21 de diciembre de 2016

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A partir del informe anual donde la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) documentó los asesinatos de seis travestis y trans, y siete gays, Presentes investigó en qué está hoy cada caso. Los resultados mostraron tratamiento dispar: unos pocos cerca de la elevación a juicio, causas archivadas, falta de pruebas y resistencia del sistema a encuadrar la figura de crimen de odio.

 
Investigación: Milva Benítez, Cecilia Devanna, Matías Máximo, Ana Fornaro y María Eugenia Ludueña
Ilustraciones: Charo Roque
De los trece crímenes de odio del año pasado que documenta el informe anual de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) -presentado a fines de noviembre- el de la activista Diana Sacayán (en octubre de 2015) fue el que ocupó más espacio en los medios. Aún así, sus familiares y compañeros de lucha de las organizaciones de la diversidad sexual, ayer cortaron las calles para pedir que la Justicia no cierre esa investigación.
“Nunca se investigan las muertes de las travestis, a la Justicia es patriarcal y heterosexista, no le interesa. Y además ¿quién las reclama?”, dijo hace poco en una entrevista a esta agencia su hermano, Sasha Sacayán, querellante. “Sería parte de la Justicia hacerse cargo de esas muertes».
Presentes investigó qué pasó en los tribunales con las muertes denunciadas en el informe de la CHA (basado en datos aparecidos en los medios de comunicación). Se trata de los asesinatos de seis travestis y trans, y siete personas gays, que muchos funcionarios judiciales aún se niegan a encuadrar como crímenes de odio.

Por qué son crímenes de odio

La CHA usó por primera vez esa definición en el 2000, a partir de un trabajo en conjunto con Amnistía Internacional: “Crímenes de odio, conspiración de silencio. Tortura y malos tratos basados en la identidad sexual”. Fue la primera vez que Amnistía Internacional presentó un informe sobre tortura en el mundo que incluyó la variable «Orientación Sexual e Identidad de Género». Entre esos casos, reportó el de Vanesa Ledesma, una travesti muerta bajo custodia en el Precinto 18 (ex-comisaría 13) de Córdoba. La justicia archivó la causa con el rótulo de «muerte natural”.  La CHA mantiene vigente la denuncia.

Informe de crímenes de odio: los asesinatos aumentaron un 85 % respecto del año anterior. – https://t.co/byubIC7jm6

— CHA Argentina (@CHAArgentina) 15 de noviembre de 2016

«La discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género se sigue expresando muy fuerte en el sistema judicial, por eso es fundamental seguir educando en la diversidad», dijo a Presentes el presidente de la CHA, César Cigliutti. La CHA y el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) realizaron en mayo de 2015 el primer curso de actualización y formación sobre crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género. «El curso ha sido un paso fundamental para dar visibilidad a los asesinatos y crímenes de odio cometidos contra personas LGTBI. Es un comienzo en un ámbito muy conservador como es el sistema judicial», dijo Cigliutti.

Aumento de la violencia machista

La CHA documentó en su último informe un 85% más de asesinatos que en 2014. «El aumento de la violencia machista se refleja en la cantidad de femicidios y también hacia nuestra comunidad LGBTI. La causa es la misma», opinó Cigliutti.
En julio de 2016, Argentina tuvo su primer juicio oral y público por el femicidio de Gimena Álvarez, una persona trans, perpetrado en la provincia de Salta en 2014, con dos acusados. «La causa está caratulada como «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, criminis causa y por violencia de género».
Seguimos trabajando para que la justicia designe a los crímenes de odio hacia nuestra comunidad por lo que son», dijo Cigliutti. Y Presentes pudo contrastar esa dificultad a la hora de analizar los casos: de los 13, son pocos aquellos donde se configuró esa figura.
Compartimos  los resultados de nuestra investigación:

