Pareja de lesbianas denuncia golpiza perpetrada por militares en Chile

Dos lesbianas de 21 y 22 años denunciaron que fueron agredidas e insultadas por dos militares durante la madrugada del pasado 12 de octubre.

1 de noviembre de 2019

Por Airam Fernández, desde Santiago de Chile

Foto: Josean Rivera

Dos lesbianas de 21 y 22 años denunciaron que fueron agredidas e insultadas por dos militares durante la madrugada del pasado 12 de octubre, en una plaza de la ciudad de Llolleo – región de Valparaíso- en un contexto de represión y abusos militares y policiales generalizados desde el estallido social que ya lleva dos semanas.

Las chicas son pareja y estaban compartiendo con un grupo de amigxs, cuando uno de los sujetos se acercó y empezó a molestarlas con insinuaciones sexuales, cuenta Paz Becerra, abogada del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), quien tomó el caso tras recibir un correo con la denuncia de las víctimas el jueves 17 de octubre.

«Si quiero las pesco, mariconas»

Cuando una de ellas pidió que las dejara tranquilas y que se retirara del lugar, llegó un segundo agresor con un bate de béisbol gritando “si quiero me las pesco, mariconas”. Después empezó a golpearlas.

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Becerra cuenta que alguien del grupo avisó a Carabineros y que los golpes no cesaron ni siquiera al ver que estaba llegando la patrulla policial. “Lo que ellas relatan es que incluso frente a Carabineros tratan de continuar con la agresión. Cuando la situación se calmó un poco y los funcionarios pidieron identificación de todos los implicados, las chicas se percatan de que sus agresores mostraron Tarjetas de Identificación Militar”, dice Becerra. El Movilh informó en un comunicado que fueron identificados como Jorge y Omar Rivera Alarcón y resultaron ser hermanos. Ambos quedaron detenidos bajo investigación y fueron trasladados a una escuela militar.

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Las víctimas formalizaron la denuncia en una comisaría esa misma noche. La golpiza les dejó hematomas en el rostro, ojos y brazos. No quieren hablar con los medios pues están muy afectadas psicológicamente, explica la abogada. La información que ella maneja es que los agresores estaban, al menos hasta el viernes pasado, en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, perteneciente al Ejército de Chile y que durante la dictadura de Augusto Pinochet funcionó como campo de detención y desaparición de personas. Muchos militares aprendieron métodos de tortura en ese lugar.

Presentes intentó comunicarse con el recinto militar para confirmar si los hermanos Rivera Alarcón siguen detenidos allí, pero el cierre de esta nota no contestaron los teléfonos.

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El 18 de octubre, en pleno estallido social desencadenado por el aumento del pasaje de metro, pero encendido por décadas de desigualdad, el Movilh hizo las gestiones para derivar a las jóvenes al centro de Apoyo a Víctimas de su ciudad, un programa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública destinado a contribuir a la reparación de los daños ocasionados por la vivencia de un delito. Debido a la intensidad de las protestas de las últimas dos semanas, muchas instituciones públicas no están trabajando en horario regular. Por eso les asignaron cita para el 5 de noviembre.

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El Movilh envió una carta al Ejército para exigir información sobre la detención de los agresores, para que se aceleren los procedimientos internos y conocer de qué manera serán sancionados o puestos a disposición de la Justicia.

“Estos sujetos agredieron a dos jóvenes lesbianas en la calle sin ningún tipo de justificación, sólo por su orientación sexual”, sostiene Becerra. El caso es un espejo del estudio Ser Lesbiana en Chile, publicado en 2018 por la Agrupación Lésbica Rompiendo El Silencio tras una encuesta a 800 mujeres. 75% de ellas reveló, entre otras cosas, haber sufrido algún episodio de acoso y violencia en la calle por su orientación sexual.

“Con este tipo de casos y con las violaciones a los derechos humanos que se han reportado en el contexto de las protestas de los últimos días nos damos cuenta de que es absolutamente necesario que exista un control externo de la institución castrense y de la actuación de los militares”, exige la abogada del Movilh.

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