Comenzó el juicio por el crimen de Azul: “Las trans estamos en situación de vulnerabilidad”

Crónica de la primera audiencia del esperado juicio por el crimen de Azul Montoro, la joven trans de 23 años asesinada a puñaladas.

1 de agosto de 2019

Por Alexis Oliva, desde Córdoba Con los planteos iniciales de las partes y dos testimonios importantes, comenzó ayer el esperado juicio por el crimen de Azul Montoro, la joven trans de 23 años asesinada a puñaladas el 18 de octubre de 2017 en Córdoba capital. La presencia en la sala y la calle de los colectivos LGBT+ y la militancia política y social puso marco a la primera jornada, donde quedaron expuestas las cuestiones que concentrarán el debate: la imputabilidad del victimario y el agravante por femicidio. Mientras un policía tomaba asistencia con un listado confeccionado una hora antes para habilitar el ingreso a la sala, también aguardaban varios referentes políticos y de derechos humanos. Entre ellos, el legislador provincial por Córdoba Podemos, Martín Fresneda. Fresneda consideró “un buen mensaje que llegue a audiencia oral y pública y como femicidio un asesinato de una víctima trans, ya que implica un avance en la comprensión jurídica de la perspectiva de género. Hacia la sociedad, demuestra que la lucha en relación a la igualdad de géneros está dando resultados”. “Hoy empieza el juzgamiento a un femicida y lo que claramente se lamenta es la muerte violenta de una mujer, pero se celebra un pequeño paso hacia la correcta calificación del crimen que se va a juzgar: femicidio”, añadió el abogado y ex secretario de Derechos Humanos de la Nación.

“Con intención de matar y alevosía”

Con la sala colmada de familiares y allegadxs de la víctima, dirigentes políticos, militantes y periodistas, a las 10:20 del último día de julio el juez Gustavo Rodríguez Fernández, presidente de la Cámara Criminal y Correccional de 9ª nominación, tomó juramento a lxs doce integrantes del jurado popular –siete hombres y cinco mujeres– y ordenó que le quiten las esposas a Fabián Alejandro Casiva, de 26 años, acusado de “homicidio calificado por mediar violencia de género”. Propuesta por la instrucción, la calificación de femicidio es inédita en materia de revisión jurídica de crímenes de odio contra personas trans en la provincia. Así fue expuesta en la descripción del crimen, cometido “por la condición de mujer” de la víctima y “en un contexto de violencia de género”. Según la acusación, en las primeras horas del 18 de octubre de 2017 y “luego de hablar con otras mujeres” en la “zona roja” del Mercado Norte cordobés, Casiva convenció a Azul Espinoza (su verdadero apellido) y la llevó en moto hasta el departamento de calle Rincón 141. “Allí se produjo una discusión por cuestiones no esclarecidas hasta el momento”, el hombre extrajo un cuchillo “con la intención de quitarle la vida” a Azul y “le clavó el arma blanca y luego la golpeó con un objeto contundente en el cráneo”.

El acusado, el relato y las reacciones

En presencia del padre, madre y un hermano de la joven asesinada, se detallaron cada una de las 17 heridas producidas en el tórax, cuello, rostro y manos. Se indicó que Casiva también atacó con el cuchillo a una perra caniche que había en el departamento y se apoderó del celular Samsung de la víctima. A esa altura del relato, entre el público algunxs lloraban y otrxs se agarraban la cabeza o miraban con bronca al responsable. La cruda descripción del hecho parecía contrastar con la imagen del acusado, un joven de 1,60 metros de estatura, delgado, prolijamente afeitado, con el pelo negro corto y bien peinado. Casi como los cuatro miembros del Servicio Penitenciario y el policía que le llevaban una cabeza y bastantes kilos, y durante la audiencia lo custodiaron muy de cerca. Casiva vestía pantalón vaquero, zapatillas Adidas y campera inflable azul oscuro prendida hasta el cuello. Parecía varios años menor y a esa hora todavía estaba tranquilo.