Dos crímenes de odio cerca del juicio

Leonardo Acosta y José Di Pietro (Santiago del Estero, Santiago del Estero)
El carnicero, fisicoculturista y “taxi boy” Carlos Autalán, de 30 años, está imputado, y con prisión preventiva, por los homicidios de Leonardo Acosta (25), y José Di Pietro (52), ocurridos en Santiago del Estero, en agosto y octubre de 2015, respectivamente.
En un primer momento, la muerte de Acosta, en su casa el 26 de agosto de ese año, fue considerada como natural, por una enfermedad que padecía. Pero existían dudas: en la escena del crimen se encontraron manchas de sangre y una almohada demasiado cerca de la cara de la víctima. Fueron despejadas cuando, menos de dos meses después, se ordenó la detención de Autalán, acusado como autor del crimen de Di Pietro, perpetrado el 5 de octubre.
Las similares características de los crímenes  –ambas víctimas eran homosexuales, frecuentaban los mismos ambientes y fueron halladas con almohadas en sus cabezas, entre otras cosas-,  sumadas al hecho de que al momento de su detención Autalán tenía el celular que le había robado a Acosta, con el cual además fotografió el cuerpo sin vida de Di Pietro, hizo que fuera acusado por ambos crímenes.
Tras la primera indagatoria, en la que Autalán se negó a hablar, el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de IV Nominación, Miguel Ángel Moreno caratuló el hecho por el agravante de la ley 26791, que hace referencia, entre otros, a crímenes de odio, por la condición sexual de la víctima, su identidad de género, o su expresión. Actualmente, según fuentes del juzgado, el expediente por los casos está en condiciones de llegar a juicio.

Condena pero sin lugar al crimen de odio

Roberto Lucas Aricuri (ciudad de Salta, Salta)
Roberto Lucas Aricuri, de 34 años, fue asesinado por Nahuel Muñoz, de 18, en un departamento de la capital salteña, durante una reunión de amigos, en julio de 2015. Un año más tarde hubo juicio y sentencia. Muñoz fue condenado a 11 años de prisión efectiva por los jueces José Riera, Guillermo Pereyra y Mónica Mukds, quienes lo consideraron “responsable del delito de homicidio simple”. Durante el transcurso del debate la querella pidió que se lo condenara por el delito de “homicidio agravado por el odio a la orientación sexual”, pero los magistrados no hicieron lugar. En los fundamentos del fallo argumentaron falta de pruebas en ese sentido.
Los jueces también dieron por tierra con la versión de la defensa de que Muñoz acuchilló a Aricuri, en un “acto defensivo”, ante un ataque porque él se negó a tener relaciones sexuales de una forma particular. Para definir el monto de la pena, los magistrados tomaron en consideración la juventud de Muñoz, así como su adicción y su escaso nivel de educación. Señalaron como agravante que después de atacar a la víctima se alejara del lugar e intentara “ocultar elementos incriminantes”.

Para elevar a juicio oral

Claudio Cordero (Berazategui, provincia de Buenos Aires)
Claudio Cordero tenía 51 años y trabajaba como peluquero en Hudson (partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires). Fue encontrado muerto el 7 de septiembre de 2015, con varios golpes en la cabeza y vestido con pijama y pantuflas. Una vecina alertó a la policía: le parecía raro que Cordero tuviera el local cerrado.
En un primer momento, su pareja, un hombre de 25 años, quedó demorada, pero el joven fue liberado tras desestimarse su participación en el crimen.
Desde la Fiscalía Descentralizada Nro. 3 de Berazategui informaron a Presentes que hay un hombre detenido por el crimen, un “taxi boy” al que Cordera solía llamar. Ya se han reunido todas las pruebas para elevar la causa a juicio oral.
De acuerdo a los investigadores de la Coordinación Departamental de Investigaciones (CDI), las pruebas llevan a pensar que «este hombre discutió fuertemente con la víctima, lo asesinó a golpes y luego se llevó del lugar distintos objetos de valor”.  

