17 de febrero de 2020

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La población LGBTI de El Salvador está preocupada por las señales de “autoritarismo” que mostró el presidente Nayib Bukele al irrumpir, junto con soldados y policías armados, en el salón de sesiones de la Asamblea Legislativa el domingo 9 de febrero. Fue con la intención de presionar a los diputados para que aprobaran negociar un préstamo de 109 millones de dólares para financiar sus planes de seguridad.

Organizaciones feministas y LGBTI se congregaron en la Plaza del Monumento al Salvador del Mundo a protestar ante el avance de la militarización del Estado y por la amenaza de destruir el sistema democrático del país centroamericano.

Bukele, que asumió su mandato el 1 de junio de 2019, ha sido cuestionado por sus censuras a la prensa, violaciones al derecho de información de ciudadanos, despidos numerosos en diferentes instituciones del Estado y nepotismo.

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El mandatario de 38 años también se ha pronunciado en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y solo está de acuerdo con practicar el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro.

Al principio de su mandato, Bukele suprimió la Secretaria de Inclusión Social, institución encargada para velar por los derechos y por hacer cumplir el decreto presidencial que establecía la erradicación de la discriminación en todo el Estado de la población LGBTI.

“La población LGBTI está muy preocupada respecto a estas más recientes señales de autoritarismo que ha mostrado el presidente Bukele. Siempre que se trata de políticas de militarización de la vida pública es la población LGBTI una de las que queda más expuesta a sufrir abusos de parte de los militares”, dijo a Presentes Roberto Zapata, de la asociación AMATE.

El informe “Basta de genocidio trans”, elaborado por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans) y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS), muestra cómo en El Salvador las mujeres trans son violentadas por instituciones del Estado, específicamente por los cuerpos de seguridad, del total de denuncias recibidas el 36% fue atacada por la Policía y el 6% por la Fuerza Armada.

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“Estos sistemas de represión solo incrementan los niveles de vulnerabilidad. Insistimos muchas veces que estos contextos militarizados nada han favorecido para reducir la violencia, la violencia únicamente se ve reflejada o pretenden clasificarla en la violencia pandilleril y no en otros tipos de violencia como la violencia de género, sabemos que las mujeres y la población LGBTI estamos inmersas en esas condiciones de vulnerabilidad”, dijo a Presentes Yanilet Mejía, activista lesbiana feminista e integrante de la organización las Hijas de Safo.

De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, asesinada presuntamente por policías y Anahy Miranda, están siendo judicializados. El señalado por asesinar a Anahy le fue impuesta una fianza de 10 mil dólares para continuar el proceso en libertad.

Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.

Un episodio oscuro

Después de irrumpir el recinto, Bukele se sentó en la silla del diputado presidente e hizo una oración para pedir “consejo divido” para la decisión de eliminar la Asamblea Legislativa con sus 84 diputados.

El mandatario salió del palacio legislativo y azuzó a la población que había llegado a apoyarlo afuera del edificio y los motivó a aplicar el artículo 87 de la Constitución Nacional que se refiere al derecho a la insurrección.

“Cuando funcionarios rompan el orden constitucional el pueblo salvadoreño tiene derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restablecer el orden constitucional. Yo le pregunté a Dios y Él me dijo: “paciencia”. En unos meses vamos a tener esta asamblea, porque la vamos a tomar por la fuerza”, arengó Bukele.

Para diversos sectores del país y organismos internacionales, el joven mandatario salvadoreño provocó uno de los episodios más “oscuros” desde la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a doce años de conflicto armado (1980-1992).

“Creo que esto nos está poniendo en un contexto de peligrosidad a todas las mujeres, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres trans y población LGBTI, todas estamos quedando en un estado de vulnerabilidad con la militarización porque estamos siendo gobernados por uniformados, creo que El Salvador debe de cambiar la táctica y nuestros gobernantes deben de ser creadores de paz”, dijo a Presentes Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano- ASPIDH Arcoíris Trans.

Defensoras y activistas consideran la medida como una clara usurpación de poderes, un retroceso en los derechos y convertiría al país centroamericano en un país sin garantías constitucionales.

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“Vemos con profunda preocupación los hechos ocurridos este domingo 9 de febrero de 2020, ya que constituyen un retroceso en materia de derechos humanos e injerencia en la independencia de los órganos del Estado”, expresaron las organizaciones LGBTI en un comunicado.

El Salvador permitió desde el año 2009 que las Fuerzas Armadas se involucren en la seguridad pública del país, decisión que ha sido cuestionada por los organismos defensores de derechos humanos por los altos niveles represivos y el aumento de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, violaciones y golpizas.