Corría 1996 y Jackeline Romero y otras mujeres trans, travestis y cis estaban paradas en la esquina de Provincias Unidas y Casilda (Rosario, provincia de Santa Fe), cuando un grupo de policías bajaron del móvil de moralidad pública. Todas empezaron a correr para donde podían. A Jackeline la agarraron de los pelos, la golpearon y una jueza la condenó a 90 días de prisión. “Esta secuencia era moneda corriente para nosotras”, cuenta a Presentes la activista trans de Red Diversa Positiva.

Para reparar la violencia institucional que sufrió Jackeline, y cientos de trabajadoras sexuales de la provincia de Santa Fe, se presentó un proyecto que impulsa un monto equivalente al doble del mínimo de pensión vigente en esa provincia. Es una iniciativa de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) y se presentó a instancias del diputado Frente Social y Popular Carlos del Frade en la Legislatura provincial.

Para Romero se trata de una reparación fundamental porque muchas de las mujeres trans no fueron incluidas en la reparación histórica por la dictadura, “pero cuando terminó muchas seguimos sufriendo violencias. Yo tenía 14 años en el ’84 y no podía salir a la calle porque me llevaban presa por vestirme de forma diferente. Sufrí un monton de cosas que me traen recuerdos horribles. Esta ley es importantísima porque repara la violencia institucional que sufrimos y seguimos sufriendo. Aún nos persigue la policía, pidiéndonos coimas, seguimos siendo agredidas y violentadas por la policía y la comunidad”, dijo.

Según el censo realizado por el Inadi y el Indec en 2012, el 80% de las mujeres trans y travestis están vinculadas a la prostitución. Y 7 de cada 10 querrían desvinculares. Además, más del 80% sufrieron violencia policial. En América Latina la esperanza de vida de una personas trans o travesti es de 35 años y en Argentina alcanzan los 40.

La reparación económica está destinada para aquellas personas que se autoperciban como trabajadorxs sexuales y hayan sido violentadas por los nichos corruptos de la policía de la provincia, mientras estaban vigentes los códigos de falta, es decir hasta el 10 de junio de 2010, contó Del Frade a Presentes. “Las personas que denuncien la violencia institucional ingresaran en un registro que debería funcionar en la secretaria de género provincial para percibir una pensión no contributiva en carácter de reparación histórica”, acotó el legislador. Y aclaró que no será excluyente con otras pensiones como la que se otorga en el marco de la Ley Provincial 13.298. que establece el pago de una pensión mensual a las personas que acrediten haber sido “privadas de su libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles”, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

“Esta ley viene a denunciar la hipocresía que hay sobre la explotación de las mujeres. Esas mujeres llevan en el cuerpo el mapa de la hipocresía. La democracia no ha podido construir un discurso sincero sobre el grado de violencia institucional que han sufrido estas mujeres. Y es muy importante porque está en línea con tres reparaciones: con los derechos humanos, de género y de derechos laborales”, dijo Del Frade.

La titular de Anmar, Georgina Orellano contó que hay trabajadoras sexuales con más de 30 años y ahora se ven expuestas a volver a trabajar nos manifestaron la preocupación de cómo se exponen a situaciones de abuso y qué tipo de políticas podía iniciar el sindicato a nivel provincial para que haya una reparación. “Sienten que el estado provincial tiene una deuda y esta deuda no se salda solamente con la derogación de los códigos de faltas”.

El marco normativo hablita a presentar este proyecto sólo en provincias donde los códigos contravencionales están derogados. Aún están vigentes en 17 provincias. “Tenemos que trabajar fuerte para derogar esas normativas que permiten detenciones arbitrarias a las compañeras que ejercen el trabajo sexual en las calles”, dijo. Contó que trabajadoras sexuales de Entre Ríos, Buenos Aires y Santiago del estero están interesadas en conocer el proyecto y adaptarlo a las normativas provinciales y encontrar unx legislador que lo pueda llevar adelante.

“El Estado se tiene que hacer responsable. Es una deuda de la democracia reparar todo el daño que pasaron las trabajadoras sexuales”, añadió Orellano.