIQ+. “Así tenía que terminar la placa. A esto lo rompimos los cordobeses”, alardea. En el video muestra uno de los trozos, señala la letra Q y explica: “Queer significa los degenerados, los que aman a los animales, los que aman a los muertos, los pedófilos…”.

En su cuenta de Facebook, Calderón se presenta como presidente del Consejo Consultivo de la masónica Confederación de Grandes Logias Unidas de América. También figura como coordinador del Ministerio de Educación. Fuentes de la cartera educativa provincial confirmaron a Presentes que se desempeñó como coordinador de un Centro de Actividades Juveniles (CAJ) hasta noviembre de 2019.

A partir de ese registro audiovisual, la asociación Devenir Diverse denunció a Calderón por “severos actos discriminatorios” ante la delegación Córdoba del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI). En la denuncia consta que el grupo antiderechos “intentó reiteradas ocasiones arriar la bandera del orgullo LGBTIQ+ que flameaba en el Parque Sarmiento por decisión de la Municipalidad y destruyó la placa conmemorativa dispuesta en el lugar. Además, agredió física y verbalmente a quienes que se acercaron hasta el lugar a manifestarse pacíficamente contra estos hechos. Al menos una persona sufrió golpes en su cabeza ejecutados con una cadena. Cabe destacar que varios de los atacantes estaban armados”. 

También señalan que “en un video filmado durante los hechos descritos se identificó al denunciado, el Sr. Máximo Calderón, expresando actos de contenido discriminatorio hacia el colectivo LGBTIQ+ y en actitud amenazante”.

Investigan portación de armas de fuego

Por otra parte, Calderón será incluido en la ampliación de la denuncia penal presentada en la Fiscalía de distrito 2, turno 6, por los hechos de violencia ocurridos el fin de semana. Así lo confirmó a Presentes la concejala Soledad Ferraro. La edil de Hacemos por Córdoba había denunciado el lunes al suboficial de la Fuerza Aérea Daniel Villena y el exsoldado Alejandro López, los supuestos ex combatientes de Malvinas que el sábado intentaron retirar la bandera de la diversidad. También a Gustavo Luis Garay, acusado por atacar con una cadena a la militante de Putos Peronistas Romina Orellano durante los incidentes del domingo en el Parque Sarmiento. En base a varios testimonios, solicitó que se investigue la posible portación de armas de fuego por quienes intentaban bajar la bandera LGTB.

Hubo una acción coordinada a nivel nacional por esta organización Renacer, que se presenta como asociación civil pero busca intervenir en política y tiene expresiones partidarias. No solo actúan contra la diversidad, sino también contra el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, y son quienes provocaron los disturbios en el Encuentro Nacional de Mujeres de 2015 en Mar del Plata”, expresó Ferraro, quien preside la Comisión de Equidad y Género del Concejo Deliberante. También hay otras dos denuncias formuladas por quienes fueron víctimas y testigos de los actos de odio a la diversidad desplegados el fin de semana. 

«Significa un retroceso«

En el acto en que ayer jueves fue izada nuevamente la bandera multicolor, frente a donde funcionará el Centro de Estudios y Difusión de los Derechos de la Diversidad, estuvieron presentes algunas de las organizaciones y referentes que integran el Comité de Emergencia Unión de Organizaciones LBGTIQ+ ante el Covid 19. Pero otras organizaciones rechazaron lo que consideraron “un acuerdo de pocxs”, que “no representa la decisión de todo nuestro colectivo”.

“Existe un retroceso en el hecho de que las instituciones democráticas hayan dado marcha atrás presionadas por grupos violentos anti-derechos. No es un buen mensaje para la convivencia democrática y mucho menos para nuestro colectivo. En este sentido, va a ser crucial la actuación del Poder Judicial y del INADI para sancionar a los autores de los hechos de odio que se vivieron el fin de semana en el Parque Sarmiento y ver qué medidas de reparación pueden tomar al respecto. Por lo pronto, seguiremos el curso de estas gestiones y analizaremos junto a otras organizaciones los pasos a seguir”, anunció Martín Apaz, activista de Devenir Diverse.

Una veintena de organizaciones que integran la Mesa Coordinadora de la Marcha del Orgullo Disidente de Córdoba declararon: “No vamos a permitir que se use y se ponga a nuestro colectivo en una puja y disputa simbólica inexistente entre nuestras identidades y la patria. Lo sucedido lejos estuvo de reivindicar nuestro orgullo sino que, por el contrario, significa un retroceso en la construcción colectiva que venimos realizando desde hace años y fortalece a los sectores más conservadores y detractores de derechos de nuestra sociedad a los que nos resistimos diariamente”. 

“En una falta total de seguridad, se atentó contra la integridad física: no se cuidó a lxs ciudadanxs, muchxs de ellxs de la comunidad disidente que se hicieron presentes por el intento de baja de la bandera frente a personas violentas que con armas (de fuego, cadenas, piedras y horribles insultos) que no dudaron en abusar de su impunidad. Por suerte no hubo hechos de mayor gravedad. Ante esto sostenemos nuestras mejores armas de resistencia: la palabra y el orgullo”, añade el comunicado.

Repudio social

Numerosas organizaciones de la diversidad y derechos humanos, instituciones, funcionarios y referentes políticos y sociales de todo el país rechazaron los hechos de violencia producidos en Córdoba, Mendoza, Rosario y otras ciudades por los grupos antiderechos. El miércoles 1° de julio, la Legislatura de la Provincia de Córdoba declaró su repudio a “los actos vandálicos que derivaron en la destrucción de la placa conmemorativa del Día del Orgullo LGBT colocada por la Municipalidad de Córdoba en el Parque Sarmiento; y a las actitudes de intolerancia social llevadas adelante por un grupo de ciudadanos”.

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