«En 2015: asesinadas 13 personas de nuestra comunidad, 6 de ellas travestis y trans y 7 gays» @paradisosottile de la CHA en @Laoncediez

— NoSPuedeVivirDelAmor (@sepuedevivir) 16 de noviembre de 2016

Piden se juzgue como crimen de odio

Marcela Chocobar (Río Gallegos, Santa Cruz)
Marcela Chocobar tenía 26 años cuando la vieron por última vez, la madrugada del 6 de septiembre de 2015, a la salida de un pub de la ciudad de Río Gallegos. Solía ir con amigas. Una cámara registró cuando salía en un Renault 9 rojo. Tres semanas después, los rastrillajes forenses encontraron su cráneo en un baldío. Su cuerpo aún está desaparecido.
La madeja pareció empezar a desenroscarse en enero de 2016, cuando un hombre compró a precio de oferta el auto rojo donde la vieron por última vez a Marcela. El vendedor le advirtió al comprador que el Renault ya había sido allanado y “que no tenía nada que ver con el crimen”. Al comprador le extrañó el comentario y fue a la policía.
En mayo, a partir de una serie de escuchas relacionadas con el auto, el Juzgado de Instancia N° 3, a cargo de Rosana Suárez,  detuvo a tres hombres. Uno de ellos, el vendedor, quedó libre tras pagar 50 mil pesos de fianza y más tarde se le dictó la “falta de mérito”. Antes, la justicia había investigado a un ex novio y después detuvo a dos hombres de nacionalidad boliviana que tenían un auto similar al Renault rojo de la filmación, aunque esta línea de investigación quedó descartada y dilató la captura de los responsables.
“Su cráneo apareció en un descampado de San Benito, que es un barrio alejado del centro y humilde. Estaba solo el hueso y por el tiempo que había pasado es difícil que se hubiera consumido así de forma natural. Es doloroso pensarlo, pero alguien se tomó el trabajo de quitarle la carne con un filo, en esta zona es común que las personas tengan experiencia en frigoríficos y el fileteado”, contó la hermana de Marcela, Judith Chocobar.
La jueza Rosana Suárez caratuló la causa como «homicidio simple». La familia y la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de Santa Cruz reclaman que sea considerado un crimen de odio. Dos de los presuntos asesinos -Ángel Azzolini y Oscar Biott- están detenidos esperando la elevación a juicio. En sus celulares tenían agendada a Marcela como «el perro envenenado».

Los crímenes de odio crecen en todo el país. El de Marcela Chocobar no es un caso aislado: https://t.co/36WxOjCyXD #MarchaDelOrgullo pic.twitter.com/KnxrNl0HhK

— Revista Anfibia (@revistaanfibia) 25 de noviembre de 2016

A juicio por jurado

Aníbal Ibañez (Morón, provincia de Buenos Aires)
A mediados de diciembre de 2015, Aníbal Ibáñez, un pensionado de 57 años, fue hallado muerto a martillazos en su casa de Gervasio Pavón (partido de Morón, provincia de Buenos Aires). Lo habían matado a martillazos. Había sido golpeado en la cabeza, lo que provocó fractura y hundimiento de cráneo. El martillo apareció en un armario de la casa.
En el caso intervino la comisaría 4° y la UFI N° 1 de Morón, a cargo de Javier Ghezzi. Tras una investigación, se detuvo a David Springel. El hombre quedó acusado de “robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causa”. Según pudo reconstruir Presentes, la hipótesis de los investigadores es que Springel asesinó a la víctima para ocultar el robo de un celular y dos computadores portátiles, entre otros bienes.
El caso ya fue elevado a juicio, recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 6. Las partes ya ofrecieron prueba, y se realizará bajo la modalidad de juicio por jurado, probablemente el año próximo.

