Elecciones en El Salvador: los candidatos ignoran a la comunidad LGBT+

Los principales candidatos a la presidencia del país omitieron propuestas electorales para garantizar derechos de colectivos LGBT+.

31 de enero de 2019

Por Paula Rosales, desde San Salvador

Foto: RV Pride 

A  pesar de que la población está siendo amenazada por la violencia, el desempleo y la migración forzada, durante la campaña electoral, los principales aspirantes a la presidencia de El Salvador omitieron por completo la inclusión de propuestas electorales para garantizar los derechos de la comunidad LGBT.

Sin compromiso con derechos humanos LGBTI+

El Salvador elegirá el próximo 3 de febrero al presidente que deberá gobernar el país centroamericano para los próximos cinco años. Agencia Presentes consultó los programas de campaña de los cuatro candidatos que participan en la contienda electoral : todos evidencian ausencia de propuestas de políticas de salud, trabajo, educación y seguridad. En los documentos no se encuentra ni una sola línea que refleje un compromiso específico sobre la protección de sus derechos humanos. Incluso, durante sus actividades proselitistas, los candidatos presidenciales evadieron responder sobre los derechos de la comunidad LGBT.

Unos 5.2 millones de personas están habilitadas para elegir entre tres candidatos de derecha, Nayib Bukele, de la Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA), Carlos Calleja de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Josué Alvarado de VAMOS, y uno de izquierda, Hugo Martínez del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

De acuerdo al último sondeo, publicado en enero de 2019 por la encuestadora Mitofsky, el candidato Nayib Bukele de GANA, lidera con un 57 por ciento de preferencia, seguido del candidato Carlos Calleja de ARENA, con un 31 por ciento. El tercer lugar lo ocupa el candidato oficialista del FMLN con un 11 por ciento.

“No pretendemos cambiar la ley: matrimonio entre hombre y mujer”

El plan de gobierno de Nayib Bukele no destaca ninguna propuesta hacia la comunidad LGBT. Su partido, GANA, cercano a las iglesias evangélicas de diferentes denominaciones, apoyó en 2015 una reforma para que la constitución de la república estableciera que el matrimonio es únicamente entre hombre y mujer.

“Nosotros no pretendemos cambiar la ley en cuanto al matrimonio. Nosotros creemos que el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer. Eso no quita la vida que cada quien quiera llevar”, dijo Bukele durante un foro universitario.
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Compromiso antiderechos

Mientras tanto, en el plan de gobierno del partido ARENA (en el poder entre 1989 y 2009) tiene entre sus prioridades fortalecer el modelo económico neoliberal del país. Sus propuestas resaltan un mayor control sobre los gastos del Estado y aplicar un fuerte mecanismo de transparencia después que dos de sus presidentes fueran acusados y encarcelados por enriquecimiento ilícito.

En un apartado del compromiso alude a inclusividad e igualdad en el acceso de oportunidades, pero sin especificar ni mencionar en las 250 páginas del documento a la comunidad LGBT.

Uno de los compromisos que el candidato Carlos Calleja firmó durante la campaña un compromiso con la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas de El Salvador (UNICSAL) para sustituir la actual Secretaría de Inclusión Social por la conservadora Secretaría de la Familia.

En 2009, con la llegada del FMLN al poder, la Secretaría de Inclusión Social fue la primera institución del Estado en instaurar la dirección de diversidad sexual. Este espacio se encarga de la creación de políticas públicas que garanticen los derechos humanos, económicos, sociales, civiles y políticos básicos de cualquier ciudadano y ciudadana de la comunidad LGBTI.

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Un horizonte de retrocesos

“Es alarmante que vayan a convertir la Secretaría de Inclusión Social en Familia, porque juega un rol importante. Es un ente contralor para la inclusión de las diversas poblaciones. Sustituir el mandato va a ser un retroceso importante en materia de inclusión y en materia de derechos humanos”, dijo a Presentes Bianka Rodríguez, directora de la Asociación Comcavis-trans.

En El Salvador, un país con más de seis millones de habitantes, un 80 por ciento de las personas dice profesar el catolicismo y el evangelismo. De ahí que los candidatos adopten medidas cómodas para este sector.

El partido oficial FMLN, que ha impulsado desde el ejecutivo una serie de políticas de inclusión y respeto de los derechos humanos de la comunidad LGBT, en el plan de gobierno de su candidato no define líneas específicas para la continuidad de estos programas.

La campaña electoral tampoco recogió propuestas para abordar los feminicidios ni crímenes de odio. Sólo se habla de fortalecer el aparato de seguridad. Tampoco se mencionó el derecho al aborto.

Cuáles son las demandas de la comunidad LGBTI+

Entre las demandas solicitadas por la comunidad LGBTI está la aprobación de la Ley de identidad que les permita acceso a empleo, salud, educación, respetando su orientación sexual.

Además, solicitan a los futuros mandatarios que asuman un compromiso real para contrarrestar la impunidad de los casos de homicidios y violencia, ya que en la actualidad las investigaciones no prosperan en las instituciones del Estado.

En 2018 organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de la comunidad LGBT, presentaron al Congreso un anteproyecto de ley de identidad de género, que buscaba se reconociera el derecho al reconocimiento de identidad y expresión de género. La ley aún no ha sido aprobada.

“Creo que el movimiento LGBTI debe exigir mucho más y potenciar las exigencias desde nuestra propia realidad”, dijo a Presentes, Karla Avelar.

Las próximas elecciones estarán marcadas por el descontento generalizado de la población por los dos partidos mayoritarios, ARENA y FMLN, que se han turnado en el ejecutivo sin lograr mayores avances.

Sus gestiones, que en total suman tres décadas, se han visto empañadas por los casos de corrupción en el manejo del dinero del Estado, los altos índices de homicidios y la disminución del poder adquisitivo.

 

31 de enero de 2019

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