1 de octubre de 2018

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Por Esteban Marchand, desde Lima

Yefri Peña Tuanama es una sobreviviente trans de 41 años que busca justicia desde hace una década. En 2007 intentaron matarla y la torturaron mientras dos policías miraban la escena sin ayudarla. La semana pasada la fiscal Marcelita Gutiérrez de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima archivó su denuncia.

“Esperamos que el superior jerárquico revise la decisión de la fiscal Marcelita Gutiérrez y reabra la investigación. Además, como fiscal, Marcelita Gutiérrez ha infringido el deber de llevar a cabo de forma diligente la investigación por dos motivos principales: la reiterada ampliación de la investigación excediendo el plazo y por otro lado, formulando acusación por un delito que va a prescribir necesariamente el próximo año”, dijo a Presentes Gabriela Oporto, abogada de Promsex y quien acompaña a la víctima. Yefri, todavía con estrés postraumático, no da entrevistas a la prensa.

“Soluciona tu problema en otro lado”

Yefri trabajaba como promotora del Ministerio de Salud (MINSA) brindando educación a chicas trans que se dedicaban a la prostitución. En la madrugada del 28 de octubre de 2007 estaba en el distrito de Ate esperando un taxi para regresar a su casa y cinco hombres nunca identificados la agredieron brutalmente. Algunas de las palabras que Yefri recordaba fueron: “maricón”, “no deben existir homosexuales como tú”.

Yefri solo gritó y se cubrió el rostro. Uno de sus atacante le cortó la mejilla con una hoja de afeitar. En un descuido pudo escapar y fue a un puesto de vigilancia de la Policía Nacional del Perú (PNP). Allí estaban dos policías:

Su respuesta, según consta en la declaración, fue: “soluciona tu problema en otro lado, no te vamos a ayudar”.

“Ya déjala, ya la mataste”

Desesperada, Yefri corrió a una cantina para refugiarse pero los agresores la siguieron y la sacaron de los pelos de aquel bar. La tiraron al piso y le cortaron la espalda y el rostro con botellas de vidrio rotas. Allí optó por hacerse la muerta hasta que escuchó a uno decir: “ya déjala, ya la mataste”.

Yefri se movió antes de tiempo y uno de los agresores regresó y le cortó profundamente el labio. Todo esto frente a los suboficiales de la PNP.

Yefri fue rescatada por una patrulla de serenazgo, quienes la llevaron a un hospital del distrito de Ate. Pero incluso en el centro de salud Yefri tuvo que limpiarse sola sus heridas, que requirieron 180 puntos para suturarse. Fue dada de alta al día siguiente pero una semana más tarde entró en coma, había perdido demasiada sangre. Estuvo en estado de coma por un mes.

El largo camino para conseguir justicia

Pese a todo el trauma que le generó esta situación de violencia extrema, Yefri quería justicia. Después de salir del coma, en noviembre de 2007, junto al Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), se presentó la denuncia por el delito de abuso de autoridad contra los dos suboficiales que se negaron a ayudarla. Sus agresores materiales nunca fueron identificados debido a la pasividad de la PNP.

El 29 de marzo de 2010 se hizo historia y el Segundo Juzgado Penal de Chosica sentenció a los suboficiales a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida, la pena máxima contemplada para el delito de omisión o retardo injustificado de apoyo policial en agravio del Estado. Además, del pago de cuatro mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado.

En el proceso Yefri solo fue considerada como testigo del hecho, no como agraviada, quedando en la impunidad la violación de derechos de la que los policías fueron responsables.

Cómo siguió la causa

En marzo del 2015 Promsex y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) formularon la denuncia contra los policías ante la Segunda Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima por el delito contra la humanidad en modalidad de tortura en agravio de Yefri Peña Tuanama.

Este mes, la fiscal Marcelita Gutiérrez, después de 3 años, decidió no darle continuidad a la causa por tortura y archivar la denuncia. Para la fiscal, esto solo se trata de lesiones graves en modalidad de comisión por omisión.

Si se reabriera la investigación y se calificaran los hechos como ‘lesiones graves’ y no como ‘tortura’, el proceso judicial no terminaría antes de octubre de 2019, que es cuando prescribiría este delito.

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“Es un actuar descuidado, incluso negligente, formular acusación por un delito un año antes de que se cumpla el plazo extraordinario de prescripción”, agregó Oporto a Presentes.

Al ser consultada sobre si es esperan llevar este caso a instancias internacionales, Oporto indicó que lo están evaluando pero “es un requisito para acceder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los procesos a nivel interno se terminen”

La abogada señala que se tienen los testimonios de los serenazgos de Ate Vitarte que llevaron a Yefri al hospital y que “señalan como los policías denunciados podían ver lo que estaban pasando y aún así no hicieron nada”.