«El % de las personas gays asesinadas se ha triplicado comparado con 2014” @paradisosottile de la CHA con @francotorchia_ en @Laoncediez

— NoSPuedeVivirDelAmor (@sepuedevivir) 16 de noviembre de 2016

Dos hermanos acusados de homicidio

Pamela Lazzerini, Esteban Echeverría (provincia de Buenos Aires)
Antes de que su cuerpo sin vida fuera encontrado a la vera de la ruta 4, Pamela Beatriz Lazzerini convocó muchas veces a través de su Facebook a la marcha nacional de mujeres del 3 de junio de 2015. Arengó: “Ni una menos, mañana todas a la plaza de Monte Grande…que no haya más femicidios… por favor… respeten nuestras vidas…digamos basta de violencia de género”. Dos días después de esa marcha, su cuerpo fue encontrado por policías de la comisaría de Lavallol. La habían asesinado de un tiro en la cabeza.
Pamela tenía 39 años, estaba por tocar el extremo máximo de la expectativa de vida que las investigaciones (entre las recientes, la del Ministerio Público de la Defensa de Ciudad de Buenos Aires de 2016) estiman para las personas trans y travestis como ella: 40 años. Pedía desde su muro de Facebook; “¡Basta de crímenes de odio por #transfobia!¡Por una #Justicia activa, igualitaria y con compromiso social!”.
Pocas horas después de su muerte, la policía detuvo a dos hombres de 21 y 24 años. La pista surgió pronto, cuando dos personas en situación de prostitución que transitaban por la zona donde había estado la víctima, contaran que unos hombres en auto las habían amenazado de muerte, si no les daban el pago que les exigían: “A vos te va a pasar lo mismo que a Pamela”, les habían advertido.
La muerte no significó el fin de las violencias para Pamela, que al cambiar de género, se había puesto como segundo nombre Beatriz, a modo de homenaje a una hermana fallecida. Los medios, al dar la noticia de su asesinato, no solo la llamaron por su nombre de nacimiento. Algunos confundieron aquel nombre masculino, con el del posible homicida. De modo que para algunos “Pamela NN” había sido asesinada por un tal Lazzerini.
Intervino la Fiscalía 14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. En mayo, dictó la prisión preventiva de los dos detenidos, los hermanos Alejandro David y Matías Suárez, informaron a Presentes fuentes judiciales.  El 19 de diciembre de 2016, la fiscalía pidió la elevación de la causa a juicio por el “homicidio” de Pamela Beatriz Lazzerini. La defensa de los imputados interpuso un recurso ante el juzgado de Garantías Nro. 5.

Otra vez a foja cero

Laura Moyano (ciudad de Córdoba, Córdoba)
Laura Moyano era una mujer trans de 35 años, vivía en el barrio 9 de Julio de la ciudad de Córdoba. Muy querida por sus vecinos, tenía una participación activa en causas sociales de su territorio. Colaboraba en tareas comunitarias, formaba parte del grupo de Mujeres en el Centro de Salud N° 34 y cursaba la primaria para adultos en el centro vecinal. Durante el día hacía changas, casi siempre algo de trabajo doméstico. Las dificultades para acceder al mercado laboral y la falta de una política pública de inclusión laboral para las personas trans, la encontraban, por las noches, en situación de prostitución.
El 25 de julio de 2015 fue encontrada sin vida, en un baldío de Villa Allende Parque. Su cuerpo había sido brutalmente golpeado, tenía heridas en la cabeza y marcas de estrangulamiento.
Tras un año sin novedades, a fines de agosto de 2016, la fiscal del Distrito 4 Turno 4 de la ciudad de Córdoba, Liliana Copello, ordenó la detención de tres hermanos de 24, 34 y 41 años. También resultó sospechosa una joven de 15 años. En menos de un mes, después de que los cotejos de ADN dieran negativo, fueron liberados falta de pruebas firmes. El caso volvió a foja cero.

