6 de mayo de 2019

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Yaritza Angélica Millones López tenía 27 años, vivía en un departamento sobre la calle Alsina al 2500, una zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires. Allí policías de la División Homicidios la encontraron asesinada el domingo 28 de abril, después de que sus compañeras denunciaran que hacía unos días que no atendía el teléfono. La investigación quedó a cargo del fiscal Marcelo Ruilopez, de la Fiscalía 18 de instrucción nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires.

Había nacido el 6 de diciembre de 1991 en Perú y vivía en Argentina desde hacía tres años. Su familia supo la noticia el domingo pasado. Su madres es ama de casa y su padre, Carlos Alberto Millones López, taxista. Él viajó a Buenos Aires este fin de semana para reconocer el cuerpo. “Su mamá, su hermano Cristian y yo estamos muy tristes. Mi hija era  una chica muy tranquila, buena. Amaba a los animalitos. Hablábamos por teléfono muy seguido. Y la última vez, le preguntó a su mamá, porque ellas hablaban mucho: Si me llega a pasar algo, me llevas y cuidas a mis animales? Dijo que la habían amenazado”, contó Carlos Alberto a Presentes, muy consternado. Será querellante para pedir Justicia por su hija.

Yaritza estaba en situación de prostitución. Vivía con dos perros y un gato en un departamento de dos ambientes,  en el octavo piso de un edificio en Balvanera. Lxs vecinxs se preocuparon porque dejaron de verla y las mascotas estaban inquietas. Las amigas tenían un mal presentimiento: no era habitual que Yaritza no respondiera los llamados. “Se acercaron al edificio y como nadie respondía, junto con lxs vecinxs decidieron llamar al 911. También se comunicaron con la persona que le alquilaba el departamento para poder entrar. Entraron los de la División Homicidios y la encontraron muerta. Llevaba unos días sin vida”, dijo a Presentes Marcela Tobaldi, coordinadora de la Rosa Naranja.

Yaritza se había acercado a esta organización para pedir que la asesoraran sobre los trámites para hacer el cambio de género.

“Nos encontramos algunas veces”, recuerda Tobaldi. “Empezó a ir a la Defensoría, donde yo trabajo. Después nos juntamos en La Rosa Naranja y tomamos unos mates en mi casa. Era una chica  dulce, muy amorosa. Hace poco llamó para avisar que le había salido el cambio de género”.Tobaldi estaba junto a otras integrantes de La Rosa Naranja, recolectando datos para un censo de personas en situación de calle, el fin de semana en que las amigas de Yaritza decidieron acercarse al edificio. Apenas supieron la noticia, fueron hasta el edificio de Balvanera. “Al departamento entraron solo los policias y peritos. Después convocaron a testigxs”, contó Tobaldi.

Justicia para Yaritza

Este fin de semana, Tobaldi y las amigas de Yaritza se encontraron con el padre de la víctima para ver cómo avanzar. “Quiero que se haga Justicia”, dijo él. “A los 13 o 14 años ya sabíamos que era así. Yo la acepté. Y no quería que se fuera. Pero ella quería hacer su vida a su manera, que nadie le dijera nada, por eso se fue del Perú con una amiga. Estudiaba Informática y trabajaba. Mi hija terminó el secundario, pero allá todos la discriminaban. En Perú es así”, dice el padre.

Presentes se comunicó con la fiscalía 18, a cargo de la investigación. Pero un empleado judicial se excusó de dar información: “No podemos dar información a personas que no son parte de la causa”.

Desde la agrupación La Rosa Naranja, Tobaldi pide: “queremos que la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en violencia contra Mujeres y personas LGBT+) -que intervino en la investigación del travesticidio de Diana Sacayán-pueda ser de algún modo parte también de esta investigación”. Existen fuertes sospechas de que el crimen fue cometido por alguien que la conocía bastante. Sus compañeras creen que la asfixiaron y la golpearon en la cabeza.

Tobaldi agrega: “El hecho de que sea una persona migrante hay que resaltarlo. No es lo mismo la Justicia para una persona pobre, trans y migrante que para una trans argentina y de clase media. Está probado que las personas trans migrantes sufren doble discriminación por ser migrantes y la discriminación estructural y sistemática que tenemos las personas trans. Lo sufren doble. Ser travesti en la Ciudad de Bs As significa pagar un precio muy alto en vida y también en el destino final, la muerte”.

El contexto al que hace referencia Tobaldi de algún modo está empezando a pregnar, muy lentamente, en la Justicia. En junio de 2017, la sentencia que condenó a uno de los autores del travesticidio de Diana Sacayán, reconoció la violencia estructural que padece el colectivo. En abril, a instancias de un pedido del fiscal Franco Picardi, la Justicia sobreseyó a cinco travestis (cuatro de ellas migrantes) en una causa por narcomenudeo al considerar la violencia estructural y la falta  de acceso a derechos básicos que afrontan las personas travestis y las femeneidades trans.