“Esta ley es un avance sustantivo para los derechos de la comunidad trans, porque es un reconocimiento expreso de la ley a su identidad. Sin embargo, urge que cuanto antes se aprueben los reglamentos para que la ley entre en vigencia en el menor plazo posible”, dijo a Presentes el presidente ejecutivo de la Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, tras conocerse la promulgación.

Según explica Constanza Valdés, abogada, activista trans y asesora en temas de género, ahora comienza un proceso administrativo que llevará al menos cinco meses y un máximo de diez:  primero se tiene que publicar en el Diario Oficial y luego los ministerios de Desarrollo Social, Salud y también Registro Civil, tienen que dictar los reglamentos.

«Desarrollo y Salud tienen que reglamentar el acompañamiento para niñes y adolescentes que prevé la ley; y Registro Civil para arbitrar el cambio de sexo registral». Luego de eso se cuentan 120 días y entra en vigencia la ley.

Un paso más de una batalla que sigue

“Uno de los desafíos principales que queda por delante es la puesta en marcha del programa de acompañamiento de menores de 14 años, los cuales no quedaron incluidos dentro de la legislación y que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social; esperamos que las organizaciones seamos invitadas a su elaboración”, agregó Pi.

En el mismo sentido, el vocero del Movilh, Rolando Jiménez sostuvo: “Es un paso adelante en la calidad de vida de la población trans. Sin embargo, tiene dos grandes omisiones: que se deja afuera a los menores de 14 años y se obliga a las personas casadas, mayores de 18, a divorciarse”.

Para Valdez, los pendientes son muchos: desde la inclusión de niñes menores de 14 años, temas de derechos económicos, sociales y culturales hasta cuestiones de discriminación. «Esto va a necesitar otra ley y será una cuestión de años. Por lo tanto las variables se complejizan, en especial porque probablemente vaya a haber otro gobierno y hay altas posibilidades de que sea otro gobierno de derecha», agregó.