Mataron a una trans en Córdoba. A un año y medio, la justicia dice «estamos en cero». Transfobia y crímenes de odio: https://t.co/MydYQZJhIc

— cosecha roja (@cosecharoja) 15 de diciembre de 2016

Archivada por inimputable

Nievas (Las Heras, Mendoza)
Una travesti de 33 años, de apellido Nievas, fue asesinada por una adolescente con la que mantuvo una discusión durante una fiesta en el callejón Zamora, en Las Heras, el domingo 1 de marzo de madrugada. La víctima fue trasladada hasta el hospital Gailhac, pero no sobrevivió a las heridas que la chica de 15 años le provocó al atacarla con un cuchillo.
Ese mismo día, la adolescente fue aprendida en su domicilio. El caso quedó en manos de la Justicia de Menores. «Luego de valorar la prueba, efectivamente se determinó que ella había cometido el homicidio sin la participación de ningún adulto, y,  como es inimputable, se decretó el archivo del expediente», explicó a Presentes el titular de la Tercera Fiscalía en lo Penal de Menores, Gustavo Farmache. Actualmente, la adolescente está bajo la tutela de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, a través del Órgano de Administración Local (OAL).

Sin datos, sin justicia 

NN (Pablo Podestá, Tres de Febrero, pcia. de Buenos Aires)
El cadáver de una persona de aproximadamente 60 años fue hallado en su domicilio, en la localidad de Pablo Podestá, en un avanzado estado de descomposición y con signos de lesiones por acción del fuego. Oficiales de la comisaría 5.ta del partido de Tres de Febrero, confirmaron a Presentes que llegaron hasta el lugar el 7 de agosto de 2015, tras recibir la denuncia del dueño de la vivienda habitada por la víctima. El hombre, que se dedicaba a la crianza de perros, era oriundo de Bolivia. Según uno de los policías que intervino en el operativo, tras el hallazgo, se inició la búsqueda de una persona que pudo haber trabajado para el criador de perros. Se cree que mantenía una relación con él.
La causa, preventivamente caratulada como “Averiguación de causales de muerte”, recayó en la Unidad Funcional Nº 6 del departamento judicial de San Martín, a cargo de Eduardo Farber. Sin embargo, desde la fiscalía no pudieron brindar más datos sobre el estado del caso que aseguraron no tener presente y no poder rastrear a partir de los datos aportados por las fuentes policiales.

La fiscalía no respetó su identidad, los medios tampoco

Fernanda “Coty” Olmos (ciudad de Santa Fe, Santa Fe)
Fernanda Coty Olmos tenía 59 años y vivía en el barrio Alfonso de Santa Fe. Una amiga que había ido a visitarla el 28 de septiembre de 2015, la encontró muerta en su casa, junto a la cama, y avisó a la policía. Tenía varios puntazos en el cuerpo, un disparo en el pecho y una bolsa de polietileno en la cabeza.
La división Investigaciones y los fiscales de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia dijo que en la escena del crimen había un gran desorden, presuntamente provocado por la víctima en su intento de defenderse. Dedujeron que podría haberse tratado de un robo. El fiscal a cargo de la causa, Ricardo Fessia, ordenó peritajes y levantamiento de huellas.
Los conocidos de la víctima repudiaron los dichos mediáticos del fiscal, quien habló de “conflicto personal” y se refirió a Olmos con el nombre que tenía antes de hacer su transición de género, rectificada en su DNI. Muchos medios también la trataron por su identidad anterior. La causa fue caratulada como “homicidio con alevosía” pero no hay imputados.
El hecho de que la fiscalía no reconozca la identidad de Fernanda, además de impulsar la transfobia, no ayuda a investigar la pista del crimen de odio.  Sus conocidos se encargaron de dejarlo en claro ante los medios, a través de las redes sociales: ““Mal informados señores periodistas, Fernanda era una señora trans, excelente persona. Ya estamos en el 2015 con la identidad de género es una vergüenza que teniendo D.N.I femenino te sigan tratando de hombre Q.E.P.D”
 

