24 de agosto de 2018

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*Nota realizada en alianza con el medio uruguayo la diaria 

Foto: Mariana Greif

Uruguay tiene ley de identidad de género desde 2009 pero ésta se restringe al cambio de nombre en el documento de identidad. Hasta ahora no tiene una ley que contemple el derecho a la salud, a la vivienda y al trabajo de las personas trans. Por eso se redactó un proyecto de ley integral trans, que incluye estos derechos así como una reparación histórica para las sobrevivientes. Después de estar cajoneada, finalmente ingresó al Senado el lunes 13 de agosto entre la controversia por el artículo 17 que contempla a lxs niñxs y adolescentes y su acceso a hormonizaciones y cirugías. Después de las presiones del Partido Nacional (PN), finalmente ayer hubo acuerdo entre la bancada del Frente Amplio (que presentó el proyecto) para retirar este artículo. 

Según el Censo Nacional de Personas Trans, realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad de la República, son alrededor de 853 personas trans en Uruguay. El 90% son mujeres trans y el 10% son varones trans.

La inmensa mayoría de las personas trans son adultas: 34,7% tienen entre 18 y 29 años, 26,6% tienen entre 30 y 40 años, 19,9% tienen entre 40 y 50 años, y sólo 17,6% llega a vivir más de 50 años. Solamente 10% tiene menos de 18 años.

Manifestaciones en contra

El 13 de agosto, la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores empezó a discutir el proyecto de ley integral trans. A pedido del Partido Nacional (PN), se comenzó con la lectura de los primeros artículos, sin pasar a la votación. Ese día, mientras los senadores analizaban los primeros cinco, fuera del Palacio Legislativo un grupo de personas se manifestó en contra del proyecto.

Al día siguiente, Santiago Suárez, uno de los organizadores de la movilización, dijo en una entrevista con el programa Esta boca es mía, de Canal 12, que la población trans no “se da cuenta de la realidad de éxito y aceptación que está viviendo”. Según Suárez, esto queda demostrado porque en la actualidad hay “políticos y profesores” trans. Consultado sobre la discriminación que sufre el colectivo, aseguró: “Todos somos de alguna manera discriminados. A mí me discriminaron de chico por gordo, [además] tenía un estrabismo […] y me decían que era ‘El tuerto Virola’ […]. Hace muchos años, muchísimos años, sí había estigmatización; hoy en día no es real. Vemos los programas de televisión, te puedo nombrar cantidad de lugares [en los] que [la presencia de personas trans] es lo más normal”.

Karina Pankievich, presidenta de la Asociación Trans del Uruguay (Atru), aseguró a la diaria que no llegan a 40 o 50 las personas que podrían recibir una reparación económica, porque “la mayor parte de las chicas han muerto”.

Menores de edad

En el Parlamento hubo consenso para rever el artículo 17 del proyecto, que dice que todas las personas podrán acceder a “intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o a tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo”. En este punto se incluye a los menores de 18 años que cuenten con el consentimiento de sus responsables legales, y se establece la posibilidad de que quienes no lo tengan también accedan a esos tratamientos, apelando a un trámite judicial.

Marcos Otheguy (Frente Amplio, FA) aseguró a la diaria que la bancada de su partido está intercambiando opiniones al respecto, pero agregó que “la posición es favorable a este proyecto, eso es lo primero que hay que dejar claro”. Indicó que él es partidario de quitar de la redacción la posibilidad de que menores de edad puedan acceder a las operaciones de reasignación de sexo, porque “es un elemento que a la ley no le aporta nada y que no da respuesta a una necesidad objetiva”. “El censo que hizo el Mides dice que sólo 1% de las personas trans han recurrido a cambio quirúrgico de sexo” y que, “por otra parte, tampoco existen antecedentes de solicitudes realizadas por menores de 18 años”, alegó.

[LEE TAMBIÉN: Uruguay tiene el primer censo estatal de personas trans]

Otheguy hizo referencia a la comparecencia de representantes de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología para explicar su posición acerca de los tratamientos con hormonas. “Lo que nos relataron fue que hay una serie de protocolos que establece el Ministerio de Salud Pública y que ya se aplican. La hormonización ya se hace, con el consentimiento de los padres; por lo tanto, no hay que generar ninguna alarma”, señaló.

Según el senador, el artículo debe ser más específico en lo que refiere a los menores de 18 años, ya que a los menores de 16 no se les dan hormonas para modificar el cuerpo. “En la primera etapa del tratamiento, para permitir la maduración de la persona, lo primero que se hace es bloquear el desarrollo de la pubertad. Eso es un tratamiento reversible en cualquier momento. Es a partir de los 15 o 16 años que los endocrinólogos recomiendan una hormonización que tiene un impacto en las características corporales”, explicó. Otheguy sostuvo que hay que encontrar una redacción que defina con mayor precisión las distintas etapas, y reiteró: “No se está hormonizando a niños de 12 años para que cambien su cuerpo. Eso no pasa”.

El lunes, cuando se llevó a cabo la movilización que se opuso al proyecto, se entregaron casi 40.000 firmas de personas que lo rechazan.