“Una explosión de violencia machista”

El fiscal de cámara Gustavo Arocena destacó que Azul era “una trabajadora sexual que había logrado el reconocimiento civil de su identidad como mujer” y había tenido “una vida plagada de discriminaciones”. “No sabía que iba a encontrar drásticamente su muerte en la zona roja, donde ejercía su profesión”, dijo antes de conjeturar que “algo hizo explotar los sentimientos y el comportamiento del acusado, que arremetió contra Azul”. Luego, recordó: “No era la primera vez que había explotado en un incidente de violencia misógina y machista, incluso contra mujeres que integran su núcleo familiar: había golpeado a su madre y a su hermana”.

“Azul era una persona que quería ser incluida”

A continuación, el abogado querellante Tomás Aramayo se dirigió al jurado popular: “Es importante que conozcan cómo vive el colectivo trans, con una expectativa de vida de 35 años, sin inclusión laboral ni social y quizás la única alternativa que les queda es el trabajo sexual”. Aramayo, abogado que representa la querella familiar.  Sobre el acusado, anticipó que “escudado en los antecedentes de lo que él presenta como una enfermedad mental” se va a poner en duda su imputabilidad. Pero advirtió: “Era plenamente consciente, comprendía lo que hizo y la mató salvajemente aquella noche”. Por último, se refirió a la víctima: “Azul hoy tendría 26 años. Amaba a su familia y tenía todas las expectativas de una persona que quería ser incluída”.

“No comprende la criminalidad de sus actos”

A su turno, el defensor oficial Javier Rojo dijo que “Fabián Casiva no comprendió la criminalidad de los actos” que se le atribuyen, aunque “previamente hay que acreditar la criminalidad”. “Claramente, la prueba indica que no comprendió”, sostuvo. Y citó “pericias casi unánimes que indican que esta persona sufría una problemática en su desarrollo intelectual”, que “se fue agudizando y desencadenó en el hecho lamentable que significa la muerte de una persona humana”. Además, para el asesor letrado corresponde “indagar si esa muerte fue porque era mujer o fue una víctima más de su afección mental”. En cualquier caso, aludió al beneficio de la duda: “Si no hay certeza de que comprendió cabalmente sus actos, la duda lo favorece y hay una especie de chaleco que lo protege” contra una eventual condena. No obstante, admitió la posibilidad de que “se lo interne en una institución psiquiátrica”. Fabián Alejandro Casiva se negó a declarar sobre el hecho. En el interrogatorio de identificación que se hace al inicio del juicio, dijo que vivía con sus padres y otrxs cinco hermanxs, cursó un bachillerato acelerado hasta tercer año, trabajaba en la playa de estacionamiento del ferrocarril Mitre y tuvo una novia llamada Micaela, a la que dejó de ver porque “no la dejan entrar a (la cárcel de) Bouwer”. —¿Tuvo alguna enfermedad? –preguntó el presidente del tribunal. —Sí, esquizofrénico –respondió el acusado y mencionó varios medicamentos que debió consumir “desde chico”. —¿Consume alcohol o drogas? —Sí, antes. —¿Antes de qué se refiere? —Desde antes que cayera preso. —¿Podía tomar drogas o alcohol con la medicación? —No, porque me perdía. Para qué le voy a mentir si le estoy diciendo la verdad. —¿Tiene otras causas penales? —¿Qué sería eso? —Antecedentes por delitos. —He caído algunas veces –reconoció Casiva, pero la secretaria del tribunal consignó que “no tiene antecedentes computables”.

“Fabián, ¡qué hiciste!”

