Apostamos a un periodismo capaz de adentrarse en los territorios y la investigación exhaustiva, aliado a nuevas tecnologías y formatos narrativos. Queremos que lxs protagonistas, sus historias y sus luchas, estén presentes.
De acuerdo al informe “Basta de genocidio trans”, elaborado por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans) y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS), en El Salvador las mujeres trans continúan siendo violentadas por instituciones del Estado.
Así lo confirman los resultados de un estudio realizado en 2018 en base a las denuncias de mujeres trans que reportaron que sufrieron algún tipo de discriminación y acoso de parte de instituciones estatales: el 46% en los hospitales, un 36% en la Policía, un 6% en la Fuerza Armada y alcaldías, y un 3% en las universidades.
“Doctor y enfermeros no me querían llamar por mi nombre”
Sandra N. tiene 26 años y llegó a un hospital de la red pública de San Salvador para una consulta por un fuerte dolor de abdomen, provocado por un posible tumor en el hígado: en lugar de atención profesional, recibió burlas y malos tratos de parte de los trabajadores, enfermeras y médicos. Ella es una de las muchas mujeres trans que denunciaron agresiones y discriminación, pero por temor a represalias prefiere no revelar su identidad ni más detalles.
“Cuando llegué a emergencias, el personal de limpieza se mofaba y yo con dolor revolcándome en el suelo. Después de que me atendieron, doctor y enfermeros no me querían llamar por mi nombre de mujer. Al día siguiente me ingresaron con las mujeres, pero el personal de limpieza empezó a decir a gritos que yo era hombre y una enfermera me dijo que yo no pertenecía ahí y me sacó. Yo aún estaba mareada”, relató Sandra a Presentes.
Según cuenta, cuando la llevaron al sector de los hombres, durante una noche sufrió acoso y hostigamiento. “Comenzaron a agredirme: decían que habían llevado a un maricón y que esa noche iban a dormir bien rico. Me hicieron llorar por cómo me trataron”, mencionó Sandra. “Me levanté y me fui a decirles a los doctores que me sacaran de ahí, me sentía muy acosada, y un doctor, tratándome como hombre, me dijo que si me quería ir que sólo firmara y que me fuera. A ellos les valía la discriminación”, expresó.
A pesar de que el actual gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén adoptó medidas para reducir y erradicar la discriminación en las instituciones públicas hacia las personas de la comunidad LGBTI, los cambios son insuficientes a criterio de ASPIDH.
Para las mujeres trans que participaron en la elaboración del informe, los actos discriminatorios en las instituciones del Estado responden a “fundamentalismos morales por la injerencia de grupos religiosos y por la incapacidad de los funcionarios públicos para realizar su trabajo con un enfoque de derechos humanos”.
La doctora Ana Isabel Nieto, jefa del programa nacional de ITS y VIH del Ministerio de Salud, asegura que el Gobierno creó un instrumento de denuncia a violaciones al derecho a la salud y en todos los hospitales se han creado unidades para atender las denuncias y resolverlas.
Nieto señala que los primeros lineamientos de atención en salud a personas LGBTI se hicieron en 2010 y participaron las organizaciones de mujeres trans: se socializaron los lineamientos y ellas fueron lxs facilitadorxs. “Eventualmente se dan estos casos de discriminación. El problema que tenemos es la alta rotación de personal de salud y en la Universidad no los preparan en el conocimiento de estos lineamientos. Sí hay trabajo pendiente en la atención integral a las mujeres trans, porque no hay especialistas que atiendan sus diferentes necesidades”, dijo Nieto a Presentes.
Seguridad, otro reto
Otra de las instituciones públicas con mayores denuncias es la Policía Nacional Civil con un 36%. Una de las denunciantes dijo que fue abusada, arrestada y exhibida desnuda mientras un grupo de policías la grababan con sus teléfonos.
“Fui interceptada por una patrulla con tres policías, procedieron a golpearme y robarme las pertenencias, al momento en que me defendí, fui gravemente golpeada en una ceja con la cacha de una pistola y fui amenazada que si denunciaba me llegarían a asesinar a mi propia casa”, dijo la denunciante.
La policía del país centroamericano fue conformada después de la firma del acuerdo de paz que puso fin a 12 años de una guerra civil (1980-1992), que dejó 75 mil muertos y 8 mil personas desaparecidas.
“Quisiera decirles a las asociaciones que se dará atención a los casos denunciados ya los que puedan ir sucediendo se les irá dando tratamiento más puntual, más rápido, menos burocrático en el territorio”, dijo a Presentes el subcomisionado de la policía, Ever Manzano.
Migrantes LGBT huyen de las pandillas
Un estudio previo elaborado por ASPIDH llamado “Esperando la muerte” señaló que entre 2016 y 2017 las pandillas fueron los mayores violadores de derechos humanos con un 60% de las acusaciones. Entre los delitos cometidos en contra de las mujeres trans, las amenazas son un 35%, los golpes y agresiones físicas un 19% y los asesinatos un 28%. Desde 1993, se estima que 603 mujeres trans han sido asesinadas.
Sin embargo, no hay estadísticas desagregadas para la población LGBTI ni cifras oficiales de transfemicidios: las autoridades justifican esta falencia con el argumento de que no se cuenta con una ley de identidad de género que permita identificar a las víctimas trans. El informe también señala la necesidad de que se apruebe en el Congreso una propuesta de ley presentada en 2018 que les permitiría que se reconozca la identidad de género como un elemento esencial para las mujeres y hombres trans.
José M. es un joven trans de 18 años que huyó en una de las caravanas que buscan llegar hasta Estados Unidos. Dice que decidió emigrar porque en el municipio donde vivía fue amenazado de muerte y en 2017 ya habían asesinado a tres mujeres trans: “He sufrido muchas amenazas y discriminación, donde vivo han matado a mujeres trans y travestis. Dijeron que iban a acabar con todas y lo hicieron. No sabemos quiénes las mataron. Unos dicen que fueron las pandillas, la policía o los militares, no sabemos quiénes son”, explica a Presentes.
Apostamos a un periodismo capaz de adentrarse en los territorios y la investigación exhaustiva, aliado a nuevas tecnologías y formatos narrativos. Queremos que lxs protagonistas, sus historias y sus luchas, estén presentes.