26 de abril de 2019

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Por Lucas Gutiérrez 

Personas VIH+ que cobran Pensiones No Contributivas fueron intimadas a realizar un Certificado Médico Digital sin el cual dejarán de percibir este ingreso. Denuncian que los hospitales no cuentan con capacitación ni insumos para realizarlos. Ante esta situación convocan a una manifestación hoy viernes frente a la Agencia Nacional de Discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires, ya que aseguran que este nuevo certificado las excluye.

En febrero desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) enviaron cartas documento a  las personas que cobran pensiones no contributivas, algunas de ellas por VIH. Allí se las intimaba a realizar un Certificado Médico Digital dentro de los siguientes 60 días para evitar la suspensión.

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María Sánchez es VIH+ y recibió esta notificación. “Cuando fuimos a los hospitales a realizar el CMOD nadie estaba informado institucionalmente”, y explica que ni el personal médico está instruido ni los centros de salud cuentan con la tecnología para emitir el certificado.

“Por ejemplo en el hospital de la localidad de Esteban Echeverría lo realizan pero solo para quienes pertenecen ahí. Otros centros como el Posadas te dan turno pero dentro de 60 días”, dice María. Ella junto a 24 personas más que fueron intimadas decidieron presentar una medida cautelar en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social nº10.

Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), junto a otras 70 organizaciones, forman el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH quien junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), La Federación Argentina LGBT (FALGBT) y Fundación Huésped presentaron una nota en mesa de entrada de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dirigida a su Director Ejecutivo, Santiago Ibarzabal. En la misma solicitan se deroguen las resoluciones 44/19 y 33/19 que exigen la renovación del Certificado Médico Obligatorio (CMO) y que afectaría a 40000 personas que cobran dicha pensión.

Imposible cumplimiento

Hernán Mirasole es el abogado que acompaña a 25 amparistas y en este contexto dice a Presentes: “es de imposible cumplimiento lo que les exigen”. Explica que la presentación fue vista por el fiscal federal Gabriel De Vedia y cuenta con su visto bueno. Ahora se encuentran a espera de la respuesta de la jueza Dra. Viviana Patricia Piñeiro.

María es activista en la organización Grupo Positivo de La Matanza y dijo: “El día viernes vamos a manifestar porque si entrás a la página web de Argentina.gob, en la sección de la Agencia de Discapacidad, en el protocolo médico que pide los estudios complementarios nuestra patología no está, nos excluyen”. Agrega que una Pensión No Contributiva (PNC)  representa un aproximado de $7200: “La canasta básica es de $26000 y para mucha gente este es su único ingreso”.

Capacidad laboral

El CMOD debe probar un 76% de discapacidad para poder sostener el acceso a la pensión, esto representa una amenaza para las personas VIH+. “Que una persona positiva en estado de vulnerabilidad perciba pensión por incapacidad no significa que viva con algún tipo de discapacidad. Lo que se tiene en cuenta es la reducción de capacidad laboral al no poder acceder a ciertos tipos de trabajo”, explicó a este medio Matías Muñoz, abogado y presidente de la Asociación Ciclo Positivo.

“Una política del Ministerio de Desarrollo Social de la gestión anterior hizo que las personas que no tuvieron la capacidad de tener un trabajo registrado, ningún bien a su nombre, que puedan demostrar que no tienen sus necesidades básicas satisfechas, ni que tampoco tuvieran una persona a cargo que pudiera cubrir esas necesidades pudieran acceder a esta PNC en el marco de tener un ingreso mínimo”, dice Muñoz.

José María Di Bello, activista y secretario de la Fundación GEP, agregó: “Si a cualquiera le es difícil conseguir trabajo, a una persona con VIH a la que todavía le realizan test forzosos aún más. Entendiendo esta situación y que las personas que efectivamente demostraron que estaban en una situación de vulnerabilidad extrema se le entregaron estas pensiones. Esto no es un beneficio, es un derecho adquirido”.

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Mientras desde ANDIS emitieron una prórroga para quienes deben presentar el certificado, Di Bello dice que todavía no recibieron ninguna respuesta a la nota. “Volvimos a presentarnos y nos dijeron que la recibieron y está en un sector que no tiene ni correo electrónico ni teléfono para comunicarse”. El activista también recalca que desde tres años no tienen información de que se haya aprobado alguna nueva pensión para personas VIH+.

“En la nota pedimos la derogación basándonos en que estas resoluciones se basan en decreto que  recientemente fueron dictados inconstitucionales por la Cámara Federal de la Seguridad Social”, explicó Di Bello refiriendo a los decretos relacionados a las pensiones que se vieron afectadas durante 2016.

La nota además solicita que se desarrollen criterios claros para la eventual evaluación de PNC,  que respeten la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el modelo social de discapacidad con un enfoque holístico. También pide que se capacite previamente al personal y que antes de cualquier implementación se confecciones una lista clara y accesible de los efectores de salud habilitados para el trámite.