Por Airam Fernández, desde Santiago de Chile Después de diez meses de que la Cámara de Diputados chilena aprobara la Ley de Identidad de Género, este miércoles fue publicado el contenido de los reglamentos que el gobierno ingresó a la Contraloría General de la República para su revisión. Ambos textos son necesarios para que la norma finalmente pueda entrar en vigencia. Uno regula el cambio de nombre y sexo legal para personas mayores de 18 años y solteras y fue elaborado por el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Y el otro, emitido por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, aborda los programas de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes trans, establecidos en el artículo 23 de la ley. Esta es la única presencia de la infancia trans en el texto, luego de que quedaran excluidas para acceder a cambio de nombre y sexo legal. Constanza Valdés, asesora trans en diversidad sexual y de género, critica la forma en que los reglamentos fueron elaborados. “No hubo trabajo con la sociedad civil y a las pocas reuniones que hicieron (el gobierno) no invitaron a todes les activistas y organizaciones que trabajamos por esta ley”, dijo a Presentes.

Sin derechos para les niñes

A juicio de Valdés, los instrumentos son deficientes. El de acompañamiento establece que los niños, niñas y adolescentes podrán acceder a estos programas únicamente con la autorización de algún familiar. En caso de no tenerlo, solo podrán “acceder a información sobre el contenido de estos programas”, lo que para Valdés es perjudicial. También le parece un arma de doble filo la posibilidad de que dichos programas puedan ser ofrecidos por el Estado o por personas jurídicas sin fines de lucro, con acreditación otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de la Niñez.

[LEE TAMBIÉN: Ley de identidad de género en Chile: les niñes otra vez incluidxs]

“Todo queda en una declaración de buenos principios, partiendo por el hecho de que cualquier organización, independientemente de si es conservadora o no, podrá acreditarse para entregar estos programas. Esto puede transgredir claramente el principio de la no patologización”, explica la experta trans. Franco Fuica, encargado de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), dice que incluir un principio que se refiere al “derecho precedente” que tienen madres y padres para educar a sus hijxs es “una mala jugada” por parte del gobierno. “Nos parece que eso lesiona directamente el derecho a la autonomía progresiva para que les niñes definan y decidan sobre sus cuerpos, su identidad y sus expresiones”, sostiene.

“Es necesario que se promuevan instancias de capacitación”

Que no sea exija experiencia y estudios en materia de diversidad sexual y de género a los profesionales que se encargarán de estos programas es algo que deja desconcertada a Valdés. Fuica también duda de las capacidades de quienes asumirán el tema en los extremos del país, sobre todo en zonas rurales del sur o lugares muy alejados de Santiago. “Será muy complejo de abordar para los profesionales inmersos en comunidades que no han tenido información sobre el tema trans. En ese sentido, es muy necesario que desde los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Familia se promuevan instancias de capacitación, para así tener al menos una micro certeza de que la gente que trabajará en esto sepa a qué se enfrentará y cómo tendrá que hacerlo”, recomienda.

[LEE TAMBIÉN: “Niños rosados, niñas azules”: un documental sobre infancias trans]

Valdés observa que el reglamento del Ministerio de Justicia “no es tan controversial”, aunque deja algunas aristas sin resolver. Por ejemplo, no desarrolla el procedimiento de notificación a los distintos organismos ante el cambio de nombre y sexo registral y por eso quedan dudas sobre cómo se evitará la desactualización de los sistemas en las instituciones públicas y privadas, algo que ocurre actualmente como consecuencia de otros cambios registrales. Un documento de la Unidad de Legislación y Políticas Públicas de OTD, elaborado a raíz de la divulgación del contenido de estos reglamentos, recomienda que los datos de la historia registral del titular de la inscripción deben ser tratados como “datos sensibles”. Valdés también advierte la inclusión de un plazo de 15 días para la emisión de los nuevos documentos de identidad, que no estaba contemplado en la ley aprobada en septiembre del año pasado, y que estiman entre en vigencia en octubre, de acuerdo a los plazos legales estipulados.]]>