Por Paula Rosales

La defensora de derechos humanos y directora del Colectivo Unidad Color Rosa de Honduras, Gabriela Redondo, fue detenida el sábado 11 de abril por la policía del país centroamericano cuando salió a buscar alimentos a pocos metros de su casa. La supuesta acusación fue incumplir un toque de queda impuesto por el gobierno para intentar frenar más brotes de coronavirus.

Tras pasar varias horas retenida en la calle, la trasladaron a la delegación de tránsito de la policía. Durante todo el tiempo que fue detenida no pudo ser asistida por ningún abogado. Al ser liberada, Gabriela Redondo denunció públicamente que se trata de una detención injustificada y arbitraria. Las organizaciones dicen que no es un caso aislado y que están recibiendo varias denuncias de hostigamiento contra personas trans por parte de las fuerzas de seguridad.

La activista trans conversó con Presentes y contó que ese día salió de su casa, situada en la industrial San Pedro Sula (338 kilómetros al noroeste de la capital) porque estaba sin comida y sin dinero. Se dirigía a unos metros desde su lugar de habitación hacia donde su hermana, que le ofreció alimentos.

VER MÁS: Especial Coronavirus

«Las fuerzas de seguridad vulneran derechos de trans»

“Iba saliendo del pasaje de mi casa y la policía estaba a dos cuadras deteniendo. Pensé que no me iban a detener porque solo iba a la vuelta de mi casa. Y le dije al policía que solamente iba a traer comida. Me dijo que me parqueara, me preguntó si tenía algún salvoconducto para estar en la calle, me tuvieron varias horas ahí, sin decirme nada”, relató a Presentes.

El gobierno del conservador Juan Orlando Hernández decretó el 23 de marzo un toque de queda absoluto en todo el territorio de Honduras con el fin de contener la transmisión del virus. La medida ha sido ampliada hasta el 19 de abril. Cifras oficiales estiman que en Honduras más 6.000 personas han sido detenidas por incumplir el toque queda y unos 2.000 vehículos han sido confiscados por las autoridades.

“El policía parecía que quería que yo me alterara y así justificar que me agrediera. Me dijo que yo le había tomado una foto y por ese motivo iba a hacer todas las gestiones para detenerme”, recordó.

“La detención de la activista en la Ciudad de San Pedro Sula, Honduras, no es un caso aislado y se suma a las decenas de denuncias que hemos recibido donde las Fuerzas de Seguridad vulneran y violan los derechos de las personas trans que salen de sus hogares busca de alimentos o con el objetivo de asistir a otras personas en situación de vulnerabilidad”, denunció en un comunicado la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans – RedLacTrans. Las activistas exigen a los Estados incorporar la perspectiva de géneros en las estrategias de respuesta a la pandemia.

https://twitter.com/InfoOTRANS/status/1249145577906069506?s=20

Discriminada por policías por su identidad de género

Gabriela Redondo lamentó que los policías que la detuvieron también vulneraron su derecho a ser reconocida de acuerdo a su identidad y expresión de género. Fue llamada por el nombre registrada en su licencia de conducir.

“Ellos hicieron burla del nombre de Gabriela, me llamaban con el nombre del documento de identidad. La Asociación ha capacitado a las fuerzas policiales sobre los derechos de la población trans de Honduras. Me hicieron pasar tanta pena, tanta vergüenza, tanta humillación y tanta discriminación solo por fastidiarnos la vida”, recalcó.

El congreso hondureño estudia desde 2018 un anteproyecto de ley de identidad de género, pero a la fecha continúa con pocos avances.

“Le pedimos al Estado que nos apoye con la ley de identidad de género para no sufrir discriminación con las personas que por tener un uniforme y arma se creen superior a uno y juegan con nuestra dignidad”, señaló Gabriela.

Miedo a represalias

Después de sufrir amenazas por su labor de defensa de los derechos humanos de la población trans del país centroamericano, Gabriela tiene medidas de seguridad. Tras esta detención tiene miedo de sufrir ataques de la policía en represalia por las denuncias públicas que realizaron organizaciones sociales sobre su retención injustificada.

“La policía me escoltó hasta la casa para cuidarme, pero siento que es conocer donde yo vivo y posiblemente después en civil, atacarme o buscarme porque no lograron el objetivo de tenerme detenida 24 horas como esta estipulado. Es temor, miedo de que ellos sepan dónde yo vivo, por mi vida y la de mi familia”, denunció Gabriela.

Desde que entró en vigencia el toque de queda y el cierre de los mercados y comercios, se han registrado protestas en la capital Tegucigalpa debido al desabastecimiento de alimentos para la población. Hernández ordenó que los militares salgan a las calles para reprimir las manifestaciones. Se estima que unas tres personas fueron heridas durante el desalojo.

Población trans vulnerable en la crisis sanitaria

La Asociación Feminista Trans-AFET denunció que las condiciones de subsistencia de mujeres trans en Honduras ha llegado a niveles insostenibles debido a que muchas sobreviven gracias al trabajo sexual que realizan en las calles de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

“Los problemas que enfrentamos en esta crisis es porque muchas chicas trabajan el diario para su gasto y ahora no pueden salir a las calles. No tienen alimentación, para el pago de la renta de donde viven. Nosotras queremos ayudarlas, pero no podemos salir a las calles para apoyarlas, eso nos pone en riesgo como lo que me sucedió ayer porque la policía siempre quiere agredirnos”, señaló Gabriela.

“Le pido al Estado hondureño que cumpla lo que han prometido para que la gente no ande en la calle pidiendo o buscando su pan de cada día, que les den las bolsas solidarias o la bolsa Honduras solidaria donde supuestamente están dando un saco de alimentación. A nosotras como mujeres trans no estamos incluidas porque supuestamente es solo para familias y nosotras no tenemos familia”, puntualizó Gabriela.

Honduras reporta al día 12 de abril 393 casos confirmados de coronavirus y 25 personas fallecidas.

En el vecino El Salvador, el presidente Nayib Bukele, también ha sido denunciado por organismos de derechos humanos y por la misma Corte Suprema de Justicia, quien le ha ordenado abstenerse de realizar detenciones de personas que hayan incumplido una cuarentena domiciliar obligatoria. Unas 1,716 personas en El Salvador han sido detenidas y enviadas a un centro de contención durante 30 días.