Causa archivada por “falta de pruebas”

Francisco Rivero (Berisso, provincia de Buenos Aires)
Francisco Rivero, de 48 años, fue asesinado el 9 de marzo de 2015 en su casa, ubicada en el barrio Obrero de Los Talas, localidad de Berisso, provincia de Buenos Aires. En base a los testimonios recogidos de familiares, según se desprendió del parte oficial, Rivero vivía solo y era homosexual. El parte también menciona que a su “domicilio concurrían varias personas con los cuales la víctima llevaba a cabo encuentros sexuales”.
La policía informó que no había puertas ni ventanas forzadas, como tampoco desorden que hiciera pensar en un robo. La causa fue caratulada como “homicidio” e intervino el fiscal Marcelo Romero, a cargo de la UFI 6 de La Plata.
El 18 de agosto de 2015 la causa fue archivada «por no haber pruebas suficientes de la existencia del hecho y no poder identificar al posible autor del hecho», según dijeron a Presentes desde la Fiscalía. Al tiempo, la familia solicitó la revisión de ese archivo pero la Fiscalía General no dio lugar a la revisión.
 
Peligra la investigación
Amancay Diana Sacayán (Ciudad de Buenos Aires)
La líder del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) y secretaria de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) fue encontrada muerta el 13 de octubre de 2015. Trece puñaladas en su departamento en el barrio porteño de Flores, donde vivía con una amiga.
Uno de los autores materiales del crimen fue identificado, tal como informaron al juez instructor el Ministerio Público Fiscal -representado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro 4, a cargo de Matías Di Lello- y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) a cargo de Mariela Labozetta, que intervino para garantizar los estándares de debida diligencia en casos de violencia de género.
Los fiscales pidieron que Gabriel David Marino, de 23 años, sea llevado a juicio oral y público por travesticidio, y que se profundice además la investigación sobre otra persona detenida: Félix Alberto Ruiz Díaz.
Desde la Fiscalía y la Comisión de Justicia por Diana Sacayán, se apeló la decisión del juez nacional en lo Criminal de Instrucción Nro.33, Gustavo Pierreti, quien cerró la investigación en noviembre, elevando la causa a juicio. Para la Fiscalía y la querella, aún faltan pruebas para determinar la culpabilidad del segundo imputado y, además, podría haber otro asesino suelto.
El 20 de diciembre, hubo una audiencia de más de tres horas ante la Cámara de Apelación. Participaron la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozetta, el hermano de Diana, Sasha Sacayán, y Luciana Sánchez, la abogada de la Comisión de Justicia por Diana Sacayán. Frente a la Cámara, colectivos de la diversidad sexual cortaron la calle para pedir Justicia por Diana.
El INADI acompañó la querella mediante un escrito. Sasha, hermanx de Diana y querellante, presentó las pruebas. «Lo que se discutió frente a los jueces es la posibilidad de que la investigación siga abierta», dijo Sánchez.
“El caso de Diana es una excepción. Porque los travesticidios no se investigan. Pero esa excepción no nos la ha regalado nadie: tiene que ver con la lucha de todos y todas. Así que felicitaciones por haber llegado hasta aquí. Y seguiremos luchando hasta se condene a todos los asesinos”, expresó Martín Canevaro de 100% Diversidad y Derechos.
«Ahora tenemos que esperar que se resuelva, quedan pocos días para que se termine el año judicial. Creemos que van a resolver recién para febrero. Y esperamos que la resolución sea favorable. Necesitamos que la investigación siga abierta para esclarecer lo que pasó. Es lo que merece Diana y lo que nos merecemos todas y todos”, agregó Sánchez.
El hermano de Diana, Sasha Sacayán, querellante, tiene una certeza: “Si no impulsamos la causa de Diana, empeora la situación de todxs. Hacer justicia por Diana es seguir luchando para que la vida de las compañeras se modifique y pedir a la sociedad un cambio”.
 
 
 
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