La primera testigo del juicio fue Mónica Beatriz Galíndez, madre del acusado, que como tal podría haberse abstenido pero aceptó responder un largo interrogatorio de los jueces y las partes. La mujer contó que “hasta los 8 años, era como todo niño”, pero en cuarto grado de la primaria la directora y maestras la llamaban con frecuencia, porque Fabián “contestaba, pegaba, no obedecía, no jugaba como los otros niños, estaba siempre peleando y se salía de la clase”, aunque “cuando estaba bien, le gustaba ir a la escuela”. Ella lo llevó a un psicólogo, porque además tenía “dolores de cabeza y transpiraba mucho en la frente”. Entonces, le diagnosticaron esquizofrenia, estuvo con tratamiento ambulatorio y a veces internado. —¿Alguna vez lo denunció a su hijo? –le preguntó el juez. —Sí, lo denuncié porque yo soportaba todo, pero llegó un punto en que tuvimos que denunciarlo porque no lo podíamos contener y él necesitaba ayuda –admitió Galíndez y luego añadió que “varias veces se quiso suicidar”. A pesar del diagnóstico de ezquizofrenia, los profesionales que lo trataban le dijeron que “en cierta forma iba a ser normal, y podía tener uno de esos brotes cada un mes o cada dos semanas”. Al preguntarle el fiscal Arocena cómo se enteró de la muerte de Azul Montoro, la madre del acusado contestó: “Yo no supe nada”. —Parece que no nos quiere contar… ¿Qué estaba haciendo usted? —Estaba haciendo las cosas de la casa. Estaba él viendo la televisión y yo… —¿Habló con él? ¿Cómo estaba él? –insistió el funcionario, pero antes que la mujer respondiera se dirigió al acusado– No sé por qué me está mirando con esa cara de malo. —¿Sabe por qué lo estoy mirando así? Porque usted está presionando a mi mamá –replicó Casiva ante el asombro de jueces, jurados y público– Está bien que usted sea abogado, pero no la tiene que presionar a mi mamá. —Está bien hijo, no me molesta –intervino Galíndez.

“Él me miraba como sin saber”

Luego de que el juez le exigiera calma al acusado, la mujer relató que aquella mañana una vecina le contó que su hijo “mató a un trans”. “Fabián, ¡qué hiciste!”, lo increpó. “No sé, mami, estoy mal”, le respondió Casiva. “¡Cómo no vas a saber!”, le reprochó ella, quien según su relato lo agarró de un brazo y lo mandó al Hospital Neuropsiquiátrico provincial. “Como él estaba con ese tratamiento ambulatorio, a mí se me ocurrió mandarlo al Neuro”, explicó la mujer, aclaró que se fue en remís y aseguró que ella no vio manchas de sangre en la ropa que su hijo le había pedido que lavara. “Él me miraba así como sin saber”, recordó. Fue el de Galíndez un testimonio difícil, atravesado por sentimientos contradictorios, que seguramente gravitará en la que apunta a ser la discusión central de este juicio: si el acusado es imputable o no.

“Estamos expuestas a la vulnerabilidad”

Luego de un cuarto intermedio, declaró Lara Godoy, la amiga que alquilaba el departamento donde Azul fue asesinada mientras ella se encontraba de viaje. La testigo expuso la situación extrema en que sobrevive el colectivo trans y travesti: “Estamos expuestas a una situación de vulnerabilidad, paradas en las esquinas, con las situaciones que pasamos todas las noches. Nos tiran botellas, nos rocían con los matafuegos y tantas cosas horribles”. Cuando relataba que sus compañeras en la zona del Mercado Norte habían visto al acusado horas antes de la muerte de Azul, el acusado volvió a reaccionar: —Si tanto dicen que me han visto… ¡por qué no vienen a declarar! –alcanzó a gritar antes de que el juez lo volviera a reprender. Cuando pudo continuar el relato, Lara habló de su amiga: “Azul era una buena persona que me cuidaba, siempre al lado, de fierro, buena amiga, buena compañera”. “Fue un día muy importante, y ver al papá, la mamá y los hermanos de Azul con ese sentimiento de tristeza nos ha conmovido a todos los que estuvimos ahí adentro”, dijo al salir de la sala Liliana Olivero, ex legisladora provincial por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. La actual candidata a diputada nacional valoró: “Este juicio es una oportunidad de dejar un antecedente de justicia para todo el país, que tiene que ver con una movilización popular que avanza con el ‘Ni una menos’, el movimiento de las travas y demás. Hay que continuar con esa movilización. Yo no confío en esta Justicia machista, de la que siempre hay que esperar que ponga un palo en la rueda. No vamos a aceptar la impunidad de este odio de género y contra la diversidad. Los gobiernos son responsables y hay que seguir exigiendo inclusión en todos los terrenos”. Finalizada la primera jornada de un juicio que comenzó con alto voltaje, Lara expresó a Presentes: “Fue difícil estar ahí, me saqué una mochila. A Casiva no lo miré a la cara, porque no me quise llenar de su energía negativa. Lo voy a mirar cuando le den la sentencia”.      ]]>

1 de agosto de 2019

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